La resolución de un amparo mantiene detenido el nombramiento del nuevo representante sindical ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Byron Ulisses Ortiz Ramírez, quien fue acreditado el pasado 28 de mayo luego de un proceso que ha sido vilipendiado desde varios frentes, como nunca.
La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con su resolución, dejó en suspenso el acta donde se declara el nombramiento de Ortíz Ramírez.
De esa forma se busca forzar que el INDE nombre de manera interina a quien estaba en la silla, Samuel Nenroth Hernández Orantes, un cuestionado representante sindical que, incluso, fue detenido en 2021 señalado de haber presentado documentos con vicios de organizaciones sindicales.
El representante estuvo 18 años en el puesto pero quedó fuera porque no cumplió con los requisitos legales mínimos para optar al cargo.
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En la resolución del amparo, al cual tuvo acceso La Hora, la Sala suspende “en forma temporal, mientras dure el trámite del presente proceso”, la resolución firmada por el gerente general del INDE, Luis Adolfo Martínez, en su calidad de secretario del Consejo Directivo, y con la cual se ordenaba dar posesión al titular y suplente que resultaron nombrados el pasado 28 de mayo.
El amparo a favor otorgado el pasado 3 de julio fue aprovechado por Hernández Orantes quien el 18 de julio pidió a dicha Sala la debida ejecutoria del amparo para ser nombrado de manera interina.
En la petición, el cuestionado sindicalista pide que se ordene a las autoridades del INDE que proceda a integrar el Consejo Directivo con él en calidad de “director titular interino” y también de quien era su suplente, Walter José Pérez Castellanos, como “director suplente interino”, en representación de las organizaciones sindicales.
La petición fue declarada con lugar, el pasado 4 de agosto y la Sala dio un plazo de tres días para que se cumpliera con la petición del representante sindical; sin embargo, acciones legales posteriores y solicitudes de aclaración todavía mantienen los procesos detenidos.
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CANDIDATURAS DUDOSAS
A través de una solicitud de información pública, La Hora obtuvo el documento firmado por el gerente del INDE, donde consta el análisis que hizo de las acreditaciones, así como los vicios del proceso.
De acuerdo con el Reglamento para elegir a este representante, así como al designado de las organizaciones empresariales, los aspirantes deben acreditarse ante la Secretaría del Consejo Directivo, cargo que recae en el gerente general.
En el análisis efectuado se detalla que Hernández Orantes, como el resto de participantes, presentó acreditaciones de representación sindical dudosas —que más bien, parecían formularios que se distribuyeron entre los candidatos—, que fueron firmados por una o dos personas en nombre de la organización sindical, y en algunos casos las firmas no llevaban nombre o se repetían en varios nombramientos, incluso, de distintos candidatos.
La Hora constató que en el expediente hay varios documentos en donde, en efecto, se repiten las firmas o los sellos en las representaciones de más de un aspirante. Estos nombramientos fueron invalidados por la Secretaría del Consejo Directivo, quien tiene la facultad legal de calificarlas, porque no demostraban la representatividad del sindicato.
Al proceso se postularon cinco aspirantes, todos sumaban solo un nombramiento de organización sindical que cumplía con los parámetros legales para considerarse como tal; por lo tanto, para definir el nombramiento, la Secretaría tomó el resto de criterios legales que dicta la ley, como lo son la idoneidad, honorabilidad y experiencia en el campo energético.
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Según fuentes relacionadas al proceso de elección, Hernández Orantes se mantuvo en la silla por 18 años usando cuestionados acreditamientos de representación, pero anteriores autoridades sí los tomaron como válidos, lo que hizo que siempre ganara.
Fuentes del INDE indicaron que, a través del otorgamiento del amparo provisional, se pretende que Hernández Orantes retome el puesto que ya perdió en el Consejo Directivo. El amparo fue presentado el pasado 1 de julio por Werner Ronaldo Sierra Fernández, quien actuó en calidad de “ciudadano guatemalteco”, y fue en contra del gerente general y del secretario del Consejo Directivo del INDE.
El demandante dice en sus alegatos que Martínez vulneró el “principio de transparencia y el debido proceso administrativo electoral”. “Se puede apreciar la actuación arbitraria, discrecional, clientelista e ilegal”, del funcionario, expresa el amparo, que pudo leer La Hora.
Además, también cuestiona que, al haber terminado la elección en un empate, quien debió aprobar los criterios para desempatar debió ser el Consejo Directivo y no el secretario, en este caso el gerente Martínez.
Además, Sierra Fernández considera “inaudito” e “inverosímil” que los cinco candidatos hayan presentado solo una acreditación válida. Como se dijo anteriormente, los cinco presentaron más, pero a la Secretaría le parecieron dudosas.
“Es notoria la parcialización, discrecionalidad y clientelismo del cual se caracterizó la elección objetada”. subrayó.
