¿Hay algún interés de Miguel Martínez en el negocio de la publicidad del Aeropuerto La Aurora?

Alrededor de la venta de publicidad en el Aeropuerto La Aurora pululan intereses económicos que han dado batalla para hacerse del negocio que, según las autoridades aeroportuarias actuales, está generando unos Q10 millones mensuales.

El pasado 19 de septiembre, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) denunció la existencia de un contrato de arrendamiento de distintas áreas del Aeropuerto con la empresa Media Airport System que, asegura, es lesivo para los intereses del Estado, puesto que le ha permitido a la compañía vender publicidad en ese lugar desde 2013 sin pagar por el alquiler de los espacios desde 2014.

El litigio legal que empezó en 2018 pasó por dos procesos judiciales, uno contencioso administrativo que fue declarado en favor de la DGAC, incluso en apelación; y otro civil, que también parece haberse dictaminado en contra de la empresa, con la resolución a finales de septiembre pasado del juez Noveno de Primera Instancia Civil, Federico Gerardo Maza González-Campo, quien retiró las medidas precautorias en favor de la empresa que le había otorgado desde 2019, con las cuales Media Airport System continuaba operando sin pagar la renta a la DGAC.

RED CRIMINAL

El pasado 2 de octubre La Hora publicó las declaraciones del representante legal de Media Airport System, Douglas Ovalle, quien señaló la existencia de una “red criminal” que buscaba sacarlo del negocio.

Dijo que existe “un contubernio entre las actuales autoridades —de la DGAC— y personajes de una empresa que se llama Mundo Publicitario”. “Hay gente que quiere tener esa publicidad, si no, no estaríamos en esta situación”, agregó.

Quienes supuestamente lo quieren fuera del negocio, remarcó, son personas que, en algún momento, laboraron para el exministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi —señalado en cinco procesos judiciales, pero de los que se ha librado casi de todos—.

“Son todos los que trabajaron con él y se quedaron con el pisto, ahora están viendo cómo se quedan con las cosas, esa es mi percepción personal”, subrayó. Entre los nombres mencionó a Eusebio Tito Merlos.

Ovalle asegura que García-Merlos fue una de las personas que le ofreció la representación legal de Media Airport System, aunque no era socio de la compañía. Hasta la fecha, asegura que ignora quiénes son los socios de la firma a la que legalmente representa.

¿INTERÉS DE MIGUEL MARTÍNEZ?

Los vínculos de Media Airport System obligan a preguntarle a Miguel Martínez su interés en el negocio. Según información que obtuvo La Hora del Registro Mercantil, el abogado José Luis Oropin constituyó a la empresa Ancestral, S. A., sociedad que a su vez tiene acciones en Media Airport System.

De igual forma, tiene relación profesional con el abogado que constituyó varias empresas vinculadas en el caso B410 denunciado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el pasado 14 de agosto, y que trata de una estructura de más de 400 compañías, muchas de ellas fantasma, que se crearon para defraudar al fisco, por lo menos en Q300 millones, segñun la misma SAT.

Según información que conoció La Hora, la estructura B410  apunta a la operación de Miguel Martínez. Una de las constructoras que más facturó por servicios al Estado, Aspetro, S. A., hizo negocios con estas compañías de la llamada B410. Esta sociedad y Miguel Martínez, exdirector del director del Centro de Gobierno y pareja de Giammattei, tienen un historial pasado.

Oropin constituyó varias de las empresas de dicha estructura de defraudación, entre estas, Grupo Basado, S.A., Inversiones Caddie, Inversiones Humedales, Kaizen Inc y Megalodon, S.A.

Por otro lado, también comparte oficina con su colega David Francisco Barrera Maldonado que, según la SAT, fue quien constituyó a más de la mitad de las empresas de la red B410.

Dada la presencia del abogado Oropin, La Hora consultó a Martínez.

MARTÍNEZ: “NO TENGO NADA QUE VER”

La Hora se comunicó con el exjefe del Centro de Gobierno quien respondió que no tiene “nada que ver ni con la publicidad —en el Aeropuerto La Aurora— ni con alguna empresa —de las involucradas en el caso— B410”.

Al mismo tiempo, cuestionó la finalidad de este medio de pretender, según él, vincularlo “con todo”.

“El negocio del aeropuerto entiendo que viene desde el —Partido— Patriota, solo falta que digan que yo estaba en ese gobierno también. Y las constructoras ya han aclarado mil veces que el tema es problema de cada empresa. Yo no tengo nada que ver, cómo tu medio me ha querido vincular en repetidas ocasiones”, respondió Martínez.

“Y espero que si sacas algún reportaje lo hagas con pruebas y no solo como están acostumbrados a hacerlo. Y publiques mis respuestas. Si tenés algún dato que me vincule directamente con algo con gusto te responderé, si no todo es un invento de ustedes para seguir engañando a la población”, respondió al reportero de este medio.

GARCÍA-MERLOS: OVALLE SABÍA QUIÉNES ERAN LOS ACCIONISTAS

La Hora también se comunicó con Jorge García-Merlos, a quien Douglas Ovalle, actual representante de Media Airport System, señala de haberlo nombrado representante legal y negó todos los señalamientos.

Ovalle declaró a La Hora que fue nombrado como representante legal de la compañía en mención, pero que nunca fue informado y hasta hoy desconoce quiénes son los socios de la firma. En declaraciones a este medio dijo que, a pesar de estas irregularidades, no abandonó el cargo por que «ya estaba montado en el macho”.

García-Merlos aclaró que Ovalle sabía “perfectamente bien” quiénes eran los accionistas puesto que el día que fue nombrado él firmó una declaración jurada donde aceptó el cargo y ahí estaba expresado el nombre de los accionistas, que son dos entidades fuera de plaza (off shore) panameñas.

Representante legal de Media Airport System, es suplente en el IGSS

Explicó que antes del nombramiento no conocía a Ovalle. Quien había tratado con él, dijo, era Antonio Mourra, quien fungía como mandatario de una de las entidades panameñas. “Aquí no hay nada raro, como él —Ovalle— trata de hacer ver. No sé cuál es su intención al inventar este tipo de cuestiones”, subrayó.

Aunque no se atreve a asegurar que Ovalle pretende adueñarse de Media Airport System, admite que “pareciera, esa es su intención”.

“Yo sé que desconoció a los accionistas —Ovalle— sabiendo él quiénes eran, cómo hace para nombrarse —como representante legal— no lo sé», explica García-Merlos, puesto que para hacerlo se requiere de la autorización de los socios.

García-Merlos añade que su papel relacionado con Media Airport System se limitó a ayudar a Mourra a tratar de “poner orden en esto” pero al ver los problemas que tenía la sociedad se alejó y hasta hoy desconoce cómo se encuentra dicho litigio legal.

Además, cuestionó las declaraciones que Ovalle dio a este medio, en relación a que no abandonó el cargo al ver que representaba a una sociedad de la cual no conocía a los accionistas. «Por su propio peso caen”, remarcó, al mismo tiempo de indicar que, en su momento, presentará el acta donde él aceptó el cargo.