La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) confirmó que la Presidencia no ha solicitado información sobre el estado de salud de la fiscal general, María Consuelo Porras, para constatar que cuenta con las condiciones físicas para dirigir el Ministerio Público (MP).
La incapacidad física o mental, según la Corte de Constitucionalidad (CC), es una causal que tiene un presidente de la república para remover al fiscal general. En las circunstancias actuales, cobra relevancia dado que, desde 2023, ha habido sospechas de que Porras tiene problemas de salud.
Estos la habrían llevado a ausencias prolongadas, por lo menos, de actividades públicas desde 2023 a la fecha, cuando el desconocimiento de su estado de salud hizo que organizaciones sociales presentaran, por lo menos, un recurso de exhibición personal.
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Desde el inicio del actual gobierno —con el que mantiene una férrea confrontación— Porras aparece esporádicamente, pero luego se distancia semanas del ojo público. Una de las apariciones más recientes fue la presentación de su informe anual de labores, el pasado 16 de mayo, en donde no hubo acceso a la prensa, pero en otras conferencias o actividades es el secretario general, Ángel Pineda, y otros fiscales quienes comparecen ante los medios.
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«Hasta la fecha, la Presidencia de la República no ha solicitado certificación alguna sobre el estado de salud físico o mental de la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta», respondió la SCSP ante la consulta de La Hora, que buscaba establecer si el Gobierno se ha cerciorado de que Porras cuenta con todas sus facultades físicas para estar en el cargo y dirigir la institución.
La incapacidad material para cumplir con sus funciones es de las pocas opciones —tal vez la única— que a un mandatario le queda para destituir a un fiscal general, según una resolución que emitió el 20 de diciembre de 2023 la Corte de Constitucionalidad (CC).
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En esa ocasión, la máxima corte declaró «sin lugar» una acción de inconstitucionalidad que un grupo de abogados presentó en contra del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Declararlo con lugar, hubiera abierto la puerta al presidente Bernardo Arévalo para destituir a Porras.
Pero, a pesar la negativa de aceptar dicha acción legal, la CC en su razonamiento dijo que dicha normativa —artículo 14— «no implica que no puedan existir válidamente otras causas que hagan imperativa la sustitución» de un fiscal general.
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Estas causas, subrayó, no pueden establecerse por razones subjetivas, sino «únicamente a cuestiones de orden material, tal como ocurriría en caso de incapacidad física o mental del fiscal general».
Tales supuestos, continúa la resolución, “operarían de manera excepcional, ante la imposibilidad —en el plano material— de que la persona que ejerce el cargo de fiscal general pueda continuar con el ejercicio de las funciones que le atribuye la Constitución y las leyes del país”.
¿ENFERMEDAD?
En diciembre de 2023, La Hora publicó un trabajo en el que se hacía mención a consultas de guatemaltecos sobre una posible enfermedad de la fiscal general y a la posibilidad de que Porras haya ingresado a un hospital debido a la supuesta gravedad del padecimiento. La Hora consultó con el ente investigador sobre dicho extremo y este lo negó.
Sin embargo, el comportamiento de Porras también se mantuvo en 2024 y 2025. Si la Fiscal General asistía a alguna actividad, lo hacía acompañada de su figura más cercana: el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda.
En ese sentido, en enero de 2024, La Hora publicó el artículo, «El mundo que Consuelo Porras ve a través de Ángel Pineda y el vínculo con Giammattei», en el que se mencionaba que el secretario general se había convertido en «la mano derecha y ojos de la encargada de la persecución penal»; además, de ser «la persona que coordina y dirige el despacho de Porras, sin embargo, su alcance de incidir en toma de decisiones llega hasta otras dependencias del Estado, según fuentes consultadas por La Hora».
Esto pone en duda si Porras, efectivamente, dirige la institución.
La nota titulada como: «Sin celular, redes sociales y acceso directo: Consuelo Porras y el mundo que le enseña su círculo más cercano», menciona que la fiscal general, ha tejido un círculo de poder cerrado y leal.
