Nuevos requerimientos para créditos mayores en la banca nacional

Por: Clynton R. López F.
Profesor universitario de economía y finanzas
clyntonr@lores.com.gt

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Guatemala se ha caracterizado por ser una plaza sólida y ordenada en el sistema financiero de la región. Obviamente Guatemala enfrenta unos desafíos muy particulares en cuanto a penetración financiera, por lo que la plaza en términos globales podría ser mucho más grande de lo que actualmente es. Aun así, es una plaza dinámica y en crecimiento que siempre buscan los competidores regionales.

La región siempre ha logrado prudencialmente ir implementando paso a paso los elementos internacionales sobre regulación financiera y bancaria. A partir de este año 2024 ha entrado en vigencia un nuevo reglamento de otorgamiento de crédito en Guatemala, promulgado por la Junta Monetaria en dos resoluciones: la resolución JM-47-2024 y la resolución JM-67-2023. Este nuevo reglamento de crédito busca equiparar más cercanamente a la banca nacional a los acuerdos de Basilea III y enfatizar el riesgo crediticio en estándares internacionales para mejorar la resiliencia del sistema. En el presente artículo resumo los puntos más importantes de la evolución y uno de los nuevos requerimientos claves en el proceso de otorgamiento de crédito de proyectos nuevos y considerados mayores por la nueva regulación.

 

La Evolución de la Regulación Bancaria Guatemalteca hacia los Acuerdos de Basilea y su Impacto en el Cálculo del Capital Ajustado por Riesgo

En las últimas dos décadas los reguladores de la banca en Guatemala han realizado importantes modificaciones para alinear su marco regulatorio bancario con los estándares internacionales establecidos por el Comité de Basilea, en especial en lo relacionado con la adecuación de capital y la gestión de riesgos. Este proceso ha sido fundamental para fortalecer la solidez del sistema financiero guatemalteco y garantizar su estabilidad y conexión en el contexto internacional.

1. La Evolución Regulatoria en Guatemala hacia los Acuerdos de Basilea

Guatemala inicio un camino largo en términos de armonización de su sistema regulatorio bancario desde la Ley de Bancos y Grupos Financieros que se encuentra en Decreto No. 19-2002 del Congreso de la República. En mi opinión este es el inicio del cierre de las modificaciones que se detonaron a partir de la reforma constitucional del año 1993. Dicha ley permitió acercar y particularizar la regulación guatemalteca a los acuerdos de Basilea.

Posterior a la ley citada, la Junta Monetaria –quien es el rector de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país– a través de sus resoluciones ha sido clave en este proceso de armonización internacional de la regulación. La Resolución JM-46-2004, es icónica en el desarrollo de la regulación guatemalteca, iniciamos con dicho reglamento la determinación del monto mínimo de patrimonio requerido, el cual establece que las instituciones financieras deben mantener un capital mínimo equivalente al 10% de sus activos ponderados por riesgo (APR). Este reglamento fue un paso –quizá el más relevante- hacia la alineación con las prácticas internacionales. Posteriormente, la Resolución JM-200-2007 amplió estos requerimientos a otras entidades financieras, asegurando que todas las instituciones financieras, incluyendo las off-shore, cumplieran con los estándares prudenciales.

2. Comparación del Cálculo del Capital Ajustado por Riesgo: Guatemala vs. Estados Unidos

El cálculo del capital ajustado por riesgo, conocido como «Risk-Weighted Assets» (RWA), es un pilar fundamental en la regulación bancaria a nivel mundial. En Guatemala, las normativas establecidas por la Junta Monetaria, como la Resolución JM-46-2004, siguen un esquema en el cual los activos se categorizan y ponderan en función de su riesgo inherente, desde una ponderación de 0% para activos de bajo riesgo hasta 100% para activos de alto riesgo.

En Estados Unidos, bajo las normas de Basilea III, las instituciones financieras también deben mantener un capital mínimo sobre sus activos ponderados por riesgo. El requisito básico es mantener un capital mínimo equivalente al 8% de los activos ponderados por riesgo, aunque este porcentaje puede incrementarse dependiendo de la naturaleza del riesgo específico de cada activo. Este enfoque permite que las entidades financieras ajusten su capital de acuerdo con los riesgos asociados, proporcionando una mayor flexibilidad y robustez frente a posibles materialización de riesgos. Un elemento distintivo de Basilea III es la valuación permanente de activos para que los ajustes a riesgo sean efectivos en cuánto a capital.

En comparación, las regulaciones guatemaltecas imponen un requerimiento del 10% sobre los APR, pero con un énfasis adicional en factores específicos del mercado local, como el riesgo cambiario y de crédito de contraparte, lo que refleja un enfoque más adaptado a las particularidades del mercado financiero guatemalteco. En su último informe sobre Guatemala, el Fondo Monetario Internacional ha insistido que, en relación al tipo de cambio, el sector privado, debe de absorber el riesgo cambiario. Insinuando que el tipo de cambio en Guatemala está muy intervenido. Por lo tanto, esta situación será aún más relevante cuando finalmente el Banguat así lo haga, dejar la fluctuación del tipo de cambio acorde a mercado.

