La Asamblea Social y Popular de Guatemala (ASP), la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej, Acción ciudadana y #JusticiaYa solicitaron, invitaron a sumarse a la movilización del próximo 11 de agosto en la ciudad de Guatemala. Foto: La Hora

La Asamblea Social y Popular de Guatemala (ASP), la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, Acción ciudadana y #JusticiaYa solicitaron, por medio de un comunicado, marcar su repudio a un gobierno de mafia y corrupción, por lo que invitaron a sumarse a la movilización del próximo 11 de agosto en la ciudad de Guatemala, para exigir en forma pacífica por “el fin de este gobierno”.

El grupo expone cómo “el Pacto de Corruptos ha logrado consolidar la captura del Estado, al punto de violentar flagrantemente los derechos fundamentales de nuestros pueblos y de cualquier persona que se oponga a la corrupción”.

Exponen una serie de motivos que han dejado al descubierto la crisis ocasionada por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei que van desde los negocios con las vacunas debido a la pandemia, así como los estados de Calamidad, aumento de pobreza y alto costo de la vida que han demostrado la incapacidad del gobierno para conducir el país.

Cuestionan cómo mientras varias personas acusadas de corrupción caminan impunemente protegidos por decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC) o de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contraste con la celeridad y despliegue de fuerzas de seguridad utilizados en la captura del periodista José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico.

A esta crisis continuada, el colectivo añade el reciente proceso electoral para elegir al rector de la Universidad de San Carlos (Usac), espacio que “el pacto de corruptos desea tomar con fraude y represión”.

LAS DEMANDAS

Por lo anterior, el colectivo plantea seis exigencias básicas.

1. Acciones económicas serias y objetivas para reducir el costo de la canasta básica.

2. Renuncia de Walter Mazariegos como rector de facto y repetición del proceso de elecciones en la Usac.

3. Desconocimiento de Giammattei como presidente de la República.

4. Renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche, encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

5. Respeto a la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento y liberación inmediata de todos los presos políticos.

6. El cese de la criminalización de fiscales, jueces probos, periodistas y defensores de los derechos humanos.

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