Imagen de archivo del ciudadano ruso Igor Bitkov durante una de las audiencias en Torre de Tribunales. Foto: La Hora.

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

El ciudadano ruso Igor Bitkov recibió un nuevo revés en el Caso Migración, luego de que la Sala Segunda de Mayor Riesgo decidiera no otorgarle un amparo a su favor, por lo que las actuaciones legales llevadas a cabo durante su juicio mantienen validez.

El condenado por el mencionado expediente judicial alegaba que al inicio de su segundo debate el 5 de diciembre de 2018, aún estaban pendientes acciones legales por resolverse, por lo que el Tribunal de Mayor Riesgo “D” no podía comenzarlo.

Dichos recursos se habían interpuesto en contra de actuaciones del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, dirigido por la jueza Erika Aifán, quien lo envió a juicio tras diversas dificultades con la Sala Tercera de Apelaciones, la cual había otorgado un amparo a favor del ruso.

Si bien Bitkov argumentaba que no podía iniciar su juicio, en virtud de lo anterior, el Tribunal de Mayor Riesgo “D” rechazó dicho razonamiento, decisión sobre la cual devino el amparo que no aceptaron los magistrados de la mencionada Sala.

De haberse declarado con lugar el amparo del señalado, el juicio corría el riesgo de que este se anulara regresando las diligencias del proceso según las resoluciones que se emitieran en los órganos jurisdiccionales, no obstante, tras el rechazo de la acción legal el debate mantiene validez.

CASO

Las pesquisas del Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecen que el ciudadano ruso, junto con su familia, compró documentos falsos a una estructura criminal.

En ese contexto, el Tribunal de Mayor Riesgo “D” declaró que Bitkov utilizó desde el 2009 documentos irregulares para permanecer en el país, determinando que él no fue víctima de trata de personas, ya que no fue explotado por persona alguna y sus recursos económicos no eran precarios.

Por esa razón dicha judicatura, presidida por Sara Yoc, resolvió que tenía que ser condenado a cinco años de prisión inconmutables por los delitos de supresión y alteración del estado civil, asimismo, lo sentenció a dos años por el delito de uso de documentos falsificados, pero estos quedaron suspendidos.

De momento, la condena que recibió el ciudadano ruso aún no se encuentra firme, debido a que no se ha agotado el proceso de impugnaciones, razón por la que se encuentra gozando de libertad.

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