Cuando faltaban dos días para que Alejandro de Giammattei dejara el cargo —12 de enero de 2024—, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) efectuó millonarios pagos a una de las constructoras más políticas: Asfaltos y Petróleos de Guatemala S. A. (Aspetro) que se le vincula con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del exgobernante.
Un reporte generado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), que registra los movimientos contables de instituciones públicas, detalla que la compañía en mención recibió cuatro desembolsos en dicha fecha, que sumaron Q93.8 millones.
Los pagos obedecieron a las estimaciones 10, 11, 12 y 13 del proyecto, rehabilitación de la ruta Interamericana a occidente, que va de Patzicía, Chimaltenango, a Los Encuentros, Sololá.
En total, esta compañía ha recibido este año Q104.3 millones en pagos debido a que el CIV de la actual administración de gobierno les desembolsó tres estimaciones por una carretera que va de la CA1 occidente, hasta las aldeas Xejuyub y Chiquisis, en Sololá, por Q10.5 millones.
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¿QUIÉN ES ASPETRO?
La constructora Aspetro fue la segunda más privilegiada con contratos durante la administración de Giammattei. Aunque tiene un historial de contratos con el Estado desde hace casi 20 años, en el cuatrienio de 2020 a 2024, aumentó sus adjudicaciones como nunca.
La firma pasó de facturar Q18 millones en 2005 a facturar Q990 millones en 2023, un incremento de 5,400%.
El 20 de julio de 2022, el Departamento de Estado informó que Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva fueron incluidos en la lista Engel, de actores señalados de actos de corrupción y de socavar las instituciones del Estado.
Ambos —padre e hijo— son personas vinculadas a Aspetro. La Hora pudo establecer que la sanción a los señores López obedece, en parte, a la relación que estos tenían con Martínez, exjefe del Centro de Gobierno.
Washington señaló a padre e hijo de incurrir en una “importante corrupción, al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del Gobierno”.
En la administración del expresidente Óscar Berger (2004-2008) se le dieron siete adjudicaciones por Q65.59 millones.
En los cuatro años de la siguiente administración —la de Álvaro Colom—, se hizo de 11 contratos que le representaron Q96.2 millones, la mayoría firmados con el CIV.
En el cuatrienio del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2016) obtuvo Q219.49 millones y en el de Jimmy Morales (2016-2020), Q534.44 millones.
Fue en el gobierno de Giammattei cuando Aspetro experimentó un crecimiento exponencial de las adjudicaciones recibidas, puesto que en los cuatro años obtuvo contratos por Q2 mil 14 millones y se convirtió en uno de los cinco principales proveedores del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV).
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CODICO Y 4 CARRILES
De igual forma, el CIV también efectuó pagos de última hora a Constructora Codico, S. A., que sumaron Q72.7 millones.
En total se le pagaron seis estimaciones por trabajos efectuados en el proyecto de rehabilitación de la carretera CA9 norte —ruta al Atlántico—, entre el desvío a Quiriguá y Puerto Barrios.
La empresa fue señalada en el caso “Construcción y Corrupción”. La tesis de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida en ese entonces por Juan Francisco Sandoval, señalaba a la compañía de pagar sobornos a sociedades de cartón vinculadas con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, con el objetivo de lograr el pago de deuda de arrastre y ganar contratos de obra pública; no obstante, la justicia ya cerró el caso en contra del exfuncionario.
Durante los 4 años del gobierno pasado, Codico recibió adjudicaciones por Q569.89 millones. Aunque estos fueron otorgados por distintas instituciones, su principal cliente fue el CIV.
Este año no ha firmado contratos con dicho ministerio, sin embargo, si ha alcanzado tres, el más elevado por Q18.2 millones con la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, por la construcción de un sistema de alcantarillado en un área rural. De igual forma tiene otros dos con la comuna de Puerto Barrios, Izabal, por los mismos trabajos, solo que en el área urbana.
El CIV también erogó el 12 de enero Q7 millones 510 mil a favor de la empresa 4 Carriles, S. A. —que fue constituida por Claudia Lucrecia Paredes actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia—. Las estimaciones pagadas fueron por la rehabilitación de la ruta CA2 occidente (al Pacífico), del tramo que va desde Catarina hasta la frontera El Carmen con México.
La compañía también ha estado a cargo proyectos polémicos como la construcción de la 8ª calle de Palín, Escuintla, un proyecto de Q25 millones que se inauguró, casualmente, el 12 de enero del año pasado, pero que todavía no puede ser transitada por vehículos porque le falta la parte final.
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Actualmente, se prorrogó el contrato y la construcción se encuentra suspendida debido a que deben moverse postes y cables de diferentes servicios.
También es la responsable de la rehabilitación de la carretera que conecta a Palín, Escuintla, con Santa María de Jesús, Sacatepéquez, proyecto que costó Q82 millones y que una parte se destruyó con las primeras lluvias de este año.
De igual forma 4 Carriles S. A. también se convirtió en una de las favoritas del CIV. Según datos de Guatecompras, apenas en 2019 empezó a hacer negocios con el Estado y ya en los siguientes cuatro años (2020, 2021, 2022 y 2023) se hizo de 11 adjudicaciones con este Ministerio que le representaron Q558.4 millones.