Luego de bloqueos, la quema de una parte de las instalaciones del Congreso y expresar amenazas, un grupo de exmilitares mantienen su rechazo al Decreto 51-2022 aprobado por 99 diputados, por lo que presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad, señalada de estar integrada por magistrados afines al oficialismo.
La acción es contra el presidente Alejandro Giammattei para que no la sancione.
Ahora la decisión de mantener el resarcimiento para ellos en Q36 mil o impedir su entrada en vigencia, queda en manos de los magistrados designados por el oficialismo.
EL PERFIL DE LA CC
La decisión que tome la CC puede generar diversas reacciones, dependiendo a quienes de las partes involucradas de la razón.
Con el recurso presentado, los representantes buscan que el mandatario no pueda sancionar, promulgar y publicar el Decreto y con ello frenar que entre en vigencia la ley que les otorgaría Q36 mil a cada exmilitar, insisten en el pago de los Q120 mil que solicitaron por los servicios prestados en el Conflicto Armado Interno.
En contexto a la acción presentada, es clave recordar que la administración de Giammattei mantiene el control de la Corte de Constitucionalidad (CC), Ministerio Público (MP), Contraloría General de Cuentas (CGC), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y hasta la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), validaron analistas en un reportaje reciente de La Hora.
Los trabajos se realizarán a partir de este 24 de octubre. Aquí los horarios de circulación: https://t.co/ecYJtk9Id8
— Diario La Hora (@lahoragt) October 23, 2022
Los magistrados titulares son:
Dina Ochoa, designada por el Congreso, recordada por sus votos en la pasada magistratura disidentes de las resoluciones contrarias al presidente, Jimmy Morales.
Roberto Molina Barreto, designado por la Corte Suprema de Justicia, excandidato a la vicepresidencia por el partido Valor junto a Zury Ríos; también respaldó la resolución que anuló la sentencia de genocidio contra Efraín Ríos Montt (+).
Leyla Lemus, exsecretaria general del presidente Alejandro Giammattei, designada por el Ejecutivo y recordada por acompañar a citaciones al Congreso a Miguel Martínez, cuando fingía como titular del Centro de Gobierno.
Héctor Hugo Pérez Aguilera, designado por la Universidad de San Carlos al anularse la elección de Gloria Porras; también apoyó la resolución a favor de Ríos Montt.
Néster Vásquez Pimentel, designado por el Colegio de Abogados y Notarios, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, enfrentó un proceso de antejuicio por el caso Comisiones Paralelas 2020 y fue incluido por Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos.
Magistrados Suplentes:
Luis Rosales, designado por el Congreso y exdiputado del partido Valor de Zury Ríos. Además, fue legislador del FRG de Ríos Montt.
Claudia Paniagua, designada por el CANG, señalada de ejercer la defensa de autoridades municipales en el caso contra Delia Bac.
Juan José Samayoa, designado por el Presidente de la República.
Rony Eulalio López, designado por la Usac, exsecretario general de la fiscal general, María Consuelo Porras.
Walter Paulino Jiménez, designado por la Corte Suprema de Justicia.
RECUERDAN PROMESA CON OTROS VETERANOS
En 2019, el presidente Alejandro Giammattei prometió en campaña electoral aprobar la ley de dignificación a los exmilitares si lo apoyaban, sin embargo, continúa sin ver aprobada la iniciativa 5664 que les otorgaría los Q120 mil a cada veterano.
Durante un mitin político en ese año dijo: “el que promete y no cumple no merece llamarse hombre. Yo sé que ustedes me van a ayudar a mí, si este Gobierno no pasa la ley de dignificación que la deberían pasar este gobierno, nosotros la vamos a impulsar (…) yo como presidente del país voy a ir al frente y ustedes como comandante general del Ejército a pararnos frente al Congreso hasta que pase la ley”.
Y agregó “nosotros hoy nos comprometemos con usted, con nuestros comandos y con nuestras familias, pero queremos que también cumpla con nosotros porque si no un día sabrán la fuerza de los exmilitares”.
SOBRE LA LEY APROBADA
Los diputados del Congreso aprobaron el miércoles 12 de octubre la iniciativa 6073 “Ley Temporal de Desarrollo Integral”, la cual dispone beneficiar a los veteranos militares para que reciban un pago de Q36 mil cada uno.
Con 99 votos a favor, 15 en contra y 46 diputados ausentes se aprobó la ahora ley a favor de los veteranos militares, pese a actos de violencia que encabezaron algunos de estos grupos.
La propuesta contempla que para hacer efectivo el pago mensual de Q1,000 por tres años a cada exmilitar, deben formar parte de un “Programa de Desarrollo Integral”, que consiste en trabajos de reforestación, protección y/o conservación de bosques para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica en tierras estatales; limpieza para la conservación, protección y mantenimiento ambiental, clasificación de desechos y reciclaje, entre otras actividades.
INICIATIVA QUE EXIGEN APROBAR
La iniciativa que los exmilitares insisten en que sea aprobada fue presentada a dirección legislativa el 19 de noviembre del 2019 por los diputados Ana Victoria Hernández Pérez –del Parlacen– y Felipe Alejos Lorenzana, ambos del partido Todos, Dicha propuesta fue conocida por el pleno del Congreso el 3 de febrero de 2021.
Por ello, la iniciativa fue trasladada para su análisis y aprobación de las Comisiones de Derechos Humanos, Finanzas Públicas y Moneda y Defensa Nacional, hasta el momento ninguna de esas salas legislativas ha dictaminado.
En el artículo 10 señala que el Ministerio de la Defensa Nacional será la entidad responsable de la administración y ejecución de la presente compensación económica, por medio del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el cual otorgaría Q120 mil a cada veterano que se dividirá en Q30 mil durante 4 años.
UN AÑO DE LA QUEMA DEL CONGRESO
El 19 de octubre se cumplió un año desde que exmilitares ingresaron a la fuerza al edificio del Congreso, causando destrozos y un incendio en el parqueo al prender fuego a varios vehículos estacionados, cuando manifestaban por la aprobación de la iniciativa que les darían los Q120 mil.
Hasta ahora la responsabilidad de lo sucedido no ha sido esclarecida por el Ministerio Público (MP), además la Junta Directiva (JD) del Congreso tiene total indiferencia por este caso, pues continúan a la espera que la aseguradora cubra los daños, los cuales tampoco han sido cuantificados.
Durante la manifestación de hace un año, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a cuatro de los cientos de manifestantes que provocaron los disturbios este martes en el Congreso; al día siguiente fueron puestos a disposición del Juzgado de Turno el cual decidió ligar a proceso a los cuatro sindicados.
Por el delito de terrorismo y depredación contra el patrimonio fue ligado a proceso Juan Parachico; en tanto, Mynor de Jesús Barrientos por terrorismo y atentado; Telésforo Ramírez y Ernesto Martínez fueron procesados por la supuesta comisión del delito de terrorismo.
La Hora consultó al Departamento de Comunicación del MP sobre el avance de los casos, el cual indicaron que la investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad de las Personas y que el juzgado programó la audiencia de etapa intermedia para el 12 de enero de 2023.
Antes de presentar el amparo ante la CC, los exmilitares informaron que volverán a manifestarse con bloqueos en las diferentes carreteras del país. La medida se ha vuelto una constancia y una estrategia que han seguido a modo de presión para lograr su objetivo.
