Por Cristian Velix
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El Tribunal Octavo de Sentencia Penal, presidido por Oly González, dio inicio al juicio en contra del expresidente del Congreso, Pedro Muadi, y otras treinta personas, quienes están acusadas en el Caso Plazas Fantasma.
Inicialmente la judicatura había declarado en rebeldía a Amílcar José Bracamonte Chilín, implicado en este proceso, debido a que no se presentó a las 8:30 horas para el inicio del debate, a pesar que ya había sido notificado que hoy se realizaría la diligencia judicial.
No obstante, el Tribunal decidió dejar sin efecto su propia resolución, ya que el sindicado se presentó a la judicatura dos horas después y los jueces argumentaron que, por economía procesal, permitiría que él se uniera al juicio que ya había comenzado.
En este proceso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) sostiene que entre el 2013 y 2015, Claudia Bolaños Morales, como administradora única de la empresa Productos y Servicios y Equipos S.A., la cual era propiedad de Muadi, tenía firma registrada en 30 cuentas a nombre de trabajadores del Congreso.
Dichos empleados del Legislativo no se presentaron a trabajar a la institución, sin embargo, devengaron sueldos de entre Q7 mil y Q20 mil, con cargos como secretarías ejecutivas, asistentes administrativos, técnicos operativos y guardias parlamentarios.
