En medio de la discusión en el Congreso de la iniciativa 6593, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y otros activos —impulsada por el Ejecutivo y orientada a cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar que Guatemala ingrese a la denominada “lista gris”— la Superintendencia de Bancos (SIB) destacó los avances del país en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo durante más de dos décadas.
A través de un comunicado, la SIB señaló que estos esfuerzos han estado enfocados en proteger la estabilidad económica, preservar la confianza en el sistema financiero supervisado y fortalecer la credibilidad de Guatemala ante la comunidad internacional.
La institución recordó que en 2001 Guatemala fue incluida por el GAFI en la “lista negra” debido a la ausencia de una legislación integral contra el lavado de dinero y la falta de una unidad especializada de inteligencia financiera.
En respuesta, el país impulsó reformas clave como la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (2001), la creación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Ley de Bancos y Grupos Financieros (2002), lo que permitió salir de dicha lista en 2004.
Posteriormente, en 2005, se aprobó la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, y entre 2010 y 2016 el país fue sometido a evaluaciones mutuas que identificaron avances y áreas de mejora.
De manera más reciente, Guatemala ha impulsado nuevas reformas legales, incluyendo la iniciativa 5820 y la actual 6593, con el objetivo de modernizar el marco antilavado conforme a los riesgos actuales y las recomendaciones de GAFILAT.
La SIB subrayó que la aprobación de la iniciativa 6593 es una prioridad estratégica, especialmente ante la Quinta Ronda de Evaluación Mutua que iniciará en 2027, y advirtió que fortalecer el sistema no solo responde a compromisos internacionales, sino que también protege la economía nacional, las relaciones financieras y a las familias guatemaltecas que dependen del sistema formal.
Zapata: impacto del retraso sería “muy grave”
En contraste, el economista Juan Carlos Zapata advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y financieras de un eventual retraso en la aprobación de la iniciativa.
Según Zapata, el impacto sería “muy grave”, ya que no solo afectaría el acceso del país a financiamiento internacional, sino que también elevaría los costos de crédito para el sector productivo y las familias.
Además, alertó que una eventual inclusión en la “lista gris” tendría efectos directos sobre el flujo de remesas, un componente clave de la economía guatemalteca.
El analista señaló que este tipo de señalamiento internacional podría afectar las corresponsalías bancarias, encarecer cartas de crédito, elevar tasas de interés y generar un mayor escrutinio sobre las operaciones financieras del país.
“Yendo más allá del sistema bancario, un informe negativo sobre Guatemala colocaría una bandera roja ante los socios comerciales, traduciéndose en mayor percepción de riesgo, primas más altas, e incluso afectaciones a la inversión extranjera directa”, apuntó.
Zapata añadió que un deterioro en la evaluación internacional también podría dificultar el acceso al grado de inversión y generar impactos en la confianza macroeconómica.
Debate político y urgencia técnica
En cuanto a las enmiendas discutidas en el Congreso, el economista consideró que el riesgo es manejable siempre que se mantenga el espíritu de la iniciativa y se respeten las recomendaciones del GAFILAT.
En paralelo, la SIB reiteró que la aprobación de la ley responde a una urgencia técnica y estratégica para el país, en un contexto en el que Guatemala se prepara para nuevas evaluaciones internacionales.
Desde el sector privado, organizaciones como FUNDESA y el CACIF han insistido en la necesidad de cerrar brechas en el sistema financiero frente al crimen organizado, señalando que el lavado de dinero sigue siendo un factor de riesgo estructural.
LEY ENTRAMPADA EN EL CONGRESO
En el Congreso y especialmente los bloques UNE, Vamos, Valor, Cabal y otros mantienen detenida la aprobación de la ley antilavado, con la intención de realizar algunas enmiendas cuestionadas, pese a que existe interés para que la medida se apruebe.
La ley ha generado expectativa y desde Washington en Estados Unidos, el tema es de interés y según conoció La Hora, esto implicaría que posteriormente las autoridades en ese país, pedirán una rendición de cuentas a Guatemala y a los responsables por los resultados de ese proceso relacionado a la normativa contra el lavado de dinero.
