Por Cristian Velix
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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, interpuso una actividad procesal defectuosa, por la manera en la que el juez Mynor Moto manejó la audiencia en la que se pidió que reabriera una denuncia en su contra, por hechos ocurridos en el marco del Caso Odebrecht.
Antes de que el togado, quien dirige el Juzgado Tercero de Instancia Penal, conociera la petición de la Fundación Contra el Terrorismo para que no se desestimara la denuncia en contra de Sandoval, el fiscal interpuso una recusación para separarlo del proceso, sin embargo, Moto la rechazó.
En esa línea, el juzgador indicó que elevaría ese recurso a la Sala Cuarta de Apelaciones y que serían los magistrados de esa instancia los que decidan si continúa conociendo o no dicha causa penal, pero no suspendió la audiencia.
En ese contexto, Sandoval explicó que el juez le dio trámite a la recusación planteada, pero lo hizo conforme a lo establecido en la Ley del Organismo Judicial, la cual detalla que, una vez recusado un juez, deberá elevar las actuaciones a la Sala y no podrá practicar acto procesal alguno, salvo aquellos que fueran urgentes.
“En este caso no había ninguna urgencia, lo hemos visualizado, por ejemplo, con el hecho de que vaya a resolver hasta la segunda quincena de febrero”, argumentó el investigador.
De igual manera, el fiscal refirió que no se cumplía ese extremo y que este se puede dar cuando una persona está privada de libertad o son temas relacionados con la salud, pero en esta situación esos supuestos no se dieron y él no debió continuar con la audiencia.
La actividad procesal defectuosa deberá conocerla inicialmente el Juzgado Tercero de Instancia Penal y de declararse con lugar, el juzgador deberá suspender la audiencia del 19 de febrero próximo hasta que el órgano jurisdiccional superior determine si sigue en el caso.
DENUNCIA
En la citación del otro mes, el juez deberá decidir si reabre una querella que se interpuso en contra de Sandoval, por supuestas irregularidades en la firma de convenios con la empresa brasileña Norberto Odebrecht, esto por el expediente judicial abierto en Guatemala por la supuesta entrega de sobornos de esa empresa, para ser beneficiada con un contrato millonario de obra pública en el país.
Esa demanda fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo, la cual alega que hubo anomalías, por ejemplo, en la firma de tres acuerdos de colaboración eficaz, aunque la Fiscalía de Asuntos Internos la desestimó, la organización aludida busca que esta siga investigando.
