Por Cristian Velix
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El exdiputado Armando Escribá podría haber incurrido en cuatro delitos, según una nueva línea de investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el Caso Construcción y Corrupción, en donde el excongresista está señalado.
Inicialmente, dicha unidad de investigación indicó que el exlegislador presuntamente cometió los ilícitos de concusión y fraude, pero con los nuevos indicios de investigación, se unirían a estos los delitos de lavado de dinero u otros activos, así también el de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
Por esa situación la FECI entregó ayer un conjunto de copias a los abogados de Escribá, con los cuales sustentan las pesquisas por estos dos últimos delitos, mismos que estarían relacionados con la adquisición de aeronaves de parte del exparlamentario.
Esa nueva posibilidad fue investigada por la Fiscalía aludida, luego de que el exdiputado perdiera su antejuicio el 20 de diciembre del año pasado, situación que en su momento limitó las indagaciones de esa sección investigadora.
COMPETENCIA
Si bien la FECI cuenta con más indicios en contra de Escribá, el ex funcionario público interpuso ayer un incidente de competencia, esto para que se determine qué juzgado debe conocer su expediente judicial, por lo que no se pudo conocer en detalle los nuevos hechos ilícitos que se le señalan.
Respecto a ese incidente, el exdiputado manifestó que existe una carpeta judicial abierta en su contra en el Juzgado Noveno de Instancia Penal, a cargo de la jueza Silvia Morales, por lo que existe duda de si debe conocer su proceso esta última judicatura o el Juzgado de Mayor Riesgo «D», dirigido por la jueza Erika Aifán, quien tiene a su cargo el Caso Construcción y Corrupción.
De esa manera, Aifán decidió suspender la audiencia de primera declaración para el excongresista, misma que estaba pautada para ayer, y programó para el 5 de febrero próximo la audiencia en la que resolverá el recurso presentado por Escribá.
CASO
Las investigaciones preliminares indican cuando el exdiputado fue director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) benefició con contratos de obra pública a empresas con las que tenía relación. Esa unidad está adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
En ese contexto, las pesquisas explican que él pudo aprovecharse de su cargo para que se le adjudicaran contratos estatales a las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., cuyos convenios suman de forma conjunta alrededor de Q194 millones.
