Por Cristian Velix
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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) remitió un informe al Juzgado de Mayor Riesgo “A”, cuya titular es la jueza Claudette Domínguez, indicando que la excandidata a la Presidencia, Sandra Torres, no amerita seguir hospitalizada.
Según el dictamen elaborado por la mencionada organización, la ex primera dama del país tiene un estado de salud estable, esto luego de que Torres permaneciera por casi una semana en un centro médico privado.
El documento del Inacif se entregó en el marco del vencimiento del plazo que dicha judicatura le otorgó a Torres para que estuviera fuera del Centro de Detención Mariscal Zavala, por problemas cardíacos, no obstante, será Domínguez quien decida si al final ordena que ella regrese a esa prisión.
Fue el jueves anterior cuando se supo que el Sistema Penitenciario (SP) había enviado una recomendación a dicho juzgado, para que Torres fuera ingresada a un centro asistencial y, posteriormente, Carlos Morales, vocero del SP, confirmó la salida de Torres de la prisión indicada.
Antes de que fuera internada temporalmente, la defensa de la exaspirante a la primera magistratura del país pidió en el Juzgado de Mayor Riesgo “A” que ella no se quedara en la cárcel por afecciones como neuralgia, hipertensión, además de dolencias en la muñeca izquierda.
RESOLUCIÓN SE APROXIMA
Para el 16 de octubre próximo está programada la audiencia en la que Domínguez decidirá si Torres es ligada a proceso, por los señalamientos que pesan en su contra por el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) requirió a la jueza que la expresidenciable sea procesada por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. En esta investigación también intervino la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En ese contexto, las pesquisas explican que Torres consintió aportes para la UNE por un monto de Q5 millones 664 mil, los cuales se dieron en el 2015, cuando ella era Secretaria General de la mencionada agrupación política. Los mismos presuntamente no se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Asimismo, las averiguaciones detallan que Torres delegó y autorizó que Mario Leal (exvicepresidenciable de la UNE en 2015), al empresario Gustavo Alejos y a la diputada Karina Paz, para que realizaran la captación de los aportes.
