Pese a opiniones en contra de diputados de oposición, la iniciativa 6120 “Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos COVID”, avanzó en primer debate durante la quincuagésima primera sesión ordinaria, el cual propone que la Superintendencia de Bancos sea el ente fiscalizador de los programas otorgados por la emergencia COVID-19, que otorga préstamos con intereses blandos a personas individuales y jurídicas aprobados.
Recientemente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresó su preocupación por el avance acelerado en el proceso de aprobación de la iniciativa de ley y advierte que la misma dejaría fuera de la fiscalización al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
El diputado Samuel Pérez expreso que la iniciativa 6120 parece irrelevante pero es peligrosa porque busca que más de Q6 mil millones que se aprobaron durante la pandemia y la CGC no fiscalice ese dinero.
— Diario La Hora (@lahoragt) August 24, 2022
DIPUTADOS SE PRONUNCIAN EN CONTRA
Previo a darle trámite a la iniciativa, diversos diputados de oposición se pronunciaron en contra. El diputado Samuel Pérez de la bancada Semilla, expresó que la iniciativa 6120 parece irrelevante pero es peligrosa porque busca que los fondos que se aprobaron durante la pandemia y la Contraloría General de Cuentas (CGC) no fiscalice ese dinero.
«Como diputados pedimos que nos rindieran cuentas en CHN acerca de dónde se iba este dinero y nos dijeron que no nos podían dar esa información por secreto bancario», indicó Pérez. «Esto es inaceptable y ridículo porque además es dinero público, precisamente lo que está pasando es que con esta iniciativa van a legalizar la corrupción y la opacidad», señaló.
El diputado Edwin Lux expresó que la iniciativa pretende legalizar el saqueo del país. «Esta iniciativa nefasta para el pueblo de Guatemala va a proteger algunos pocos que se enriquecieron durante el tema COVID y el dinero que les fue extraído de sus impuestos», añadió.
La diputada Sonia Gutiérrez de la bancada Winaq indicó que estaba en contra de la iniciativa 6120, ya que tiene una dedicatoria especial y es favorecer a los bancos del sistema.
“Busca legalizar la opacidad de los recursos que aprobamos aquí en el Congreso y que sabemos perfectamente que no se han rendido cuentas, esta iniciativa es de carácter inconstitucional porque el artículo 232 indica claramente que el ente encargado para fiscalizar es la Contraloría General de Cuentas», mencionó.
El diputado Orlando Blanco expresó que esta iniciativa de ley propone esconder lo que hicieron en la época de pandemia y les quedó sin ejecutar para poderlo «tranzar».
El diputado Edwin Lux expresa que la iniciativa que está en discusión pretende legalizar el saqueo del país.
— Diario La Hora (@lahoragt) August 24, 2022
«Aquí la Contraloría no está fiscalizando recursos privados, no se está metiendo con el secreto bancario que asisten a cualquier guatemalteco, aquí la Contraloría lo que va hacer es fiscalizar los fondos públicos que el Congreso de la República asignó y entonces porque le vamos a decir a la Contraloría que no se meta», señaló Blanco.
SOBRE LA INICIATIVA 6120
La iniciativa de ley fue presentada a la Dirección Legislativa el 21 de julio, encabezada por la presidenta del Congreso Shirley Rivera y diversos miembros de la Junta Directiva, la cual fue conocida por el pleno el 02 de agosto y obtuvo dictamen favorable por parte de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda el 10 de agosto.
La propuesta de ley cuenta con 3 artículos, los cuales son:
Artículo 1 señala que el «Fondo de Protección de Capitales», el «Fondo de Protección al Ahorro» el «Fondo de Crédito para capital de Trabajo» y el «Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa» han sido ejecutados por bancos, instituciones de crédito y empresas financieras, conforme al artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Superintendencia de Bancos deberá ser el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de los montos ejecutados en los fondos mencionados conforme la especialidad bancaria y toda materia relativa a la labor de colocación e intermediación.
Por lo anterior, la Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19, el ámbito de la competencia de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas se refiere a la Ejecución Presupuestaria de las instituciones públicas, no así a la colocación, intermediación bancaria y recuperación de fondos, siendo estas actividades de naturaleza bancaria.
El artículo 2 indica que para lograr alcanzar los objetivos para los cuales fue creado el Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica, a través de la ejecución de los recursos financieros extraordinarios constituidos en por el «Fondo de Protección de Capitales», el «Fondo de Protección al Ahorro» y el «Fondo de Crédito para capital de Trabajo», eI Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala podrá negociar, reestructurar e incluso novar las obligaciones originalmente adquiridas formalizando los instrumentos necesarios con las personas individuales o jurídicas que hayan adquirido créditos dentro de los fondos señalados.
Artículo 3 menciona que la vigencia entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
La diputada Sonia Gutiérrez indica que esta en contra de la iniciativa 6120, ya que tiene un dedicatoria especial y es favorecer a los bancos del sistema.
— Diario La Hora (@lahoragt) August 24, 2022
SE DESCONOCE BENEFICIARIOS DEL FONDO DE CAPITAL TRABAJO
En la nota publicada por La Hora “Créditos de “Capital de Trabajo” CHN: ven que secreto no aplica”, menciona que a dos años de aprobarse el programa social, mediante el cual el CHN administró una asignación presupuestaria de Q2,730 millones, se desconoce quiénes fueron beneficiados con esos préstamos, ya que la entidad bancaria no reveló esa información por considerar que está sujeta a secreto bancario.
En abril de 2020, por la pandemia de COVID-19 el Congreso aprobó el Decreto 13-2020 “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19”, con el que se autorizó al Ejecutivo transferir un monto de hasta Q3 mil millones al CHN para crear el “Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”, con el objeto de que la entidad bancaria otorgara préstamos con intereses blandos a personas individuales y jurídicas.
Esta ayuda social se financió con Bonos del Tesoro -deuda pública-, la cual también se estableció en la referida ley.
En su momento el Ministerio de Finanzas dio a conocer que a dicho fondo se le asignó Q2,730 millones, pero finalmente les transfirieron al CHN Q2,300 millones, de los cuales Q1,989,003,325.45 se utilizaron en créditos y lo no ejecutado Q310,996,674.55, monto que se envió al fondo común, según informó en su oportunidad la entidad bancaria.
En total, el CHN otorgó 18,881 préstamos, de esos 450 se encontraban en mora hasta el 31 de diciembre de 2021.
A pesar que aún hay beneficiarios morosos y el CHN no ha revelado a quiénes dieron los créditos, el Congreso de la República busca aprobar reformas al decreto en mención, para otorgarles un 20% de descuento del total del monto financiado.
