Claudia Paredes y Mauricio Corado Campos, actuales integrantes de la CSJ se perfilan como los principales candidatos para presidir el Organismo Judicial.
Claudia Paredes y Mauricio Corado Campos, actuales integrantes de la CSJ se perfilan como los principales candidatos para presidir el Organismo Judicial, en la fotografía de izquierda a derecha, María Consuelo Porras, Lesther Castellanos, Walter Mazariegos, Estuardo Gálvez, Mynor Moto y Nester Vásquez. Foto La Hora

La renovación de las cortes en Guatemala ha entrado en una fase crítica donde el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el botín principal y que podría suceder primero. En este proceso, los magistrados Claudia Paredes y Mauricio Corado Campos, actuales integrantes de la CSJ se perfilan como los principales candidatos para presidir el Organismo Judicial.

Estas candidaturas chocan frontalmente con las primeras declaraciones del diplomático estadounidense John Barrett, recién nombrado encargado de Negocios en Guatemala, quien sentenció en una entrevista que su país no permitirá que estos procesos se contaminen con «narcos, criminales o gente asociada a estos».

Aunque oficialmente Paredes y Corado no figuran en un listado de sanciones, en octubre pasado se hizo público que EE. UU. le retiró el derecho de ingresar al país (visa) a Paredes.  Fuentes de La Hora explican que las sanciones responden a información de las agencias de Estados Unidos. 

En una entrevista concedida al medio Prensa Libre, el diplomático estadounidense dijo estar consciente de las consecuencias y de lo crucial de estas elecciones. “Guatemala como un socio muy importante para los Estados Unidos, no vamos a tolerar que esos procesos, que son basados en reglas y en el Estado de derecho… no vamos a tolerar que haya contaminación de narcos, de criminales o gente asociada con esas personas”, advirtió en la entrevista. 

“Ni menos que esas personas vayan a tener un lugar, una presencia de relevancia en estas posiciones tan importantes para la institucionalidad de nuestro socio aquí en América Latina”, añadió Barrett. 

Según el analista político Renzo Rosal, el mensaje de Barrett es un «golpe seco» a la esperanza de los grupos pro-impunidad que creían que el cambio de administración en Washington les daría oxígeno.

Por su parte el  internacionalista y profesor universitario, Roberto Wagner, opina que el mensaje de Barrett refleja que EE. UU. está consciente de la importancia de las elecciones de segundo grado en Guatemala y que la administración Trump no está dispuesta a trabajar con gente asociada al narcotráfico ni al crimen organizado.

Fuentes con conocimiento de la trayectoria de Paredes, afirman que la magistrada llegó apadrinada por el diputado Allan Estuardo Rodríguez Reyes, expresidente del Congreso que también está sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky y la Lista Engel.

Un mes antes de la sanción de Paredes, se dio a conocer que EE. UU. tomó la misma decisión con Corado Campos, es decir le revocaron la visa. La notificación le habría llegado la primera semana de agosto lo cual impidió que participara en una actividad en la que tenía previsto participar, en Miami. Aparentemente, la sanción devino de su papel dentro del bloque dominante de la CSJ. 

¿Quién es Claudia Paredes? la magistrada de la CSJ cercana a Allan Rodríguez y Nester Vásquez

SELECCIÓN POR IDONEIDAD 

Al respecto de la posibilidad de que los magistrados señalados por EE. UU. puedan convertirse en presidente de la CSJ, Carlos Lucero, quien preside la Corte de manera interina, dijo que ignora si existen tales sanciones o señalamientos, pero que todos pasaron por un proceso de selección donde se evaluó la idoneidad y legitimidad. 

“Yo hablo por mi persona. Tengo 40 años de trabajar en el Estado. Conozco el Estado. Algunas veces por cuestiones laborales pueden señalar a uno, pero, si somos hombres y mujeres de derecho todo tiene que ser en un debido proceso”, remarcó.

Para mayo, ya deben estar en sus cargos los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como el jefe del Ministerio Público (MP). 

“SE ESTÁN QUEDANDO SIN MARGEN DE ACCIÓN”

Rosal afirma que la declaración del diplomático estadounidense fue “bastante directa”, “contundente” y que no requiere interpretación, en el sentido de que los actores vinculados a la cooptación institucional que beneficia a intereses criminales vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico “no son tolerables”, no deben ser admitidos en ninguna sociedad y no son admisibles para la agenda de intereses de EE. UU.

