Por: Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
Mientras en el Congreso de la República las propuestas para modificar el Decreto 32-2016, Ley de la Carrera Judicial, continúan su curso y ya han avanzado en su primera lectura, estas son consideradas como una regresión en el tema de carrera e independencia judicial, según expertos consultados.
La normativa vigente busca el fortalecimiento del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) en cuanto a acciones que este ente puede tomar en referencia a jueces y magistrados, mientras que divide funciones jurisdiccionales de las administrativas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, las reformas que se discuten en el Legislativo establecen, por ejemplo, que el presidente del Organismo Judicial (OJ) tendrá a su cargo la dirección del Consejo y la alta Corte del Organismo Judicial la potestad en torno a los ascensos y traslados de jueces y magistrados.
Lo promovido actualmente por los diputados se da luego que se intentara realizar la designación de magistrados de la Corte de Apelaciones y de la CSJ, proceso que se detuvo por un conjunto de irregularidades que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó subsanar en un amparo provisional otorgado al magistrado Noé Ventura Loyo y a la Fundación Myrna Mack.
Además, se discuten en un contexto en la que hacen falta las evaluaciones para los integrantes de la Carrera Judicial, por la inexistencia del reglamento necesario para hacer las calificaciones, según la legislación vigente, un requisito indispensable para aquellos jueces y magistrados que deseen aspirar a integrar alguna Corte de Justicia del país.
CONGRESO ESTÁ DISPUESTO A MANIPULAR LEYES A SU “ANTOJO”
Respecto a este tema, Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas, indicó que este Congreso está dispuesto a manipular las leyes a su “antojo”, para evitar cumplir una resolución de la CC, además de la responsabilidad que no haya un reglamento y no se haya cumplido con las evaluaciones es del CCJ y de la máxima corte del OJ.
“En este momento se ve que al Congreso no le interesa que las personas sean correctamente evaluadas, sino simplemente continuar con su negociación en favor de la impunidad, para nombrar a los magistrados que ya se habían apalabrado”, agregó Montenegro.
Según el activista, las reformas que están saliendo del Legislativo son regresivas y buscan reducir los pocos avances que se han dado en materia de la carrera judicial.
Consultado si se podría afectar a la carrera judicial de modificarse en el Congreso la autonomía de su Presidencia, Montenegro dijo que sí, ya que supedita mucha de la independencia judicial a la CSJ y hace que la misma pueda ejercer presión hacia los jueces independientes, quienes en estos “momentos políticos” están manifestando muchas vulnerabilidades.
“Sobre todo, en el caso de Miguel Ángel Gálvez y Erika Aifán, que son los jueces más incómodos para la Corte Suprema, porque no están fallando en defensa de los corruptos, que es algo que quiere hacer la CSJ”, añadió el profesional.
Asimismo, Montenegro comentó que el CCJ es, en buena medida, el responsable de todas estas anomalías y que ellos tienen acuerdos con los diputados, además de que son parte de “esta cooptación del Estado” y subrayó que “el Consejo de la Carrera sí tiene una alianza con el Congreso en estos momentos”.
“Llamo a la población para que esté atenta a esto, a que nos manifestemos, no podemos permitir que se dé otro Pacto de Corruptos como se está dando, porque ellos quieren nombrar Cortes vinculadas al crimen organizado, que van a venderle impunidad a todo el mundo”, afirmó el integrante de Alianza por las Reformas.
FOTO LA HORA
“En este momento se ve que al Congreso no le interesa que las personas sean correctamente evaluadas, sino simplemente continuar con su negociación en favor de la impunidad, para nombrar a los magistrados que ya se habían apalabrado”.
Álvaro Montenegro, Alianza por las Reformas.
ES PREOCUPANTE QUE SE QUIERAN HACER ESTAS REFORMAS
Por su parte, Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), expresó que las reformas que se están planteando en el Congreso implicarían un retroceso “muy grande” sobre “los pocos avances que ha habido en materia de carrera judicial”, asimismo, que es preocupante que a estas alturas y dentro de un proceso de selección de magistrados se quieran hacer estas modificaciones.
“Presumiblemente se dan con la intención de liberar el proceso, para eventualmente agilizar la selección de dichos funcionarios; el riesgo que vemos es que, por querer atender una situación de coyuntura, muy relevante porque es la elección de autoridades de uno de los organismos de Estado, se adopten reformas que trunquen hacia futuro los pocos avances que han existido en la materia”, explicó el abogado.
En esa medida, el experto dijo que sería un retroceso que cuestiones administrativas vuelvan a la CSJ y que se debe tener presente que, en el último intento de reformas constitucionales, era uno de los elementos fundamentales (división de funciones administrativas de las jurisdiccionales de la alta Corte del OJ), para fortalecer la independencia judicial y el querer revertir lo poco que se ha avanzado, tendría un impacto negativo en la administración de justicia, advirtió.
“Uno de los grandes riesgos que ha existido es que, si el poder está concentrado, el poder administrativo en la CSJ en relación con nombramientos, designaciones y demás, eso puede constituirse en una herramienta de presión o de premio para jueces y magistrados, que no necesariamente aseguren que las decisiones judiciales sean tomadas en total independencia”, manifestó Hurtado.
En cuanto al Consejo de la Carrera Judicial, el Secretario Ejecutivo de ASIES expuso que este es responsable ante la ley y que tiene la obligación de realizar la evaluación de desempeño, porque la norma así lo establece y también por la reciente resolución de la CC (sobre la orden de que las realice).
“Podrá tener muchas debilidades, pero al final es un fallo que debe acatarse; en nuestra opinión, el Consejo debe realizar la evaluación, incluso sin que la CSJ le apruebe el reglamento que ellos están presentando”, agregó el analista.
En esa medida, Hurtado dijo que el CCJ tiene que realizar la medición de desempeño independiente o paralelo al proceso de aprobación de reglamento y que se debe tener presente que la ausencia de una norma, sobre todo de rango reglamentario, no puede ser justificativa del incumplimiento de un mandato legal o constitucional.
FOTO LA HORA
“Uno de los grandes riesgos que ha existido es que, si el poder está concentrado, el poder administrativo en la CSJ en relación con nombramientos, designaciones y demás, eso puede constituirse en una herramienta de presión o de premio para jueces y magistrados, que no necesariamente aseguren que las decisiones judiciales sean tomadas en total independencia”.
Pablo Hurtado, ASIES.
