La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por medio de un comunicado expresó su preocupación por los recientes actos de criminalización y persecución judicial en contra de personas operadoras de justicia y exintegrantes de la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Asimismo, indicó que el Estado de Guatemala urge garantizar un sistema de justicia independiente e imparcial y a proteger a las operadoras y los operadores de justicia.
La Comisión informó que han recibido información sobre la criminalización, denuncias penales temerarias y persecución judicial contra personas jueces, fiscales, exfiscales, magistradas como forma de hostigamiento, debido al trabajo de investigación o juzgamiento de estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico, casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado o porque en su momento apoyaron la labor de CICIG.
#CIDH expresa preocupación por nuevas afectaciones a la independencia judicial en #Guatemala. #DerechosHumanos https://t.co/Irv1222tt0 pic.twitter.com/uByvZ1Gt6z
— CIDH – IACHR (@CIDH) February 22, 2022
LOS CASOS
La CIDH mencionó los siguientes casos, el 16 de febrero el Ministerio Público, detuvo a Willy Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por el supuesto delito de abuso de autoridad.
Asimismo, se giró una orden de captura en contra de Rudy Antonio Herrera Lemus, exagente fiscal y Aliss Noemí Moran, exauxiliar fiscal quien el 17 de febrero se presentó ante el Juzgado Tercero Penal y se encuentra bajo prisión provisional.
A puerta cerrada, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, se desarrollará la audiencia de primera declaración de los auxiliares de la FECI, Willy Racanac López, Paola Mishelle Escobar Quiñónez y Aliss Noemí Morán.
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— Diario La Hora (@lahoragt) February 22, 2022
También el 15 de febrero, Eva Siomara Sosa, exfiscal de la FECI, fue detenida luego de presentarse voluntariamente ante el Juzgado Tercero Penal tras conocer que existía una orden de captura en su contra. El 10 de febrero, la CIDH también tuvo conocimiento de la detención de Leydi Santizo, exmandataria de la Comisión.
Según conoce ambas se encontrarían detenidas sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo la audiencia de primera declaración y que de acuerdo con las investigaciones serían una represalia por su trabajo.
La CIDH mencionó que tanto Eva Siomara Sosa, como Leily Santizo lideraron casos de alto impacto y anticorrupción durante el mandato de la CICIG y que en el caso de la detención de Santizo también estaría relacionada con la labor que actualmente desempeña como defensora de operadores y operadoras de justicia reconocidos por su desempeño independiente.
UN CASO “BAJO RESERVA”
La información disponible que conoce la Comisión, expone que las abogadas no habrían sido informadas de las acusaciones en su contra ya que el expediente se encuentra bajo reserva judicial. Al respecto, el Estado indicó que no resultaba «posible ahondar en detalles», pero que las órdenes de aprehensión solicitadas «se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas».
Asimismo, la CIDH mencionó que, el 9 de febrero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró procedente una solicitud de antejuicio para retirar la inmunidad de Pablo Xitumul de Paz, juez del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y de Delitos contra el Ambiente, con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo del grupo «C».
Además, destacan que, la CSJ ordenó continuar con las diligencias de antejuicio en contra de la Erika Aifán, Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer de Procesos de Mayor Riesgo del grupo «D». Ambas personas son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
LO QUE DIJO EL GOBIERNO A LA CIDH
La CIDH expuso que el Estado de Guatemala argumentó que no criminaliza a funcionarios, jueces o abogados, sino que pretende el estricto cumplimiento de la ley y del debido proceso. Asimismo, informó que a toda persona acusada se le permite una defensa apropiada y que el antejuicio constituye una garantía constitucional a favor de las y los operadores de justicia a fin de que no sean indebidamente sometidos a proceso penal.
La Comisión expresó que ha observado que, en el contexto guatemalteco, dicho procedimiento es empleado como mecanismo para intimidar, amedrentar y/o eventualmente retirarles de sus cargos y en ese contexto el Estado señaló que, a través de los procedimientos establecidos en su legislación, resguarda plenamente la estabilidad en el desempeño de los cargos, así como su independencia judicial.
EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A PROTEGER
La Comisión recordó al Estado la obligación de proteger a las operadoras y los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, e investigar a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionarlos efectivamente y dijo que, si los Estados no garantizan la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas, la actividad judicial puede ser gravemente afectada, obstruyendo el acceso a la justicia.
En el comunicado informó que preocupa que estos hechos ocurran en un contexto de severos retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. En este contexto, el Estado debe adoptar medidas inmediatas para reafirmar la importancia que tiene la lucha contra la corrupción.
Respecto al Estado indicó que el combate a la corrupción e impunidad es un compromiso asumido por el gobierno y por todas las instituciones a las que atañe el tema, entre ellas, el Ministerio Público (MP).
La Comisión Interamericana expuso que urge a Guatemala tomar medidas para impedir que se haga uso indebido del derecho penal y de diligencias de antejuicio como forma de restringir la labor independiente de las personas operadoras de justicia.
Asimismo, llamó a parar cualquier injerencia contra la independencia del Poder Judicial con el fin de garantizar una justicia independiente e imparcial propia de un Estado de derecho.
SOBRE OBSERVADORES
Por último, la CIDH expresó que son el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que además tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia y al ser integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
