Por CHRISTIAN GUTIÉRREZ
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El abogado Alfonso Carrillo presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el cual busca que se deje sin efecto el Acuerdo 12-2019 mediante el cual el Congreso de la República creó una Comisión Específica de Investigación para verificar el actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y sus funcionarios.
Carrillo presentó esta acción fundamentándose en las violaciones constitucionales en las que incurrió el Congreso estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, y también en la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad 35-2007.
“De acuerdo a estas bases, si bien es cierto la Constitución -artículo 171 inciso m) -le otorga al Congreso la facultad de crear comisiones, esta potestad se circunscribe a los asuntos que atañen a la administración pública, y adicionalmente a la Comisión Específica de Investigación se le otorgan facultades que son propias, únicas y exclusivas del Organismo Judicial, como lo son la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado”, argumenta el amparista.
Asimismo, indicó “cabe destacar también que esta Comisión tendría la facultad de investigar y determinar la comisión de delitos, cuando esa función pertenece únicamente al Ministerio Público y no puede ser delegada a ningún otro organismo del Estado o autoridad”.
Liderados por el diputado Felipe Alejos y el presidente del Congreso, Álvaro Arzú, 82 diputados aprobaron el pasado martes la creación de una Comisión para investigar a la CICIG, de los cuales muchos de ellos están involucrados en casos de corrupción.
Según Carrillo, la Comisión Específica creada por el Legislativo también busca verificar el actuar de aquellos jueces y magistrados que estuvieron a cargo de los casos en los que la CICIG coadyuvó en la investigación.
