Carlos Martínez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), en conferencia de prensa el pasado 19 de septiembre, se expresó a favor de fusionar la entidad con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), lo cual “mejorará la gestión de las áreas protegidas”.
Sus declaraciones han provocado una reacción adversa dentro del personal de la institución respecto a la creación del «Superministerio de Ambiente». Además, se conocieron dos informes emitidos por el Consejo Directivo de la entidad al Congreso previamente en los que no se pronuncia a favor de la iniciativa.
Junto a colectivos ambientalistas RECHAZAMOS el paquete de leyes con las que Giammattei quiere destruir los bienes naturales del país.
Nos oponemos al Superministerio (6054), la Ley Perenco (6021) y toda iniciativa que entregue nuestros recursos para el beneficio de unos pocos. pic.twitter.com/qYRnVvvyFy
— Ligia Hernández Gómez (@ligiaiveth26) September 5, 2022
A este rechazo también se unió el Centro de Estudios Conservacionistas de la Usac, así como organizaciones ambientalistas de sociedad civil (ambas forman parte del Consejo Directivo de Conap), quienes exigen que se archive esta propuesta.
Esto ante el silencio del sindicato y del secretario ejecutivo de Conap, quien evitó pronunciarse con La Hora, luego de las reacciones que provocaron sus declaraciones.
LA INICIATIVA
La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso dio dictamen favorable a la Iniciativa 6054 el pasado 12 de septiembre. Esta propuesta dispone situar bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a cinco instituciones de competencia ambiental.
En respuesta, personal de Conap ha circulado un documento en el que manifiestan su indignación ante las declaraciones de Martínez, no respaldan su decisión y exigen su renuncia.
Además, piden que les aclare de qué manera beneficiará técnica, política y socialmente esta fusión, porque hasta el momento no ha habido diálogo al respecto.
También exponen que no se contempla a los más de 900 trabajadores del Conap que quedarán sin sustento y sin considerar los efectos directos que sufrirán las áreas protegidas que están bajo su cuidado.
PIDEN NO APROBAR LEY
Aunque el documento carece de firmas, a lo interno de Conap se confirma que es auténtico, pues a este rechazo se añade un reciente video publicado por el medio Noticias al Dia (Petén), en el que trabajadores como Juan Carlos Rodas, manifiestan su descontento, ante la incertidumbre de su contratación de darse la aprobación de dicha iniciativa.
La iniciativa del "Superministerio" ha generado diversas reacciones y La Hora le ha dado seguimiento desde hace varias semanas. Aquí te lo resumimos: pic.twitter.com/dvpxoB6KIm
— Diario La Hora (@lahoragt) September 5, 2022
“No nos han informado nada, nos han tomado en cuenta. Nuestra preocupación es que unas 900 personas pudieran verse afectadas directamente. Queremos que nos informen qué pasará con nosotros. Pedimos que se derogue la iniciativa pues no han visto el impacto con el medio ambiente, como con el personal”, expone Rodas.
«Pedimos al Congreso que debieron analizar esta propuesta, el MARN no ejecuta su propio presupuesto. Van a terminar dando todo en concesiones», comenta Rodas, quien considera que deben unirse para tomar medidas más drásticas y ser escuchados.
SILENCIO DEL SINDICATO Y SECRETARIO
El sindicato de Conap no ha emitido postura. Además, La Hora solicitó declaraciones del secretario de la institución, pero indicaron que de momento no emitirán opinión al respecto.
CAMBIO DE POSTURA
Fuentes a lo interno de Conap, confirmaron a La Hora la existencia de dos oficios (abril y mayo) donde el Secretario Ejecutivo de Conap envía el 27 de abril de 2022 un documento de 21 páginas al presidente de la Comisión de Ambiente del Congreso, Erick Martínez, en la que expone la resolución del Consejo mediante acta del análisis legal y técnico de esta iniciativa.
En resumen, consigna que no existe claridad de cómo se ejercerá la función administrativa relacionada a los servicios que por mandato legal ha realizado el Conap como entidad estatal.
El 19 de mayo, Martínez presenta un segundo oficio al presidente de la Comisión para reiterar la ampliación del análisis indicando que la iniciativa “pudiera tener viabilidad, siempre y cuando sea atendido todo el contenido del análisis aprobado mediante la resolución referida”.
En septiembre, se observa el cambio de postura del secretario ejecutivo de Conap.
RECHAZO DEL CECON Y OENEGÉS
Tanto el Centro de Estudios Conservacionistas de la Usac y organizaciones de sociedad civil ambientalistas, manifiestan que esta postura no los representa ni refleja al órgano colegiado integrado por diferentes sectores representados en el Conap.
Dentro de los argumentos que piden considerar es el voto favorable en el informe técnico-jurídico presentado por el Conap al presidente de la Comisión de Ambiente del Congreso.
Destacan que sustituir al Conap como órgano máximo de dirección en las áreas protegidas representa un “grave retroceso” en la participación de socios estratégicos en la coadministración de las áreas protegidas y elimina mecanismos de control.
También que “al concentrar el poder de decisión en un solo ministro sobre todo nuestro patrimonio natural, incrementaría los riesgos de discrecionalidad, politización, clientelismo y corrupción con sus respectivas consecuencias”, indicaron por medio de un comunicado.
Carlos Maldonado, representante titular de CECON, y Mercedes Barrios, representante suplente, Yovani Alvarado, de la asociación Utz Che’ y representante titular de alrededor de 20 oenegés ambientalistas que forman parte del Consejo Directivo de Conap y Miriam Monterroso, directora de ARCAS, (asociación civil de protección de animales silvestres) representaron a las organizaciones que dijeron no a la 6054.
“Rechazamos las declaraciones del ministro de Ambiente, Mario Rojas y la del secretario ejecutivo del Conap, Carlos Martínez. Estamos abiertos al diálogo y a las propuestas para desarrollar y fortalecer la institucionalidad ambiental en Guatemala”, expresó Alvarado.
“Nos preocupa que no se escucha al pueblo. No es un movimiento de los ambientalistas, es un movimiento de Guatemala porque los recursos naturales son nuestros y los diputados se deben al pueblo, y el pueblo dice que no”, comentó Monterroso.
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