Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
El militar en situación de retiro, César Noguera, interpuso un incidente de competencia por declinatoria, para que el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, no conozca el proceso penal del Caso por Genocidio en contra de la población indígena Ixil, durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García, en el cual está ligado a proceso.
El recurso legal se interpuso en la judicatura aludida el 4 de marzo y según indicó el abogado del sindicado, Mario Cuevas, se presentó porque el juzgador “carece de esa competencia legítima para conocer el presente asunto”.
De esa manera, el profesional indicó que el Artículo 7 del Código Procesal Penal detalla que “nadie podrá ser juzgado, condenado, penado o sometido a medida de seguridad o corrección, sino por los tribunales designados por la ley, antes del hecho de la causa”.
Cuevas manifestó que los acontecimientos por los que está señalado su defendido ocurrieron en 1982 y que los juzgados de Mayor Riesgo fueron instituidos en 2009, por lo que una judicatura de alto riesgo, como la de Gálvez, no puede conocer este proceso penal.
“Tiene que ser un juzgado común. ¿Por qué? Porque desde este momento estamos violando la garantía del debido proceso”, argumentó el abogado, quien agregó que la normativa acerca de las judicaturas de alto impacto no tiene carácter procesal y es “eminentemente sustantiva”.
Según la representación de Noguera, en 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC) consideró que el principio de juez natural constituye una garantía integral del debido proceso, y que supone la existencia de órganos judiciales preestablecidos de forma permanente por la ley.
“Se tutela a través de este principio la prohibición de crear organismos ad hoc, es ex post facto -después del suceso- y aquí se nos está pretendiendo juzgar en estos órganos (de Mayor Riesgo) después de los hechos”, explicó el profesional.
Si bien para hoy estaba programado el inicio de la audiencia de etapa intermedia por este caso para Noguera, como también para Benedicto Lucas García y Manuel Callejas, Gálvez decidió suspender la diligencia y será mañana cuando resuelva el incidente de competencia por declinatoria interpuesto.
HECHOS
En esta carpeta judicial el Ministerio Público (MP) indica que los señalados estuvieron involucrados en acciones en contra de los pobladores de la comunidad indígena maya Ixil de los municipios de San Gaspar Chajul, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, del departamento de Quiché.
El ente investigador les atribuye de forma conjunta la comisión de al menos 31 masacres durante el desarrollo del Conflicto Armado Interno, que duró en el país 36 años.
