Durante esta mañana varios pobladores realizaron una manifestación. Foto: Carlos Alonzo/AFP

Con piedras, palos y una hilera de ataúdes de madera con los cuerpos de varias de las 13 víctimas de una masacre perpetrada el fin de semana, derivado de los conflictos limítrofes entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, decenas de pobladores bloquearon la carretera Interamericana, que conecta la capital con ese y otros departamentos.

Los féretros fueron colocados en la ruta que lleva a Santa Catarina Ixtahuacán, 170 km al oeste de Ciudad de Guatemala, por decenas de familiares y vecinos que exigen justicia y piden al gobierno de Alejandro Giammattei que ponga fin de una vez por todas a un conflicto territorial de más de 100 años con habitantes de un municipio vecino, a los que acusan de la masacre.

Los manifestantes y familiares velaban a sus muertos en la carretera, donde alzaron un altar con flores, velas, humo de incienso y fotografías de los niños, mujeres y ancianos asesinados.

DOLOR EVIDENTE

Entre los gritos de protesta se escuchaba el llanto desgarrador de varias mujeres vestidas con los coloridos trajes indígenas de la etnia maya-k’iche’.

«No hay palabras para describir lo que siento», dijo a la AFP conteniendo las lágrimas Alonzo Guarchaj, de 30 años, frente al auto fúnebre que lleva el féretro con los restos de su papá, un octogenario pastor evangélico con el mismo nombre.

«Dejamos todo a la mano de Dios y (que) la venganza sea de él», añadió.

 

Apostados en la carretera, los manifestantes pidieron al gobierno solucionar el viejo conflicto con el municipio vecino de Nahualá, de la misma etnia indígena.

El gobierno anunció la detención de tres presuntos responsables de la matanza.

LÍMITE, «LA SOLUCIÓN»

«¡Ya no, somos hermanos!», gritó un poblador desde un camión donde varios líderes comunitarios tomaron la palabra para urgir a Giammattei a que se comprometa a definir el límite entre los poblados.

La noche del sábado, la policía informó del asesinato de 13 personas en la aldea Chiquix, en territorio de Nahualá, además de la localización de un camión semiquemado y una patrulla con perforaciones de bala.

Toma aérea de los ataúdes de las personas que perdieron la vida el pasado fin de semana. Foto: Carlos Alonzo/AFP

Las víctimas, originarias de Santa Catarina Ixtahuacán y que se dirigían a recolectar maíz, fueron blanco de una emboscada perpetrada por hombres armados.

Una de las 13 víctimas fue un policía que custodiaba la faena a raíz de la conflictividad en la zona, dijo el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. La versión fue confirmada por pobladores.

«Las familias emboscadas, luego de asesinadas, fueron quemadas dentro del camión donde se conducían, y los niños descuartizados con machete», indicó Rodas en un informe sobre la masacre que los pobladores vinculan al conflicto de límites.

 

“YA NO QUEREMOS DISPAROS”

Este lunes, tras la entrega de los cuerpos en la morgue de la ciudad cercana de Quetzaltenango, se confirmó el deceso de tres menores que eran hermanos. Sus padres también fueron asesinados.

«El límite territorial municipal, esa es la solución. Porque solo acuerdos no, señor presidente, tiene que ser el límite territorial de ambos pueblos y así va a existir paz y tranquilidad», pidió al gobierno Sabino Tambriz (40), concejal de la municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán.

Vestido con un saco gris y de mascarilla, recordó el «fracaso» de un diálogo instalado por el gobierno a mediados del año pasado tras una nueva escalada de violencia que llevó a Giammattei a decretar un estado de sitio en la zona.

«Queremos límite territorial. Ya no queremos disparos», señalaba una pancarta sostenida por una niña en la protesta. «Responsabilizamos al gobierno por la muerte de niños, mujeres y ancianos (,…) masacrados por criminales», se leía en otro cartel.

LO QUE DICE EL GOBIERNO

El gobierno informó el domingo en un comunicado de la captura de tres hombres presuntamente responsables por la matanza.

«Las autoridades tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, el respeto a la vida, la paz y la gobernabilidad en (el departamento de) Sololá», señaló el gobierno.

Las comunidades indígenas, muchas de las cuales viven en condiciones de pobreza, representan más de 40% de los 17 millones de habitantes de Guatemala.

 

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