“Apenas aguanté a caminar. Me hicieron mucho daño. Me empezó la hemorragia que corría como si fuera río, por todas las violaciones que sufrí por toda esa gente de Xococ”. Este y otros fueron parte de los testimonios narrados por primera vez ante un tribunal 40 años después por un grupo de mujeres Achí, en Rabinal, Baja Verapaz, víctimas de aquellos abusos.
Debieron pasar cuatro décadas hasta que el lunes 24 de enero el Tribunal de Mayor Riesgo A, dictara sentencia de 30 años de prisión contra cinco expatrulleros militares, al ser encontrados culpables por las agresiones sexuales contra mujeres Achí durante 1981 a 1983 en varios pueblos de Rabinal, durante el Conflicto Armado Interno.
Los abrazos y las lágrimas tras conocer el fallo fueron más simbólicos aún. “Me siento tranquila porque la jueza escuchó nuestro testimonio que hemos sufrido. Comenzamos la lucha desde 2011, tenemos 10 años de lucha y tenemos que seguir buscando la justicia. Es una obligación que nos devuelvan todo lo pasado. Que los familiares no nos sigan amenazando”, expresó una de las víctimas.
Encontrar justicia, aunque sea mucho tiempo después es solo una muestra de la impunidad en general en el país, pero en particular en el que miles de mujeres en Guatemala no corren con la misma suerte.
La violencia sexual constituye un problema histórico, social y cultural de grandes dimensiones que afecta principalmente a mujeres y niños. Cada año, las instituciones documentan miles de casos, cada año van en incremento el número de víctimas.
Los datos, esos números fríos que tanto pesan nos muestran una realidad que golpea al sector que es mayoría en un país en el que sigue imperando el machismo.
En este sentido, tres instituciones aportaron las siguientes estadísticas, de enero a diciembre de 2021.
El Ministerio Público (MP) contabilizó un total de 9,469 mujeres agraviadas el año pasado. Los departamentos con mayor incidencia fueron: Guatemala (2,119 casos), Huehuetenango (911) y Alta Verapaz (894).
En el mismo período, el informe de evaluaciones médicas por delitos sexuales del INACIF contabiliza 7,983 casos, de los cuales el 91% son mujeres. En los menores de 0 a 14 años (niños y niñas) representó el 52% de los diagnósticos realizados. Es decir, 11.36 violaciones diarias.
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) registró durante un total de 11,185 denuncias por violencia sexual.
SENTENCIAS REDUCIDAS
En promedio, el INACIF reporta 22 violaciones diarias, el 91% de los casos son mujeres, el 52% corresponden a menores de 0 a 14 años.
En cuanto a las sentencias, la SVET reportó un total de 4,083 denuncias de este tipo ingresadas al Organismo Judicial durante el 2021, pero apenas se lograron 1,149 sentencias, que equivale a un 28.1%. Sin embargo, no significa que corresponda al total de denuncias, porque muchos juicios pueden venir de años anteriores.
Las estadísticas del MP muestran una brecha menor en el caso de sospechosos de agresión, al registrar un total de 795 personas detenidas, de los cuales la mayoría fueron en Guatemala, San Marcos y Alta Verapaz. Mientras que las sentencias por violación fueron 562 casos, menos de la mitad reportado por la SVET. Los departamentos con mayores registros fueron: Guatemala, Quetzaltenango y Suchitepéquez.
MAPA DE LA VIOLENCIA SEXUAL
La violencia sexual afecta principalmente a mujeres y niños, en el rango de 0 a 14 años. Los autores de estos hechos son en su mayoría hombres (96%); jóvenes entre los 15 y 19 años.
El incremento de este tipo de denuncias puede observarse en el último quinquenio, según los reportes anuales del Inacif. En 2017 más de 8 mil denuncias representaron una incidencia de 22 casos diarios; al año siguiente aumentaron a 8,157 casos; siguió en aumento en el 2019.
Se redujo la cantidad de denuncias en el 2020, debido al confinamiento, pero reputó a lo largo del 2021 con un promedio de 21.8 casos diarios, que equivale a 1.1 mujeres es víctima de violación en el país.
Existe una tendencia al incremento de denuncias durante la última década, así como de casos atendidos en los sectores de justicia y salud.
Los departamentos con mayor incidencia en 2021 de casos son Guatemala, Huehuetenango y Alta Verapaz, con un 52% de las víctimas son de origen ladino. El nivel educativo, socioeconómico o situación laboral de las mujeres víctimas no registra diferencias relevantes, detalla el estudio Diagnóstico de la problemática de la violencia sexual en Guatemala, de Alina Ramírez Martínez, elaborado por un programa de la Unión Europea (2018).
La magnitud de este problema puede medirse, en forma parcial, por la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015, con la salvedad que no registra violencia sexual en menores de 15 años, tampoco define modalidades. Sin embargo, reporta que el un 8.6% de mujeres entre 15 y 49 años, informaron ser víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida. Esto representa 347,811 del total de mujeres en ese rango de edad, según el estudio de Ramírez Martínez.
