La Cámara del Agro solicitó a los diputados del Congreso de la República que emitan dictamen desfavorable a la Iniciativa 6054 “Ley que sitúa bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las instituciones de competencia ambiental”, por considerar que afectaría la coordinación actual.
Los efectos de la aprobación de esta iniciativa representarían un serio retroceso en materia de descentralización, lo que contraviene los objetivos de modernización y fortalecimiento de las instituciones, señaló la Cámara en un comunicado.
Además, que la propuesta plantea modificaciones a la Ley Forestal para que el Instituto Nacional de Bosques (INAB), una entidad autónoma con capacidades técnicas y resultados reconocidos a nivel mundial pase a estar bajo el control del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), evidencia retrocesos y pone en riesgo la calidad técnica y la sostenibilidad de los servicios.
La entidad gremial enfatizó que la concentración de poder y funciones administrativas, técnicas y financieras para el control de los recursos, fondos y programas, bajo un solo ministerio limita la
participación ciudadana, el acompañamiento técnico y científico, actúa en detrimento de la fiscalización social y la transparencia en el manejo de los recursos.
“Estos retrocesos tendrán efectos negativos al ambiente, el desarrollo y la calidad de vida de los guatemaltecos”, finalizó el escrito.
SOBRE LA INICIATIVA 6054
De acuerdo con el documento de la iniciativa 6054, “Ley que sitúa bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las instituciones de competencia ambiental”, existen otras instituciones de competencia ambiental, creadas con anterioridad y mediante distintos cuerpos legales, han generado en la actualidad una dispersión en la toma de decisiones y ha disminuido la eficiencia y efectividad de las políticas, programas y proyectos ambientales.
La iniciativa menciona que desde la creación de instituciones como INAB, CONAP, OCRET, y las autoridades de las cuencas de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal,
Petén Itzá, Río Dulce y su razón y visión fue velar por la protección de los cuerpos de agua, sin embargo, poca acción ha existido en la disminución de la contaminación de dichas fuentes hídricas.
“Es evidente la necesidad de centralizar bajo un mismo ente rector a las dependencias sujetas a la presente ley, debido a que se optimizarían recursos humanos, financieros y otros relacionados, a la hora de la ejecución de actividades sustantivas para el desarrollo, pero además se agilizarían procesos en la implementación de inversión, en la actualidad los procesos deben elevarse a nivel de presidencia o vicepresidencia para aprobación de todo tipo de contrato, esto limita la capacidad de respuesta de las instituciones”, explica el escrito.
Además, que a la fecha han evidenciado, poca capacidad de estas instituciones de ejecutar acciones de impacto en sus áreas territoriales.
“Con la presente iniciativa de ley se busca incorporar una visión conjunta, tomando en cuenta los mandatos legales nacionales, así como los convenios y tratados internacionales suscritos por Guatemala en materia ambiental”, enfatiza el documento.