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PIEZA CLAVE
El sindicalista Hernández Orantes fue clave en la aprobación de contratos millonarios en el tiempo en que el INDE fue presidido por Melvin Quijivix, quien fue capturado, pero dejado en arresto domiciliario por un caso de corrupción vinculado a la llamada “Red Q”.
Según la denuncia presentada el año pasado por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), durante el gobierno de Alejandro Giammattei, se creó una plaza fantasma para que Qujivix representara a esta Secretaría en el Consejo del INDE, desde donde saltó a la Presidencia de la institución.
El objetivo habría sido lograr la aprobación de contratos, y que, cuando estos exceden de cierto monto los debe aprobar el Consejo Directivo con, al menos, cuatro de seis votos de sus miembros.
Dicho cuerpo colegiado se integra por el gerente general del INDE, un representante del sector sindical, otro de las organizaciones empresariales, uno más de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y dos más, que representan a los ministerios de Energía y Minas (MEM) y de Economía (Mineco).
Cada vez que se requirió del aval para la aprobación de contratos, en la administración pasada, los votos eran otorgados fielmente por Quijivix, Hernández Orantes y el representante de la (ANAM) —por esos años, el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer—, a quienes se les sumaba, ya sea quien representaba al MEM o al Mineco.
OTRO FRENTE
La acción de amparo se presentó después de que el proceso fuera férreamente fiscalizado por el diputado Cristian Álvarez, del partido Compromiso Renovación y Orden (CREO), quien llegó a la sede del INDE a hacer transmisiones en vivo de un proceso que él calificó de opaco.
Asimismo, requirió información y citó a funcionarios al Congreso para cuestionarlos. En las grabaciones que él ha colocado en sus redes sociales se puede ver que no parecen reuniones serias, puesto que el legislador pide explicaciones que luego no escucha y, generalmente interrumpe a quienes cita y se dirige a las la cámara que lo acompaña —y desde donde se hace la transmisión— para cuestionar la legalidad de los procedimientos.
Después de citaciones y explicaciones, Álvarez optó por denunciar a Martínez ante el Ministerio Público (MP).
En una entrevista con La Hora a principios de julio, el legislador de CREO negó que su interés fuera colocar a algún representante sindical en específico y, aunque dijo que no conoce a Hernández Orantes, reconoció que ha hecho “algunas amistades con líderes sindicales”.
En esa ocasión, sin que se le preguntara, Álvarez dijo que posiblemente el sindicalista en mención haya sido candidato a alcalde de Chiquimulilla, Santa Rosa, en 2011, y que quizás lo vio “en alguna ocasión”.
“Presionar porque haya una elección transparente, esa es la ruta correcta”, enfatizó Álvarez en dicha entrevista; quien, además, insistió en que el procedimiento de designación debe hacerse público, aunque ninguna ley lo estipula, ya que quien eligen representantes, de hecho, son los sindicatos y la Secretaría solo valida las acreditaciones.
¿CERCANO A QUIJIVIX?
Hernández se mantuvo muchos años en la silla de representante sindical ante el Consejo Directivo, dato que no pasó desapercibido para Quijivix, quien intentó congraciarse con él, desde el primer día que asumió el cargo.
De esa cuenta, la primera acción que adoptó Quijivix al tomar posesión como presidente del INDE, el 27 de enero de 2022, fue proponer al Consejo que el representante de las organizaciones sindicales, Hernández Orantes, fuera nombrado vicepresidente de la institución.
Sin embargo, de acuerdo con el acta 7-2022 que pudo revisar La Hora, esta candidatura tuvo solo dos votos, el de él mismo y el de Quijivix. Finalmente, no logró su objetivo y para el puesto fue nombrado el representante del Ministerio de Economía.
A su vez, Quijivix fue uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Alejandro Giammattei y de su pareja Miguel Martínez.
Según la denuncia que formularon el año pasado las autoridades de Gobierno de Bernardo Arévalo, el plan para copar el INDE empezó el 7 de enero de 2021 cuando se creó una plaza “fantasma” en la Segeplan que fue ocupada por Quijivix. Aunque la creación fue rechazada en primera instancia por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC), la entidad la avaló, después de que llevaba el visto bueno de Giammattei.
El hacerse de la plaza “fantasma”, inmediatamente Quijivix —quién también trabajó en el Centro de Gobierno, instancia dirigida por Miguel Martínez— fue delegado para representar a la Segeplan ante el Consejo Directivo del INDE, desde donde dio el salto a la Presidencia.
De acuerdo con la denuncia, la «Red Q» se habría articulado para avalar contratos de infraestructura, considerados fraudulentos, puesto que al día de hoy no han sido finalizados, pese a que se han efectuado pagos millonarios.
Pero, aparte de estas autorizaciones, «la Red Q» también se habría confabulado para otorgar más de Q8 millones en asesorías que no representaron ningún beneficio para el INDE. Muchas de estas se firmaron con empresas que guardaban relación con Quijivix.