El analista destacó que el mensaje de Barrett tira por la borda la presunción de que con el sucesor del embajador Tobin Bradley, los grupos ligados a sectores corruptos tendrían tendrían oxígeno y más margen para actuar.

“Pensaron que este iba a ser el momento, pero el encargado de Negocios les dice, ‘malas noticias, siempre no’, indistintamente de si es un gobierno demócrata o republicano mantenemos la agenda”, precisó Rosal.

Agregó que de acuerdo con los primeros resultados de estas elecciones de segundo grado, “notablemente se ha reducido la esfera de posibilidades de este grupo procurrupción”, por lo cual el mensaje de Barret deja claro que “sus espacios se han reducido todavía más”.

No obstante, consideró que este grupo que “por ocho años ha doblegado a las instituciones” continuará con la lucha por mantener posiciones de poder puesto que “no tienen de otra” y aunque entienden los mensajes no tienen alternativa. “Llegaron a un punto de no retorno y no pueden hacer nada más que seguir su lógica y morir con las botas puestas”, subrayó.

SABE POR QUIÉNES VIENE

Wagner afirmó que el mensaje viene directo desde Washington puesto que el sistema diplomático estadounidense no escoge gente al azar y los manda a los países «para que vean qué hacen».

«Vienen con instrucciones detalladas de qué prioridades atender, tienen información del país y – los designados – saben cual es la postura qué deben seguir, en este caso la política exterior qué lleva EE. UU. para Guatemala», remarcó Wagner.

El internacionalista asegura que sectores que resultan afectados con la declaración del encargado de Negocios de la Embajada estadounidense no han entendido que no pueden seguir haciendo «lo que se les da la gana», y si se resisten o pretenden seguir con sus acciones probablemente harán que EE. UU. intensifique su presión para que no se conviertan en un obstáculo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

«Queda claro que están en la mira de EE. UU.», remarcó Wagner. Washington no podría continuar con una agenda bilateral en Guatemala, en la que ya se trabaja infraestructura, reducir la migración irregular o la lucha contra el narcotráfico si estos actores insisten en entorpecer los procesos de elección democráticos, puesto que «son enemigos de EE. UU.», sentenció.

OTROS SEIS SANCIONADOS 

Otro de los personajes sancionados que pretende permanecer en la más alta corte del país, es el actual magistrado constitucional Néster Vásquez, quien intentó ser electo por el CANG, pero a pesar de una costosa campaña quedó en tercer lugar en las votaciones del pasado 4 de febrero, detrás de Astrid Lemus y Estuardo Gálvez, quienes disputarán una segunda vuelta. 

Vásquez, sin embargo, podría buscar aferrarse a la silla de la magistratura constitucional, bien sea por la CSJ o la USAC. 

El todavía magistrado (la Corte debe renovarse en abril próximo) también fue sancionado por EE. UU., en julio de 2021, e incluido en la Lista Engel de “actores corruptos y antidemocráticos”, que sanciona a “personas extranjeras que, a sabiendas, han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, u obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

De acuerdo con la explicación que se encuentra disponible en el sitio web del Departamento de Estado, dicha sanción fue debido a que Vásquez “ha socavado las instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales”.

El magistrado fue señalado en el caso Comisiones Paralelas en 2021, una red de influencias para la colocación de magistrados en altos cargos del sistema de justicia guatemalteco.

El magistrado Nester Vásquez en una actividad académica en Chimaltenango el 30 de septiembre pasado. Foto La Hora: ASPA
El magistrado Nester Vásquez intentó retener la magistratura de la CC en el Colegio de Abogados, pero no pudo. Foto La Hora: ASPA

OTROS ASPIRANTES

Otros personajes que de igual forma han sido sancionados por EE. UU. también buscan una magistratura. Estos son:

Mynor Mauricio Moto Morataya. El juez intentó ser magistrado por el CANG, pero quedó muy lejos de pasar a la segunda vuelta. 

Moto fue sancionado en 2021 e incluido en la Lista Engel debido a que “socavó procesos o instituciones y participó en una corrupción significativa cuando obstruyó la justicia y recibió sobornos a cambio de una decisión legal favorable”.