VICTIMARIOS Y PODER
La cultura patriarcal normaliza esta violencia como un mecanismo de sometimiento del cuerpo y voluntad de las mujeres. Además, situaciones de desventaja social son parte de los determinantes de esta violencia, explica la experta.
Esa desventaja puede existir en relaciones de poder entre víctima y victimario, que se da por diversos factores, como la superioridad en edad o por fuerza física de quien agrede; por su poder económico o político; el uso de armas, por pertenecer a un grupo, o por representar a una figura de autoridad para la víctima.
“La mayoría de las veces este poder se expresa en forma coerción, es decir, en forma de presión o amenaza de violencia, para forzar una conducta o un cambio de voluntad. Esta presión puede ser tácita o explícita y no siempre se requiere de la aplicación de la fuerza física directa para imponer el poder”, de acuerdo con el blog de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa.
En Guatemala, durante el Conflicto Armado Interno la violencia sexual fue utilizada como arma y estrategia de guerra; se estima afectó a unas 30 mil mujeres, especialmente indígenas. Los casos de Sepur Zarco y el reciente de las mujeres Achí dan cuenta de este crimen en el que “en muchas víctimas predominó el silencio, la impunidad y el estigma social”, según Ramírez Martínez.
NO ES NO
Otro caso que ejemplifica la condición de impunidad es el de una ciudadana estadounidense que fue víctima de violación por parte del exalcalde de Aguacatán, Huehuetenango, Selvin Omar Villatoro Recinos. El crimen ocurrió en 2018, cuando la víctima tenía 23 años y llegó a colaborar como voluntaria de una organización internacional en esa municipalidad.
“Entonces lo veía como máxima autoridad”, dijo la víctima. La violación se dio luego de una fiesta en que ambos terminaron ebrios, pero Villatoro Recinos se aprovechó de esta situación y en medio de la confusión y el reiterado no de la joven, le fue imposible contra la fuerza del victimario.
El caso tipificado como violación con agravación de la pena, no logró sentencia condenatoria, sino más bien la clausura provisional del proceso por parte del Juzgado de Femicidio de dicho departamento. Los abogados litigantes consideran que a pesar de las pruebas presentadas, los vínculos políticos han obstaculizado la sentencia condenatoria contra Villatoro.
Julia María Arias es abogada especializada en derechos sexuales y reproductivos en el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), con sede en Huehuetenango y conoce el caso de la joven estadounidense. “Nada justifica. Puedo estar en la cama con mi novio, pero si yo ya no quiero, no es no. No importa si sea estando ebria o sobria. Todo cambiaria si tan solo se respetara esto”, afirma. De manera que esta es una de las razones por las que el sistema no se da abasto para atender a tantas víctimas.
Además, aclara que las sentencias emitidas durante el 2021 corresponden a casos de años anteriores, no a las denuncias presentadas ese año, pues en promedio el proceso tarda alrededor de dos años.
El Decreto Ley 9-2009 Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas crea el marco legal para los delitos de violencia sexual. Este impone penas por violación de 8 a 12 años. En cambio, el delito de agresión sexual impone penas de 5 a 8 años.
REPARACIÓN DIGNA
En la última década se han logrado avances en esta problemática, como la creación de un marco legal especializado desde 2008, con la aprobación de la Ley de Femicidio (Decreto 22-2008), los juzgados especializados, así como una serie de instituciones que han permitido visibilizar la magnitud del problema y atenderlo; aunque las brechas en prevención y reparación todavía sigue siendo un pendiente.
Por otro lado está el desfase entre la cantidad de denuncias y sentencias emitidas, lo que denota la impunidad de estos delitos, subraya Ramírez Martínez.
Victoria Maldonado es directora de proyectos en OSAR y sobreviviente de violencia sexual. Tiene una trayectoria de 13 años como trabajadora social, acompañando a víctimas con un apoyo integral, tanto en la búsqueda de justicia como de una sanación mental digna.
“La reparación va más allá de lo económico, sino más bien en la salud mental, es lo más difícil de superar. Las niñas deben recobrar la confianza, continuar su proyecto de vida”, expone. “La terapia te ayuda a sanar el corazón, a mejorar actitudes y comportamientos, pero el subconsciente no. La alteración del sueño es una constante”, asegura
Considera que la mayor debilidad para lograr sentencias condenatorias lo atribuye al MP, en la recolección de pruebas e investigación del caso. Por tanto, es importante que los diferentes actores en estos casos respondan; se trabaje en prevención y educación en escuelas y universidad; se afiance el apoyo familiar y comunitario y especialmente despejar mitos no superados.
En una finca perdida de Alta Verapaz una niña de 13 años tuvo un parto de gemelas. Pese a la denuncia, el agresor no fue detenido. Cuando al fin logran su detención, lo liberan por falta de pruebas. Ella poco entiende por qué le creció el estómago ni de procesos judiciales. Ahora teme por su vida y la de su familia. Ella es una más de las 2,041 madres entre los 10 y 14 años que en 2021 fueron víctimas de violación.
