Por Cristian Velix
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La expresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, fue trasladada a un centro asistencial privado de la zona 2, luego que el Sistema Penitenciario (SP) señalara que sufría de quebrantos de salud. El Juzgado de Mayor Riesgo “A” autorizó su ingreso al hospital.
El envío de la ex primera dama al centro médico se dio por padecer de prisión alta y continuará en el mismo hasta que su salud se estabilice, aunque la judicatura indicó que se oficiará al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que determine su estado médico.
Esta es la segunda ocasión en la que Torres sale de Mariscal Zavala por problemas de salud, ya que el 2 de octubre ella también fue trasladada a un sanatorio para que se realizara una evaluación médica, esto por padecimientos cardíacos.
En esa ocasión su estadía en el hospital se extendió por una semana, luego que el SP también recomendara su traslado y que la judicatura lo aprobara, pero posteriormente un informe del Inacif explicó que ella no ameritaba seguir hospitalizada y regresó a la cárcel.
Desde que inició su proceso penal, cuando fue detenida el 2 de septiembre pasado, los abogados de la excandidata a la Presidencia han manifestado que ella ha sido afectada por algunas dolencias como neuralgia, hipertensión arterial, como también malestares en la muñeca izquierda.
PROCESO PENAL
La jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, resolvió el 16 de octubre pasado que Torres debía continuar en Mariscal Zavala y ser procesada por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, por el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la que fue integrante y aspirante a la primera magistratura del país.
A criterio de la juzgadora, Torres probablemente pudo haber cometido esos ilícitos, en un expediente judicial que está a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en el que también participó en las pesquisas la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Entre los hechos de los que se señala a la expresidenciable se encuentra que presuntamente consintió aportes por casi Q6 millones, los cuales fueron recibidos por la UNE, pero no fueron registrados. Dichos aportes se dieron entre abril y julio de 2015, cuando ella era Secretaria General de esa agrupación política, indican las averiguaciones.
Para cumplir ese objetivo, la FECI sostiene que la ex primera dama delegó a la diputada Karina Paz y los empresarios Gustavo Alejos y Mario Leal la tarea de captar a personas individuales y jurídicas para que hicieran los aportes, que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
