Representantes del proyecto vial Xochi y autoridades de la Municipalidad de Mazatenango sostendrán esta tarde una reunión con el objetivo de avanzar en la resolución de las diferencias surgidas en torno a aspectos técnicos, administrativos y de seguridad relacionados con la construcción y futura operación de la obra.
La empresa ejecutora manifestó su confianza en que el encuentro permita alcanzar consensos y reiteró su disposición al diálogo con las autoridades locales.
“La puerta del diálogo está abierta, que es algo que nosotros hemos venido solicitando desde hace varias semanas”, afirmó un vocero del proyecto.
Según la compañía, durante las últimas semanas se han desarrollado acercamientos con funcionarios municipales para atender las inquietudes planteadas por la comuna y explorar mecanismos de entendimiento.
“Estamos abiertos al diálogo y estamos seguros de que vamos a alcanzar acuerdos importantes”, agregó el representante.
Respecto a los requerimientos planteados por la municipalidad, la empresa aseguró que está dispuesta a cumplir con todas las disposiciones establecidas en la normativa vigente. “Nosotros estamos dispuestos a cumplir todo lo que la ley prevé. El proyecto está construido con medidas de seguridad precisas y con estándares de calidad internacionales y nacionales”, señaló.
Asimismo, indicó que no ha recibido solicitudes formales adicionales, aunque manifestó que está en disposición de presentar documentación complementaria relacionada con las condiciones de seguridad de la infraestructura si las autoridades así lo requieren.
“Si esa fuera la exigencia o el requerimiento de la municipalidad, nosotros estamos dispuestos a presentarlo”, expresó.
El proyecto Xochi ha estado bajo atención pública durante el fin de semana debido a las diferencias planteadas por autoridades municipales respecto a diversos aspectos vinculados a su operación, situación que ambas partes esperan encauzar mediante el diálogo programado para este martes.
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DEFIENDEN SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS
Mientras tanto, autoridades municipales de Mazatenango sostienen que sus actuaciones responden a preocupaciones planteadas por vecinos, COCODES y líderes comunitarios, particularmente relacionadas con el tránsito constante de maquinaria pesada durante la construcción.
Según información proporcionada por la comuna, también se reportaron daños en la red de agua potable en algunos sectores, lo que requirió intervenciones por parte de la Dirección Municipal de Agua para efectuar reparaciones.
Como parte del seguimiento institucional, el Concejo Municipal realizó inspecciones en el área de construcción, donde identificó aspectos que continúan bajo evaluación técnica, entre ellos la ausencia de guardavías en determinados tramos y procesos de erosión en bordes de contención.
Asimismo, la municipalidad informó que revisó modificaciones realizadas en una sección del proyecto dentro del municipio. De acuerdo con la Unidad de Licencias de Construcción, algunos cambios observados no coincidían plenamente con lo consignado en las licencias originalmente autorizadas, situación que motivó actuaciones del Juzgado de Asuntos Municipales.
No obstante, las autoridades locales han insistido en que estas acciones no constituyen una oposición al desarrollo de la obra.
“No estamos en contra del desarrollo, pero este debe ir acompañado de seguridad y responsabilidad”, afirmó el alcalde de Mazatenango.
Funcionarios municipales también han señalado que el objetivo de las revisiones no es sancionar ni recaudar recursos, sino verificar condiciones mínimas de seguridad para los usuarios y garantizar el cumplimiento de requisitos técnicos relacionados con la gestión de riesgos y reducción de desastres.
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DISCUSIÓN QUE TRASCIENDE PROYECTO
Más allá de las diferencias puntuales entre la empresa y la municipalidad, el caso Xochi ha reavivado el debate sobre la certeza jurídica, la coordinación institucional y la forma en que Guatemala gestiona proyectos de infraestructura de gran escala.
Para distintos sectores, la experiencia evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de coordinación temprana entre inversionistas, autoridades y comunidades, de manera que los proyectos estratégicos puedan desarrollarse con reglas claras, supervisión efectiva y legitimidad social.
Mientras continúan las conversaciones entre ambas partes, el caso podría convertirse en un referente para futuros proyectos de infraestructura que busquen combinar inversión privada, desarrollo territorial y cumplimiento normativo en Guatemala.
