Por Cristian Velix
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La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidirá si revoca o mantiene el beneficio para el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, como también para el abogado César Franco y sindicalistas, acerca de la resolución de que el proceso en contra de ellos debe resolverse en un juzgado laboral y no en uno del ramo penal.
Será dicha instancia de la CSJ la que disponga si sostiene o anula la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones de trasladar a un juzgado de Trabajo y Previsión Social el caso en el que están señalados los aludidos, por supuestas irregularidades en la firma del Pacto Colectivo en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
No obstante, la Fiscalía Contra la Corrupción busca que el proceso penal continúe diligenciándose, por lo que ya interpuso el recurso de casación con el que pretenden que se revoque la resolución de la Sala, y será dicha acción legal la que entre a conocer la Cámara Penal.
Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP), hubo anomalías en la firma del Pacto Colectivo en el MSPAS, entre estas la inclusión ilegal de un Reglamento de Viáticos, además de no tener un contrato administrativo para César Franco, quien se benefició por la suscripción del convenio con Q14 millones.
Sin embargo, la Sala referida indicó que, si bien la persecución penal en este expediente judicial deriva de la firma del Pacto Colectivo, primero debe dirimirse el proceso laboral que existe previamente y en donde la Procuraduría General de la Nación (PGN) demandó que se declaré sin validez, entre otros aspectos, el tema del Reglamento de Viáticos y el pago de honorarios para César Franco.
Esta resolución que benefició a Villavicencio y demás implicados fue firmada por el magistrado Jaime González y las magistradas Beyla Estada de Brito y Edith Pérez.