Carlos Estuardo Barrios Gálvez. El exrector todavía tiene posibilidades de llegar a la CC, puesto que pasó a la segunda ronda en la elección del CANG del pasado 4 de febrero. Fue incluido en la misma lista, en 2022 porque “socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición en la comunidad legal para influir en los miembros de la comisión de nominación judicial en la facilitación del esquema ‘Comisiones Paralelas 2020’ para llenar la Corte Suprema y los Tribunales de Apelaciones con jueces corruptos”.

Lesther Castellanos Rodas, exjuez y actual relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. También fue incluido en la Lista Engel, en 2023, señalado de socavar “los procesos o las instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar quejas administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos”. Actualmente busca ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral.

Estuardo Gálvez, exrector de la USAC. Foto La Hora: Daniel Ramírez
Estuardo Gálvez, exrector de la USAC, quien aún tiene posibilidades de convertirse en magistrado de la CC. Foto La Hora: Daniel Ramírez

PORRAS BUSCA MAGISTRATURA

Dentro de los aspirantes y quienes tendrán a su cargo la elección figuran varios personajes sancionados por EE. UU., entre ellos, la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, cuyas sanciones se extienden a más de 40 países, entre estos Canadá y los de la Unión Europea. 

Porras busca ser magistrada de la CC, titular o suplente. Este viernes 6 de febrero a primera hora presentó su papelería para que sea considerada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (USAC), aunque tampoco descartó postularse también por la Corte Suprema de Justicia (CSU). 

De acuerdo con la Constitución guatemalteca, la CC se integra por cinco magistrados titulares y cinco suplentes que son nombrados por el Presidente de la República, el Congreso, la CSJ, la USAC y por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 

Las sanciones impuestas a Porras son por obstruir investigaciones de corrupción, así como por socavar la democracia y  el estado de derecho en el país. Puntualmente, en mayo de 2022, la sanción fue por su “participación en importantes actos de corrupción”, según la sección 7031 de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, literal c, “anti cleptocracia y derechos humanos”. 

Consuelo Porras busca ser magistrada titular o suplente de la CC por la Usac

Anteriormente, en septiembre de 2021, Porras también fue incluida en la Lista Engel, también por haber obstruido investigaciones de corrupción.

Tanto la fiscal general como su círculo cercano, celebraron la victoria del presidente de EE. UU. Donald Trump, en noviembre de 2024, porque eso suponía una variación del trato de este país hacia Guatemala; sin embargo, desde inicios de su mandato, el Gobierno de la potencia mundial no dio tales indicios.

En su visita a Guatemala, en febrero de 2024 (la primera al exterior), el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dejó claro que no había intención de variar la lista de personajes sancionados que había dejado la administración de Joe Biden. Un año después, el nuevo encargado de Negocios de la Embajada, parece estar en la misma línea.

A todo esto, cabe añadir que Porras se ha hecho acreedora de un amplio rechazo de la población guatemalteca, de acuerdo con mediciones de opinión pública, principalmente a raíz de que en 2023 el MP llevó a cabo una serie de acciones con tal de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y evitar que Bernard Arévalo asumiera la Presidencia. En octubre de ese año, miles llevaron a cabo manifestaciones y bloqueos de carreteras para exigir su renuncia, la que nunca se concretó. 

Una encuesta de la firma CID Gallup publicada en septiembre de 2025 reveló que apenas el 11% de la población tenía una opinión favorable de ella. 

Finalmente, el analista Rosal se refirió a la candidatura presentada por Porras y dijo que, aunque es una posibilidad de que resulte electa por la USAC, lo cierto es que la fiscal ya no tiene mucho que ofrecer y es muy probable que Walter Mazariegos y su gente sean pragmáticos y terminen votando por alguien que les garantice protección en su futuro

Retransmisión: Marco Rubio y Bernardo Arévalo ofrecen conferencia en conjunto

TAMBIÉN EN LOS ELECTORES

Pero, aparte de los aspirantes a un puesto en estas elecciones de segundo grado, entre quienes tendrán en sus manos la decisión de incluirlos o dejarlos fuera, también hay personajes sancionados, incluidos dos a quienes se les revocó la visa en el actual gobierno de Trump. 

Walter Ramiro Mazariegos Biolis, como actual rector de la USAC, preside la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del TSE. 

Mazariegos es señalado de haber tomado la rectoría de forma anómala. De hecho, el Departamento de Estado, en su informe de designación dice que “menoscabó los procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución educativa pública en julio de 2022 luego de un proceso de selección fraudulento”.

Sergio Morales
Periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Temas políticos, comunitarios, datos, gestión pública y migración.
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