La Iniciativa de ley 6054 dispone situar bajo una única rectoría -técnica, financiera y administrativa- al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para lo cual propone integrar a cinco entidades de competencia ambiental: el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (Ocret) y las autoridades de las cuencas de los lagos de Amatitlán, Guatemala y Atitlán, Sololá.
Además, existen dos autoridades para el manejo de cuencas, Lago de Izabal y Río Dulce (AMASURLI) y Lago Petén Itzá (AMPI) las cuales desde septiembre del 2021 operan bajo la rectoría del Viceministerio del Agua del MARN.
A pesar de que este es un proyecto promovido por el ministro Mario Rojas Espino, del partido oficial desde que asumió la presidencia Alejandro Giammattei, dos años y medio después la iniciativa se encuentra en discusión en la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso. La propuesta fue presentada desde marzo pasado por seis diputados ponentes, entre ellos Shirley Rivera, presidenta del Legislativo.
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— Diario La Hora (@lahoragt) June 18, 2022
Un análisis de la rectoría financiera estima que, de llegar a aprobarse esta iniciativa, significaría para el MARN pasar de un presupuesto vigente de Q236.2 millones durante este 2022 (con un 27% de ejecución a la fecha), a uno en el que de integrar las cinco entidades ambientales propuestas, lo triplicaría hasta un estimado que supera los Q646 millones, según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) del Ministerio de Finanzas.
Una cifra similar estimada de Q500 a Q600 millones, aparte de la Cooperación Internacional, es lo que apunta el diputado Erick Martínez, presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso.
Según el legislador, desde fines de marzo se ha dedicado a recoger opiniones y socializar con diferentes entidades técnicas y ambientales para determinar la viabilidad de esta propuesta de ley. “Hemos visto deficiencia de muchas organizaciones que han dado su postura negativa, pero carecen de un marco jurídico y legal”, indicó.
Aunque todavía no se tiene un dictamen, Martínez aseguró que buscan independencia y se han tomado el tiempo para aportar una respuesta técnica y jurídica. De momento, adelantó que está en contra de integrar al INAB en esta iniciativa pues es una entidad semiautónoma con una trayectoria de 20 años en programas forestales y su labor no es competencia del MARN.
UN PRESUPUESTO TRIPLICADO
La iniciativa 6054 ha sido descalificada por grupos ambientalistas y la Cámara del Agro, al considerarla un retroceso en la descentralización, un desbalance en la toma de decisiones y con serias debilidades en la gobernanza.
“Significaría asignar el triple de presupuesto a un ministerio cuya capacidad de ejecución actual es deficiente”, opina el diputado Luis Fernando Pineda, de Movimiento Semilla, a una iniciativa que denomina “leyes de impunidad ambiental”. Esto porque añade la Iniciativa 6055 para eliminar sanciones a una serie de violaciones en materia ambiental.
Pineda asegura que tiene conocimiento de presiones para la Junta Directiva del Conap, que en principio tuvo dictamen negativo, pero debido a la presión de la mayoría de integrantes, modificaron el dictamen indicando que no tienen inconvenientes.
Además, teme que la iniciativa, que no se ha discutido desde el pasado 20 de abril, pueda salir con las firmas necesarias para ser aprobada por mayoría en el pleno.
LOS MAYORES RUBROS
El presupuesto vigente de cada entidad ambiental, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Minfin.
• Q124.1 millones: CONAP
• Q20.6 millones: OCRET.
• Q58.3 millones: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del lago de Amatitlán.
• Q10 millones: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del lago de Atitlán y su entorno:
• Q609 mil 717.20: Autoridad para Manejo de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (AMASURLI).
• Q968 mil 708.80: Autoridad para el Manejo y Desarrollo de la Cuenca del Lago Petén Itzá (AMPI).
SIN RESPUESTA
Por su parte, el MARN no ofrece despejar dudas acerca de la proyección presupuestaria, bajo el argumento de que la iniciativa no ha sido aprobada.
“Además, establece un período de transición administrativo, financiero y legal, donde están implícitos ajustes presupuestarios, proceso en el que participarán los entes pertinentes conforme a la ley”, explica Yesenia Enríquez, asesora de comunicación social y protocolo. Se solicitó hablar con el ministro Mario Rojas, pero no respondió los mensajes.
DISCRECIONALIDAD MILLONARIA
Más allá del presupuesto, existen renglones dentro del presupuesto que dan lugar a la discrecionalidad en el manejo de negocios, explica una fuente técnica que pide no ser citada.
El INAB, con un presupuesto de Q217.3 millones para este año, maneja fondos importantes en tres programas que representan el 82% de su presupuesto. Estos son: Fomento al programa de bosques: Q112.9 millones; el programa de fomento a la competitividad e inversión forestal: Q22.6 millones y por último, el de fortalecimiento a la participación social para la gobernanza y cultura forestal con Q42.5 millones, de acuerdo con la página del Sicoin del Ministerio de Finanzas.
Con los incentivos forestales existe una repartición de dinero indiscriminada, pero hay trazabilidad por la certificación. Se dieron cuenta que al trasladarlo al MARN, hay un motivo económico que les permita ampliar los fondos presupuestarios.
“Podrían hacer más flexibles las normas de adjudicación de estos, con el riesgo de echar a perder las certificaciones”, comenta.
Si actualmente el INAB audita bien, con años de ensayo y error, con la nueva no tendrán tantas restricciones ni límites en este programa, advierte.
En el caso de las autoridades para el manejo de cuencas específicas de lagos y ríos, se puede solicitar ampliaciones de fondos para ejecución de obras. Por ejemplo, AMPI pide ampliación presupuestaria para programas de saneamiento.
Considera que con el CONAP por duplicidad de funciones se podrían ahorrar de Q10 millones a 20 millones más para ejecución, lo cual sería positivo para el MARN.
En el caso de OCRET, más allá del dinero de funcionamiento, el interés se dirige hacia las licencias de arrendamiento, muchas de estas son terrenos en la orilla de la playa, puntos turísticos que han dado lugar a que gente del crimen organizado compre los derechos en forma masiva, los cuales después lotifican o ponen revender los derechos de arrendamiento.
Por su parte, Martínez considera que el próximo mes podría darse un dictamen y están viendo los últimos detalles.
“No le puedo adelantar, pero como Comisión aportamos aspectos técnicos y legales. No se trata de un superministerio, es un compromiso del ministro de Ambiente asumir la rectoría de todas estas instituciones. Pero no podemos cometer errores, de lo contrario ya habría pasado esta iniciativa”, afirma el diputado de UCN.
