Por Cristian Velix
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha entrado a conocer el proceso de retiro de antejuicio planteado en contra del diputado Armando Escribá, a pesar de que tiene dicho expediente desde hace dos meses.
Marcado por un conjunto de retrasos, el diputado no ha podido ser investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por su posible vinculación al Caso Construcción y Corrupción.
Dicha unidad de investigación del Ministerio Público (MP) interpuso la solicitud de que se le quitara la inmunidad al legislador en septiembre del año pasado, por aparentemente cometer los delitos de concusión y fraude.
Si bien, la máxima corte del Organismo Judicial (OJ) le dio trámite en su momento a ese requerimiento, Escribá entrampó el mismo en la Sala Segunda de Mayor Riesgo con diversas acciones.
De ese órgano jurisdiccional fue nombrado Harold Ortiz como juez pesquisidor, quien citó en varias oportunidades al parlamentario, sin embargo, no asistió aduciendo padecer de enfermedades como bronquitis aguda y rinosinusitis severa.
Asimismo, el diputado pidió que Ortiz fuera separado de conocer las pesquisas con las que debía elaborar un informe y señalar si se le recomendaba retirar la inmunidad, ya que tenía una “enemistad severa” con el magistrado.
Esto último sucedió en junio de este año, pero la CSJ resolvió mantener en el caso al juez pesquisidor casi un mes después, para que en agosto pasado Escribá finalmente compareciera en la Sala mencionada y presentara sus pruebas de descargo por los señalamientos en su contra.
De momento se desconoce si Ortiz recomendó que se le levantara el antejuicio al congresista, pero el proceso se ha demorado poco más de un año, aunque al no lograr la reelección como diputado, Escribá podrá ser investigado cuando entregue el cargo el próximo 14 de enero.
El legislador fue uno de los que presentó enmiendas a la Ley de Aceptación de Cargos, aprobada ayer en el Congreso, que benefician a procesados por delitos como lavado de dinero y corrupción con la rebaja de penas de hasta un 50 por ciento.
SEÑALAMIENTOS
Las pesquisas detallan que el congresista pudo haber beneficiado a empresas con las que tenía relación cuando era funcionario en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi). Según las investigaciones, Escribá apoyó la suscripción de cuatro contratos con dos empresas que suman de forma conjunta la cantidad de alrededor de Q194 millones.