«A su alrededor orbitan fiscales, secretarios y asesores escogidos con pinzas, hombres de su entera confianza que no solo acompañan sus decisiones, sino que influyen e incluso han decidido algunas de ellas, según explican a La Hora fuentes internas con conocimiento del tema», dice ese trabajo.
«Cuatro fuentes internas del MP, cercanas al despacho de la fiscal general, coinciden en un punto: las decisiones de Porras no se toman en solitario.
Consultadas por La Hora bajo estricta condición de anonimato —por temor a represalias—, los trabajadores aseguraron que muchas de las decisiones que toma la jefa del ente investigador responden, en buena medida, a las recomendaciones de su núcleo de confianza.
En ese engranaje de poder destaca una figura clave: su mano derecha, el secretario general del MP, quien actúa como filtro, operador y confidente en las movidas más confidenciales del despacho superior, dice ese trabajo.
OTRAS RAZONES
No obstante, la Corte rechazó el resto de argumentos que plantearon los abogados para que el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP fuera considerado inconstitucional.
En su escrito, los notarios afirmaban que la Constitución dice que el presidente puede destituir al jefe del MP «por causa justificada debidamente establecida».
Aparte de la incapacidad física o mental, enumeraban otras posibles causas, siendo estas: una grave negligencia, la contravención a la ley, si su desempeño es deficiente o si los resultados de su gestión son negativos.
Esgrimiendo que Porras defiende corrupción, Arévalo recurre al Congreso para su remoción
Actualmente, el MP, dirigido por Porras —sancionada en más de 40 países por ser un actor antidemocrático y señalado de corrupción—, se enfrenta a señalamientos de que la fiscalía no investiga actos de corrupción de la administración de Alejandro Giammattei y de gobiernos anteriores, y en cambio, ha enfocado sus baterías en contra de la administración de Arévalo.
De esa forma, no hay resultados concretos en casos donde hay serias sospechas de corrupción, como en la compra de vacunas contra el coronavirus, Sputnik V, y múltiples proyectos de infraestructura que costaron millones de quetzales, pero que no fueron concluidos.
De igual forma, se le acusa al MP de haber dirigido un intento por desconocer los resultados electorales que, en 2023, dieron la Presidencia a Arévalo, quien participó por el partido político Movimiento Semilla, hoy cancelado debido a una orden de un juez.
Aunque estos podrían ser considerados como motivos para iniciar una causa legal que derivaba en una eventual destitución de Porras, los abogados que promovieron la inconstitucionalidad dijeron que es imposible que un fiscal general se investigue asimismo.
Además, que cuatro años —el tiempo que está en el cargo el fiscal general, según la Constitución— no son suficientes para iniciar una causa y que esta desemboque en una «sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada», como establece el artículo 14, si se toma encuentra, las apelaciones y amparos que suelen presentarse.
Pero la CC expuso que dichas afirmaciones se basan en “cuestiones fácticas, apreciaciones subjetivas y conjeturas que no revisten un análisis técnico jurídico en abstracto que denote algún vicio de carácter normativo”.
Añade que ese reclamo no se basa en el contenido de la norma reprochada, sino en posibles dificultades que podrían suscitarse en su eventual aplicación.
DESTITUCIÓN
En campaña, el presidente Arévalo ofreció que al llegar al poder pediría la destitución de la jefa del Ministerio Público, por encabezar la embestida en contra de la voluntad popular.
En abril de 2024, volvió a declarar que no descansaría hasta lograr la destitución de Porras.
Sin embargo, desde que asumió el cargo ha llevado a cabo tibias acciones en busca de tal objetivo, que al fin de cuentas, no le han funcionado y que, incluso, le han dejado mal parado, como el día que la invitó a participar a una reunión de gabinete y a poco de iniciar la junta Porras se paró y abandonó la Casa Presidencial.
A la actual fiscal le queda menos de un año para dejar el cargo, y a Arévalo le corresponde nombrar a su sustituto o sustituta de una lista final que debe trasladarle una comisión de postulación.