3. Impacto de las Resoluciones JM-47-2022 y JM-67-2023

Las más recientes resoluciones, como la JM-47-2022 y la JM-67-2023, marcan un avance significativo en la aproximación de la regulación guatemalteca a los estándares internacionales. Estas resoluciones no solo buscan mejorar la calidad del capital, sino también garantizar que los créditos otorgados, especialmente para nuevos proyectos, se asignen de manera prudente y con altas probabilidades de repago. La Resolución JM-67-2023, por ejemplo, enfatiza la necesidad de estudios de factibilidad, asegurando que los proyectos financiados no solo sean viables, sino que también contribuyan de manera positiva al crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero. Además, añade dos elementos claves que no se encontraban presentes formalmente: la inclusión de modelos cuantitativos propios para calcular las pérdidas esperadas de créditos, y la clasificación global de los usuarios de créditos para evitar que un usuario tenga créditos buenos y malos dentro del sistema, y que su capacidad de sobre endeudamiento crezca.

4. Elementos Clave de un Estudio de Factibilidad según la Resolución JM-67-2023

El estudio de factibilidad es un documento de mucha relevancia que evalúa la viabilidad técnica, económica y financiera de un proyecto antes de su implementación. La Resolución JM-67-2023 establece que, para proyectos nuevos, mayores de Q5,000,000.00 o US$650,000.00 es obligatorio presentar un estudio de factibilidad detallado que incluya varias áreas de análisis. A continuación, se explican en detalle los componentes clave que debe contener un estudio de factibilidad:

4.1. Estudio de Mercado

El estudio de mercado es la primera etapa crítica en la evaluación de un proyecto. Este análisis tiene como objetivo determinar la viabilidad del producto o servicio en el mercado objetivo. Se debe realizar un análisis exhaustivo de la demanda existente, las tendencias de crecimiento del mercado, el comportamiento de los consumidores y la competencia. Este componente debe abordar:

 

Un estudio de mercado bien fundamentado es esencial para mitigar riesgos asociados a una demanda insuficiente, lo que podría comprometer la viabilidad financiera del proyecto desde el inicio.

4.2. Estudio Técnico

El estudio técnico aborda la factibilidad de llevar a cabo el proyecto desde un punto de vista operativo. Se enfoca en los aspectos logísticos y tecnológicos, asegurando que la empresa pueda producir el producto o servicio de manera eficiente. Este componente incluye:

 

El estudio técnico debe garantizar que todos los aspectos operativos del proyecto se pueden llevar a cabo dentro de los límites de costo y tiempo previstos, minimizando el riesgo de retrasos y sobrecostos.

4.3. Estudio Financiero

El estudio financiero es la parte central del estudio de factibilidad y evalúa si el proyecto es rentable y sostenible desde un punto de vista económico. Este análisis debe incluir:

 

El estudio financiero es crucial para asegurar que el proyecto puede generar retornos adecuados que justifiquen la inversión y cumpla con las expectativas de los inversores y las entidades financieras.

4.4. Análisis de Riesgos

El análisis de riesgos identifica y evalúa los riesgos potenciales que podrían afectar el éxito del proyecto. Incluye:

 

El análisis de riesgos debe ir acompañado de estrategias de mitigación, como planes de contingencia y seguros, para reducir el impacto de estos riesgos en el proyecto. La parte más olvidada en esta parte de los estudios de factibilidad es el análisis de impacto, estos deberán hacerse y paulatinamente serán estándar en el otorgamiento de créditos.

4.5. Aspectos Legales y Regulatorios

Este componente evalúa el cumplimiento del proyecto con la normativa vigente y analiza cualquier posible desafío legal. Incluye:

 

Este análisis es vital para evitar problemas legales que puedan retrasar la implementación del proyecto o afectar su viabilidad a largo plazo.

4.6. Estudio de Impacto Ambiental

En los proyectos que lo requieren, el estudio de impacto ambiental evalúa cómo el proyecto afectará al medio ambiente. Este análisis debe incluir:

 

El estudio de impacto ambiental es esencial para garantizar que el proyecto no solo es viable, sino también no encuentra obstáculos legales en términos de regulación ambiental.

5. Recomendación: Profesionalización de los Estudios de Factibilidad

Para asegurar la viabilidad de los proyectos y la estabilidad del sistema financiero, es fundamental que los estudios de factibilidad sean realizados por profesionales independientes y calificados, ajenos tanto a la empresa solicitante como a los inversionistas. Esta profesionalización garantizará un análisis objetivo y detallado, minimizando conflictos de interés y aumentando la probabilidad de éxito de los proyectos. Además, contribuirá a fortalecer aún más la confianza en el sistema bancario, promoviendo una asignación más eficiente de los recursos financieros del sistema.

En conclusión, la evolución de la regulación bancaria en Guatemala ha sido un proceso continuo orientado a fortalecer el sistema financiero mediante la adopción de estándares internacionales como los de Basilea. Las recientes resoluciones de la Junta Monetaria subrayan la importancia de una gestión prudente del capital y de un análisis  de los proyectos nuevos y mayores financiados por la banca. La profesionalización en la elaboración de estudios de factibilidad es una medida necesaria para asegurar que los proyectos no solo sean viables, sino que también contribuyan de manera positiva a la economía nacional y a la estabilidad del sistema financiero. Para este proceso, los profesionales independientes que hemos tenido la experiencia de trabajar en banca internacional seremos clave en el proceso de ayudar a promover el conocimiento necesario sobre estos temas que aunque parezcan nuevos, son estándares en otras regiones.