Luego de dos meses y medio de la firma del controversial contrato entre la Compañía Desarrolladora Ferroviaria S.A. (Ferrovías) y la empresa mexicana Remed, S.A. que dio luz verde al proyecto del Ferrocarril Bicentenario, se desconocen los avances de la obra en su primera etapa en San Marcos, en donde “ni un solo piochazo” se ha dado, según una fuente que pide no ser citada, aunque circula el rumor de que el próximo 5 de abril, Ferrovías tendrá una actividad para el lanzamiento del proyecto.
Según el contrato firmado el pasado 14 de enero, se autoriza el arrendamiento de bienes inmuebles para la rehabilitación de la vía férrea de la División Pacífico, por un tramo de 235 kilómetros de la frontera de Tecún Umán, San Marcos con Puerto Quetzal, Escuintla.
En este negocio, Remed se compromete a invertir US$700 millones para el desarrollo y ejecución del proyecto, en un plazo de arrendamiento para un periodo de 26 años. El precio del arrendamiento que la cuestionada empresa mexicana deberá pagar a Ferrovías es un porcentaje mensual de 4.5% sobre los ingresos brutos derivados de la explotación comercial, según la minuta de este contrato.
A los señalamientos de varias voces por tratarse de un negocio oscuro e ilegal del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, se añaden otras falencias, como la confidencialidad del contrato, acción que se hizo 10 meses antes de la firma de este.
A la falta de transparencia se suma el procurador General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado, quien se ha negado a hacer público el contrato firmado con el argumento de que Ferrovías figura como empresa mercantil, a pesar de que el Estado de Guatemala es propietario del 81.1% de las acciones de Ferrovías.
La PGN informa que ha requerido este año la copia del documento a través de tres oficios, pero no la recibe porque aún no se encuentra debidamente inscrito, “de manera que hay que esperar la materialización de dicho acto administrativo, tal como lo regula el artículo 1129 del Código Civil, según lo manifestado por el administrador único y representante legal de Ferrovías”, dijo al responder un cuestionario una semana después de enviado.
SIN PRESUPUESTO PARA DESALOJOS
Los desalojos de la vía férrea parecen ser el talón de Aquiles de este contrato, como lo evidenció esta semana el diputado Osmundo Ponce Serrano, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y miembro de la bancada URNG-Maíz, quien citó a tres funcionarios con el objetivo de conocer cuál es el plan habitacional previsto para apoyar a las familias que viven en inmediaciones de la vía férrea del primer tramo vial.
Se estima que hay cerca de 20 mil familias de distintas comunidades lingüísticas mayas, quienes llevan varios años de vivir en las inmediaciones de la vía férrea, según el diputado.
Por tal razón, el congresista se reunió con el Interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), Augusto Ponce Barrientos; la viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Cristina Lemus Alvarado; y el viceministro de Transporte del CIV, Héctor Aldana.
La asociación de Coordinadora Nacional de Asentamiento de Línea Férrea Aconalfer anunció amenazas de desalojo de familias que residen en él área y solicitaron la asignación de 5 millones para poder adquirir una vivienda al momento de ser desalojados.
?: José Orozco/LH pic.twitter.com/48YB9fRDxP
— Diario La Hora (@lahoragt) January 17, 2022
RESPALDO LEGAL
En la minuta del contrato firmado en enero de este año, en el artículo V, inciso f. se indica: enviar oportunamente los avisos por invasiones, cuando corresponda, a Fegua para que proceda de conformidad con lo establecido en el contrato 402 cláusula 12, inciso E. Fegua se obliga a solucionar el problema derivado de la invasión de algunos inmuebles o de parte de estos, o derechos de vía, objeto del presente contrato, por parte de terceros”.
Añade que “esto implica que LA USUFRUCTUARIA -Ferrovías- no será parte en ningún momento en los procesos judiciales de desalojo que se han iniciado o que en un futuro se inicien por parte de FEGUA en contra de dichos invasores; en consecuencia es y será FEGUA y en ningún caso LA USUFRUCTUARIA la que asuma toda la responsabilidad de solucionar los conflictos que por invasiones existan al momento de entrega de los bienes inmuebles objeto del presente contrato”.
Resultado de la citación, el congresista estableció que Fegua no tiene recursos para hacerse responsable de este compromiso, porque su presupuesto de Q775 mil está destinado al pago de nómina de personal 022. El fondo para la Vivienda también tiene un presupuesto limitado, tal como cita el columnista Menocal, también asesor de Ponce.
Por tanto, se concluyó que el contrato ferroviario no es viable, puesto que carece de planificación, de presupuesto y las autoridades desconocen los términos del contrato y tampoco hay coordinación entre ellos. “Es un contrato perverso, con una empresa sin experiencia en ferrocarriles en México”, comentó el diputado.
ALCANCES
La problemática del desalojo pudiera ser el punto más sensible del proyecto Ferrocarril Bicentenario, porque de no concretarse esta parte, Remed podría argumentar daños y perjuicios y demandar por esto al Estado de Guatemala, asegura Ponce.
Una amenaza que podría repetirse, tal como sucedió en 2017 cuando durante el gobierno de Jimmy Morales, el empresario estadounidense Henry Posner III, presidente de Railroad Development Corporation (RDC) ganó una demanda de arbitraje internacional, luego de seis años de litigio, en contra del Estado de Guatemala por US$14.6 millones por el caso Ferrovías.
