En diferentes etapas organizaciones y migrantes han abogado por el TPS. Foto La Hora

Los congresistas estadounidenses demócratas Adriano Espaillat y Joaquín Castro lideraron una carta bipartidista dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y secretarios de diferentes agencias de ese gobierno, en la que solicitaron una expansión del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Argumentan que los migrantes que ingresan a los Estados Unidos sin estatus legal enfrentan una batalla cuesta arriba para permanecer en el país y si son detenidos pueden enfrentar la deportación a países acosados por la inseguridad alimentaria, el conflicto político y la inestabilidad económica.

En el documento dirigido a Biden, al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y al secretario de Estado, Antony Blinken, explican que con esta protección estiman que 1.5 millones de migrantes en Estados Unidos se beneficiarían de extender el TPS a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

“Estoy orgulloso de unirme a @JoaquinCastrotx para liderar a varios de nuestros colegas en una carta bipartidista instando a la Administración Biden a ampliar las protecciones de TPS para los migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua”, expresó Espaillat en su cuenta de Twitter.

SOBRE LA CARTA

En la carta los congresistas solicitan urgentemente a la administración amplíe las protecciones del Estatus de Protección Temporal para los migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

“Hemos observado con preocupación el empeoramiento de la crisis humanitaria en los países centroamericanos a raíz de los huracanes Eta e Iota en 2020, la continua sequía severa y la pandemia de COVID-19. Creemos que designar a Guatemala y redesignar a El Salvador, Honduras y Nicaragua para el Estatus de Protección Temporal contribuiría en gran medida a ayudar a esas comunidades en los Estados Unidos y les permitiría apoyar mejor a sus familias en casa”, expresan.

Asimismo, indicaron que las presiones de los huracanes de noviembre de 2020, sumadas a los efectos a largo plazo del cambio climático y la pandemia de COVID-19, han empeorado la inseguridad alimentaria y la violencia en los países de América Central.

 

“Los huracanes Eta e Iota dejaron más de 9,3 millones de personas, incluidos 3,5 millones de niños afectados y obligados a abandonar sus comunidades de origen. Los huracanes también dejaron daños duraderos al destruir la atención médica, la educación y otras infraestructuras esenciales para la vida cotidiana. Casi un año después, millones en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador seguían sin acceso a asistencia humanitaria, vivienda y servicios básicos”, enfatizan los congresistas.

También mencionaron que la pandemia de COVID-19 y los huracanes interrumpieron el flujo crucial de remesas a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que desempeñaron un papel crucial en el apoyo a la recuperación económica de la región, debido a que la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna (FEWS NET) estima que las áreas afectadas por los dos huracanes, así como el Corredor Seco en Honduras y Guatemala permanecerán en niveles de crisis de inseguridad alimentaria al menos hasta mayo de 2022.

“Más de 8 millones de personas pasaron hambre en 2021, cuadruplicando desde 2018, y estas cifras seguirán aumentando a medida que veamos los mayores efectos del cambio climático en la producción agrícola, la seguridad y la integración económica. Dado que su administración ha reconocido que el cambio climático es un contribuyente clave a la migración”, resaltan.

DIFICULTADES PARA REGRESAR A CASA

En la carta también expresan que la dinámica política cambiante en estos países subraya las dificultades que enfrentan las personas para regresar a casa, por ejemplo, la represión de la sociedad civil, los periodistas y otros disidentes en Nicaragua en los últimos años se ha agravado hasta el punto de que para muchos nicaragüenses el retorno significa prisión u otras formas de castigo.

Situaciones similares han surgido durante el último año en El Salvador y Guatemala.

“El gobierno de EE. UU. debe responder a estos desarrollos agregando estas designaciones de TPS al panorama más amplio de asistencia para los países centroamericanos y como parte del esfuerzo de la administración para frenar la corrupción, la impunidad y la violencia en la región”, enfatizan.

 

Indican que las condiciones sobre el terreno en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua constituyen “condiciones extraordinarias y temporales” que impiden que regresen de manera segura.

Asimismo, que estos países han estado lidiando con las consecuencias de tales eventos durante años y, a medida que las condiciones continúan empeorando y surgen nuevos desafíos, Estados Unidos debe brindar protección y refugios temporales.

Además, que estas designaciones proporcionarían al gobierno de los Estados Unidos una herramienta importante para abordar las causas fundamentales de la migración de los países centroamericanos al ayudar a aumentar el flujo de remesas y respaldar los esfuerzos del gobierno para abordar las condiciones en el país sin el impuesto adicional de una gran afluencia de personas.

“La designación probablemente protegería a casi 1,5 millones de migrantes que actualmente se encuentran en los Estados Unidos, brindando alivio inmediato a estas personas y sus familias. Solicitamos que estas designaciones de TPS se combinen con una campaña de mensajes sólida y completa que ofrezca instrucciones claras sobre los procedimientos de elegibilidad y solicitud, para evitar la confusión y la migración masiva que ocurrió después de la designación de TPS de Haití en mayo de 2021”, agregaron.

En la carta concluyen que, en su opinión, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua cumplen con las circunstancias y estándares para TPS, además que esperaban continuar apoyando los esfuerzos de la administración para abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica de manera holística, incluso dando este importante paso para defender las protecciones humanitarias y salvaguardar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

El documento cuenta con la firma de más de 80 congresistas de diferentes estados de EE. UU., y con el respaldo de diferentes organizaciones defensoras de los derechos migrantes.

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