La investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón sobre el presunto encargo de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura al comisario José Manuel Villarejo para que evitara la extradición del primero a Guatemala está ahora mismo pendiente de unos dispositivos de almacenamiento –discos duros, pendrives, etc– que la nación centroamericana ha pedido que se envíen desde España para guardar ahí la información reclamada y remitirla.
El punto de partida de esta pieza separada del ‘caso Villarejo’, denominada ‘Pit’, se sitúa en 2016, cuando Guatemala solicitó a España la entrega de Pérez Maura, acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios del país iberoamericano, incluidos el ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.
De acuerdo con el relato judicial, los Pérez Maura habrían acudido entonces a Villarejo para que frenara la extradición de Ángel. Por este encargo, bautizado como ‘Pit’ –de ahí el nombre de la pieza separada–, el grupo empresarial del entonces comisario, CENYT, se habría embolsado 7,4 millones de euros.
Mientras que el juzgador explicó que en el Código Penal no existe delito por denunciar. Aquí detalles👇🏻 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/0gEryQBP0c
— Diario La Hora (@lahoragt) November 6, 2022
En un principio, la investigación española se centró en ‘Pit’, pero cuando la Audiencia Nacional rechazó en 2018 la extradición de Pérez Maura a Guatemala por ser ciudadano español abrió la puerta a que fuese juzgado en España por los delitos que allí se le imputaban.
En respuesta, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 asumió en abril de 2021 la causa dirigida en el país latinoamericano contra Pérez Maura por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho para concluir la fase de instrucción y, en su caso, proceder a juicio.
Desde entonces, García Castellón ha solicitado diversa información a la Fiscalía guatemalteca. El pasado marzo, casi un año después de cursar la primera comisión rogatoria, recibió la documentación reclamada por valija diplomática.
Pero las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que aún está a la espera de recibir mucha más, un trámite pendiente porque, según han trasladado las autoridades guatemaltecas a la AN, no tienen los suficientes dispositivos informáticos para volcar la información requerida, por lo que han pedido al juzgado español que se los envíe.
EN LA RECTA FINAL
Las mismas fuentes señalan a esta agencia de noticias que la derivada guatemalteca es el último fleco por atar antes de poner fin a la fase de instrucción de esta pieza separada número 4 de ‘Tándem’.
En una de las últimas diligencias, el juez escuchó el pasado 21 de octubre al empresario William Anthony Schwank, reclamado por Guatemala como presunto intermediador de una comisión ilegal para la ampliación del Puerto Quetzal.
Schwank contó al instructor que Ángel Pérez Maura le pagaba entre 1.500 y 2.000 euros mensuales, a través de colaboradores de Villarejo, a cambio de que no colaborara con la Justicia guatemalteca, que también perseguía al empresario español, según fuentes conocedoras de la declaración.
Interrogado directamente sobre Villarejo, aclaró que no tuvo contacto alguno con él. Al parecer, su enlace con el grupo empresarial del ahora comisario jubilado era el ex policía Antonio Bonilla, al que dice que escuchaba hablar de un «jefe».
Schwank, que ya compareció en sede judicial el pasado 11 de marzo pero entonces se acogió a su derecho a no declarar alegando que estaba inmerso en un proceso de extradición, explicó en esta segunda declaración que había decidido hablar ahora porque está aterrorizado debido a los intereses políticos que asegura que interfieren en la investigación guatemalteca y que teme posibles represalias.
