Tragedia en la zona 6: El percance fatal y las irregularidades que ya había denunciado la DGT

Como si se hubiera tratado de una advertencia, las autoridades de la Dirección General de Transportes (DGT) dieron a conocer la semana pasada —días antes del trágico accidente de este 10 de febrero en la zona 6 capitalina— que los sobornos, ya no eran moneda de cambio para conceder autorizaciones, sugiriendo que era la norma, hasta antes de que asumieran el cargo.

La madrugada de este lunes un bus del transporte extraurbano que había salido de una aldea de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, perdió el control y se embarrancó cuando bajaba en la calzada La Paz, zona 6, y cayó al fondo, en un río de aguas negras, a orillas de la colonia Jesús de la Buena Esperanza.

El accidente dejó como saldo medio centenar de fallecidos, entre hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales se dirigían a sus trabajos o a estudiar.

A raíz del incidente han saltado varias preguntas que inevitablemente provocan que se voltee la vista a la DGT, que es la entidad encargada del control de este tipo de transporte y que avala y autoriza los permisos de circulación.

Una de las inconsistencias que han salido a luz es que el piloto del bus conducía la unidad con una licencia tipo C; que, según la Ley de Tránsito, permite conducir “automóviles, paneles, microbuses, picops, con o sin remolque y un peso bruto máximo de hasta 3.5 toneladas métricas sin recibir remuneración”.

La licencia que debió portar el piloto es la tipo A, que permite manejar vehículos de carga de más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo, transporte escolar y colectivo (urbano y extraurbano), de acuerdo con la Ley.

Asimismo, se conoció por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) que era la primera licencia de conducir que había tramitado el conductor de la unidad, que tenía 24 años, y que es uno de los fallecidos. La licencia A, según la Ley, se le puede otorgar a alguien que tenga 23 años y que antes haya tenido la C o B al menos tres años.

De igual forma, la PNC explicó que el bus debió circular sobre toda la ruta al Atlántico y pasar sobre el puente Belice, es decir, que se desvió hacia un lugar que no era parte del trayecto autorizado.

Directora de la DGT: “La corrupción en la institución no puede continuar”

ADVERTENCIAS

Recientemente la directora General de Transportes, Elizabeth Velásquez, dio a conocer que ha presentado cuatro denuncias en el Ministerio Público (MP) por irregularidades detectadas en la institución, que van desde expedientes desaparecidos hasta autorizaciones anómalas de permisos de transporte.

Entre otras razones, puntualmente, las denuncias obedecen a la venta de permisos temporales “ilegales” en la Dirección, que se daban con formularios que ni siquiera estaban autorizados por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Esto hace sospechar de lo permeable que ha sido la DGT a la corrupción a lo largo de los años. De hecho, Velásquez afirmó que el dinero —entiéndase sobornos— “ya no implica ningún privilegio” para los transportistas.

“Estamos transparentando la administración, y le decimos a la gente que no pague por ningún servicio. No vamos a correr con su expediente si usted paga algo”, subrayó la funcionaria. “Antes, si no pagaban, eso significaba que los expedientes eran abandonados”, recalcó.

El artículo 25 del Reglamento del servicio de transporte extraurbano de pasajeros por carretera, que está en la página web de la DGT, dice que una de las consideraciones a tomarse en cuenta para autorizar la renovación de una licencia de operación es “la seguridad, capacidad y estado físico y funcional de los vehículos utilizados por el porteador”.

PNC interviene en la Dirección General de Transporte por venta de permisos «falsos»

Asimismo, el artículo 57 del mismo Reglamento dice que “la Dirección velará por medio de sus inspectores que los porteadores cumplan estrictamente con el presente Reglamento” y “podrá comprobar en cualquier momento el estado de los vehículos”.

El 58, por aparte, señala que autoridades e inspectores podrán efectuar viajes en los vehículos de las rutas autorizadas para cerciorarse de su estado.

Sin embargo, en el pasado, las decisiones de la DGT se han caracterizado, a decir de Velásquez, por la discrecionalidad que ha propiciado “decisiones antojadizas y arbitrarias de cualquiera de los servidores públicos”.

“No se vale que a mi antojadizamente se me ocurra detener un procedimiento, o solo porque no me cae bien un transportista o porque en la línea —de transporte— que solicita es competencia de un mi amigo”, subrayó la semana pasada en una comparecencia ante los medios de comunicación.

OPERATIVOS

De igual forma, el 30 de octubre de 2024, Velásquez se quejó por la falta de voluntad de algunos de los trabajadores de la DGT para participar en operativos, aduciendo que se les estaba sobrecargando de trabajo y porque no están de acuerdo en hacerlos en conjunto con oficiales de la unidad de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL).

Ambas instituciones, la DGT y Provial, dependen del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV).

Días después, el 14 de noviembre, la funcionaria dijo a La Hora que existe una intención de paralizar la institución, aunque el sindicato de trabajadores lo negó rotundamente.

“Tenemos problemas en la respuesta que debiéramos tener en los trabajadores… creo yo que no han atendido el mensaje que hacemos nosotros de subirse a este barco”, indicó Velásquez, en esa oportunidad.

Añadió que también han enfrentado el problema de que varios trabajadores no se hallan en sus puestos de trabajo en días y horas hábiles y que, al consultar con el departamento de Recursos Humanos, les dicen que no han pedido ningún permiso especial para ausentarse.

“El llamado al cambio que hemos hecho no está siendo escuchado”, expuso la funcionaria, quien no descartó que la actitud de los trabajadores sea una represalia porque algunos usuarios comienzan a atreverse a denunciar.

RED DE CORRUPCIÓN

A finales de octubre de 2024, fuentes internas de la DGT dieron a conocer que en la institución ha funcionado desde hace años una red de empleados que se dedican cobrar sobornos para la autorización de permisos, y dijo que esta funciona desde hace años y rota al personal en puestos importantes.

La fuente dijo que la mayoría de integrantes de esta red están sindicalizados. Pero es algo que rechazó el Sindicato de Trabajadores de la DGT.

“Estamos en contra de la corrupción y de todo acto anómalo. No estamos entorpeciendo la gestión de la actual administración. No somos delincuentes, no somo sicarios para que tengan miedo de denunciar, si tienen pruebas que denuncien para que se transparente la imagen de la institución”, precisó Mayra Herrera, secretaria general del Sindicato.

Más de 2 mil buses extraurbanos han sido inspeccionados por la DGT