Guatemala dejó de ser un simple corredor de droga. El país funciona como nodo de almacenamiento, preparación de operaciones, lavado de activos y disputa por la gobernanza, que amenaza la integridad de las Elecciones de 2027.
Así lo advierte el reporte “Drogas, Armas y Efectivo”, presentado ayer por el consultor internacional de seguridad y CEO de Powell Advisory Group, Leo Powell, quien presentó su diagnóstico en el marco del panel de discusión previo al Encuentro Nacional de Emprearios (ENADE).
Sus hallazgos ponen el foco en lo obvio que a veces se ignora. “Si analizas la seguridad solo a nivel municipal o nacional, estás estudiando el humo mientras ignoras el incendio regional”, dijo Powell.
El incendio empezó al sur. La producción potencial de cocaína en Colombia alcanzó 2 mil 664 toneladas métricas en 2023 según UNODC. Cuando sube la producción, sube el valor de las rutas, los puntos de almacenamiento, las fronteras y los puertos.
Y Guatemala está en medio de todo eso. Entre 300 y 400 toneladas métricas pasan por el país cada año, según Powell. El dinero que mueve ese negocio es cinco veces más grande que toda la recaudación de impuestos del Triángulo Norte.
DE CORREDOR A HUB CRIMINAL
El reporte lo dice claro: Guatemala enfrenta una amenaza policriminal. Los mismos corredores mueven narcóticos, armas, efectivo ilícito, migrantes, contrabando e influencia política.
Las redes criminales son más rápidas que las instituciones porque operan sin procedimientos. El Estado, en cambio, responde con trámites.
El problema ya no es solo el tránsito. El Petén se usa para pistas de aterrizaje y almacenamiento. Huehuetenango y San Marcos son el corredor occidental para tráfico transfronterizo y flujos migratorios.
Los puertos y las ciudades fronterizas concentran extorsión, contrabando y lavado a través del comercio. Las prisiones funcionan como centros operativos para extorsión y reclutamiento.
Y las municipalidades son capturadas con intimidación policial, contratos públicos y dependencia social por parte de organizaciones criminales, señala el análisis.
ESTADO CONOCE LOS RETOS
El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, reconoce que la lucha frontal al crimen organizado es una de las prioridades de las fuerzas armadas.
Sáenz lo resume en cifras: más de 2 mil fusiles de asalto incautados, violencia al alza en el “cinturón de fuego”, y 655 mil operaciones marítimas para frenar droga.
Según el Ministro hay una estrecha correlación entre la violencia localizada con actividades vinculadas al crimen organizado y que recientemente ha sido más visible en las fronteras del país.
Según datos del Ministerio de la Defensa, a la fecha, el Estado ha incautado más de USD 1 mil millones en drogas, sumado a la destrucción de pistas y laboratorios clandestinos, y el envío de 89 imputados con órdenes de extradición.
Todo ello también ha sido posible gracias al apoyo internacional y la coordinación con el aliado más importante de Guatemala, los Estados Unidos.
Pero la tarea sigue siendo enorme. El viceministro de Gobernación, Víctor Hugo Cruz, reconoce que Guatemala es sede de operaciones criminales y que el objetivo es llegar a áreas donde el Estado nunca había entrado.
El Ejército y la Policía Nacional Civil trabajan cada vez más unidos en estas tareas. Cruz recalcó la importancia de coordinar con los vecinos centroamericanos tareas que permitan mejorar esta lucha.
LA RUTA DEL DINERO
Sin lavado no hay negocio. El superintendente de Bancos, Saulo de León, señala que Guatemala tiene capacidad para monitorear dineros ilícitos, pero necesita la ley contra el lavado alineada con GAFILAT para cerrar brechas.
Para el Superintendente, una herramienta vital que se sumará a esta tarea es la ley que actualmente discute el Congreso y que el Ejecutivo y sector privado han llamado a aprobar.
“El tiempo se acaba. Una vez aprobada la ley será una herramienta más que se sume a estos esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado”, dijo De León.
Juan Mini, presidente del comité organizador de ENADE, lo pone en términos empresariales: la ley es un instrumento de seguridad que ayuda a profundizar los mercados financieros, y Guatemala corre el riesgo de quedarse estancada.
Los dineros ilícitos alimentan al crimen organizado y esto le cuesta a la economía. Según estimaciones del sector privado, la inseguridad le cuesta al país hasta 7% del PIB en gastos adicionales.
Carlos Arias, presidente de CACIF, advierte que el costo de la inseguridad está mermando el desarrollo y frenando el crecimiento que el país necesita.
BLINDAR ELECCIONES 2027
Un asunto relevante durante las discusiones fue el de tratar el ciclo electoral como una vulnerabilidad estratégica. Ello requerirá identificar la financiación ilícita de campañas y a los actores criminales antes de que obtengan las protecciones de Ley que se conceden a los candidatos.
“O Guatemala desarrolla capacidades regionales legítimas de inteligencia y rendición de cuentas, o las redes criminales seguirán transformando las rutas en ingresos, los ingresos en influencia y la influencia en gobernanza”, agregó Powell.
Entre las conclusiones acordadas, los expertos recomendaron retomar el control de las cárceles; reducir la impunidad con un Observatorio de Sentencias Visibles; presionar financieramente el lavado, y fortalecer la denuncia ciudadana anónima vía Crime Stoppers.
Guatemala enfrenta un sistema regional que mueve droga al norte, armas y efectivo al sur, y migrantes por los mismos corredores criminalizados. Tratarlo como delincuencia común local es insuficiente.
Si no se recupera territorio, se corta el dinero y se acelera la justicia, el país seguirá pagando el costo en homicidios, extorsión, inversión perdida y captura institucional. La pregunta ya no es si Guatemala es vulnerable. Es si actuará antes de que la vulnerabilidad se vuelva permanente.
