La Hora publicó una investigación en la que se evidencia cómo el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal María Consuelo Porras, ignoró tres denuncias y una ampliación que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) les presentó desde 2023 a 2026.
Las denuncias revelan movimientos financieros sospechosos entre varias farmacéuticas, incluida La Botica, cuyo socio fundador, Jairo Ernesto Ponce Fernández («Cuto), es amigo de Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei.
Esta Redacción utilizó la inteligencia artificial (IA) para hacer una versión resumida del trabajo periodístico, que fue revisada (y ajustada en los casos que fue necesario) por el equipo que estuvo involucrado en la elaboración y edición de la investigación. La nota completa con todos los detalles se puede en este enlace.
https://lahora.gt/investigacion/investigacionlh/2026/02/12/mp-de-consuelo-porras-ignoro-denuncias-de-la-ive-por-ventas-al-igss-la-botica-y-tres-apartamentos-en-dubai/
Los puntos claves de la historia se resumen aquí:
Transferencias Dubái: 5 claves para entender el saqueo al IGSS que Consuelo Porras protege
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) rastreó una ruta que transformó fondos de la salud pública, principalmente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en apartamentos en edificios exclusivos en Dubái en Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Mientras abundante evidencia técnica llegó al escritorio de la Fiscal General, el Ministerio Público (MP) no avanzó en la investigación.
Aquí los hallazgos fundamentales:
1. El origen: La Botica y el «círculo de oro»
La farmacéutica La Botica, S.A. pasó de ser una empresa pequeña a facturar Q892 millones con el Estado durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
El Nexo: Jairo Ernesto Ponce, alias “Cuto”, amigo cercano de Miguel Martínez y Giammattei, es señalado como el gestor real.
La Prueba: La relación fue tan cercana que el Gobierno rebautizó un puente en la Ruta Nacional 14 como “Puente Cuto”.
2. La ruta: Dinero de salud → inmuebles en Dubái
La IVE documentó una triangulación financiera con la cual se estratificó (intentó ocultar) el rastro de millones de fondos públicos:
Los contratos del IGSS y de la Tesorería Nacional (pero principalmente del primero) alimentaron las cuentas de La Botica.
Esta le transfirió recursos a empresas puente. En la investigación se identificó principalmente a Grupo Rochester y Vivendi.
Las empresas puente movieron el dinero a otras que fungieron como los nodos de salida, Medicamentos Avanzados (MEDASA) e Importadora RR (IMCORSA).
MEDASA, a su vez, fue la que hizo las transferencias directas a inmobiliarias en los Emiratos Árabes Unidos.
3. El Botín: Lujo en el Burj Khalifa
De esa forma, Ronal Estuardo Gaitan Wellman, socio de MEDASA, y su red utilizaron el dinero del Seguro Social para adquirir propiedades en las ubicaciones más caras del planeta:
- Armani Beach Residences: Dos unidades (A-202 y A-302) en Palm Jumeirah.
- The Residence Burj Khalifa: Un apartamento (BK 3-301) en el edificio más alto del mundo.
El valor estimado de los apartamentos es de poco más de US$21 millones solo en propiedades en Dubái. Además, también salieron fondos como un abono para la compra de otro apartamento, en EE. UU.. La compra de un cuarto apartamento en Dubái no se concretó, debido a que un banco privado guatemalteco bloqueó una transferencia de Q16.5 millones en 2024 por sospechas de lavado. Los bancos nacionales y la IVE actuaron; el MP de Consuelo Porras, no.
4. La «estratificación»: El arte de ocultar
La red utilizó una técnica financiera llamada estratificación: mover dinero en círculos entre empresas familiares y cuentas personales (incluyendo a Marcela Sandoval, esposa de Gaitan) para diluir el origen de los fondos.
En la denuncia, la IVE explica con lujo de detalles cómo, a través de decenas de cuentas bancarias de farmacéuticas y de personas particulares se depositaba y retiraba millones de quetzales y dólares. Los fondos iban de cuenta en cuenta hasta que finalmente llegaron a Dubái.
5. Impunidad en tiempo real: La alerta 2026
No es un caso del pasado. La denuncia más reciente (MP510-2026-31) fue presentada el 29 de enero de 2026.
La IVE insiste en que la red sigue operativa y que los fondos públicos siguen financiando activos en el extranjero.
A pesar de tener nombres, números de cuenta y direcciones de los apartamentos desde hace meses, Consuelo Porras no ha solicitado un solo embargo ni captura.
