Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
Dos Salas de Mayor Riesgo confirmaron acciones promovidas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dentro del Caso Construcción y Corrupción, esto en referencia a acuerdos de colaboración eficaz y ratificación de procesos penales para implicados.
En ese contexto, la Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó cinco acuerdos de colaboración eficaz, firmados entre la Fiscalía y Juan Arturo Jegerlehner Morales, Julio Porras Zadik, Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, Carlos Francisco Goyzueta Valladares y Jesús María Ordóñez Jop.
De esa manera, dichos convenios continúan vigentes, luego de que la mencionada judicatura rechazara tres recursos interpuestos en contra de esos acuerdos suscritos con los señalados en ese expediente judicial.
Por otra parte, la Sala Primera de Mayor Riesgo ratificó que Oscar Augusto Guerra Villeda y José René Campo Hinojosa deben enfrentar proceso penal, ellos solicitaban que se extinguiera la persecución penal, ya que se había vencido la fecha para llevar a cabo esta última.
Anteriormente, la jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, en donde se diligencia dicha carpeta judicial, determinó sin lugar ese recurso interpuesto por Guerra Villeda y Campo Hinojosa, situación que fue apelada por ellos, la cual fue finalmente rechazada por la Sala Primera de Mayor Riesgo.
CASO
Las investigaciones realizadas por la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan que, durante la administración de Alejandro Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) se pagó un conjunto de sobornos a cambio de la cancelación de deuda de arrastre de parte de esa cartera del Estado.
En esa medida, las pesquisas explican que para ello se utilizó un conjunto de empresas de cartón, que funcionaba como una “ventanilla especial” a empresarios de la construcción, para que posteriormente se les cancelara la deuda o nuevos proyectos.
Por otra parte, indican los entes investigadores, en el marco de esas averiguaciones se determinó el ingreso de dinero a entidades comerciales que tenían vínculos con Sinibaldi, actualmente prófugo de la justicia, y cuyo propósito era financiar campañas electorales en 2011 y 2015.
