La Botica recupera su posibilidad de entregar productos

En mayo pasado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ordenó el cierre temporal de La Botica, S.A., una farmacéutica vinculada a Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei, que fue favorecida durante su mandato con millonarios contratos, especialmente por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 

No obstante, mediante un documento que hizo circular el IGSS y al cual tuvo acceso La Hora, se conoció que dicha medida fue levantada recientemente, por lo que la empresa puede volver a funcionar normalmente. 

Cabe recordar el cierre de la compañía fue adoptada por el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos, tras detectar una serie de irregularidades que, según la resolución oficial, representaban un riesgo para la salud pública. 

De acuerdo con el oficio circular 1753/2025 de fecha 28 de julio, dirigido a directores departamentales, médicos, administrativos, financieros, administradores, encargados de compras, jefes de farmacia y bodega, el departamento de abastecimientos del IGSS, informa sobre el levantamiento de medidas preventivas que incluían el cierre temporal y la suspensión de la licencia sanitaria No. 2990-2022 de La Botica.

El documento señala que a partir de la notificación emitida el 25 de julio, dicho proveedor ha sido legalmente habilitado nuevamente para continuar cumpliendo con los contratos vigentes con el Seguro Social. 

“Se considera procedente que las unidades médicas reanuden la recepción de medicamentos y productos farmacéuticos contratados con la empresa la Botica, en apego a los términos contractuales y a partir de la fecha en que se notificó el levantamiento de las medidas antes descritas”, dice el documento. 

Asimismo, indica que la instrucción se emite con fundamento a lo establecido en las normativas institucionales vigentes y corresponde a la opinión técnica de las dependencias antes mencionadas. 

SALUD LO CONFIRMA

“Sí, se levantaron las medidas preventivas, porque resolvieron los problemas que tenían ellos en bodega, que por eso tenían medidas preventivas”, aseguró una fuente del Ministerio de Salud. 

La fuente recordó que La Botica, tenía unos medicamentos que no cumplían con el registro, porque eran declarados con un fabricante, y luego los introdujeron con otros fabricantes, por lo que se les prohibió su comercialización y al menos esa medida sigue vigente. 

“Se fue a inspeccionar y se encontraron deficiencias en las bodegas, se les pusieron sanciones preventivas y se les retiró temporalmente la licencia sanitaria, hasta que ellos resolvieran los problemas en su bodega”, reiteró la fuente. 

La Botica, vinculada a Martínez y favorita en el IGSS, en problemas: cierre temporal de Salud

De acuerdo con la información, a la farmacéutica se le impuso una multa estimada de 150 salarios mínimos por el incumplimiento del registro de esos medicamentos, no obstante, tienen una revocatoria en el ministerio que busca anular la sanción económica, situación que está siendo analizada en el departamento jurídico. 

Es de recordar que la inspección sanitaria realizada el pasado 19 de febrero, identificó que la firma operaba fuera de los márgenes legales establecidos. Compartía espacio físico con la droguería Abasto Farma, sin una separación adecuada, violando así la norma técnica vigente. 

Además, la entidad funcionaba con una licencia de farmacia, pese a que no se encontró un área diferenciada para tal función ni registros de venta al público, lo cual contraviene su categoría de operación. 

Durante esa visita se localizaron productos vencidos almacenados en áreas no autorizadas, empaques de medicamentos con registros sanitarios de años anteriores cuya validez no pudo ser verificada, y la existencia de 631 unidades del antiviral Remdesivir (bajo la marca Remdac) que fueron precintadas tras comprobarse que el análisis de calidad fue realizado por un laboratorio no autorizado en el registro sanitario.

A esto se sumó la falta de documentación que respaldara la trazabilidad del Remdesivir —un medicamento contra el COVID-19—, como kardex, facturas de importación o destrucción, y la negativa de La Botica S.A., entregar información alegando una auditoría interna de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y que de esa cuenta el personal se encontraba ocupado y no podía brindar información.

MARTÍNEZ Y LA BOTICA

La Botica, S.A., una empresa farmacéutica poco conocida hasta hace algunos años, se consolidó como una de las principales proveedoras del Estado durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por recibir sobornos durante su gobierno.

Según distintas publicaciones periodísticas, la empresa mantiene un vínculo con Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno y pareja de Giammattei. Martínez fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. con la congelación de sus activos por confabularse con otros funcionarios para adjudicar ilegalmente contratos a oferentes favorecidos fuera de Guatecompras con un interés económico detrás.

El nexo de Martínez con La Botica se establece a través de Jairo Ernesto Ponce Fernández, amigo de Martínez, identificado en redes sociales con el apodo de “Cuto”. Su hermano, Dorian Fabián Ponce Fernández, figuró como presidente del Consejo de Administración de La Botica. No obstante, varios reportajes indican que Jairo Ponce es quien en realidad dirige la empresa.

Gracias al IGSS principalmente, La Botica cerca de igualar sus millonarios contratos de 2023

Ambos acompañaron a Giammattei en un viaje oficial a España en diciembre de 2019, a una reunión de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, poco antes de que el Presidente asumiera el cargo.

En abril de 2022, una investigación periodística reveló que el gobierno rebautizó un puente con el apodo de “Cuto”, en aparente dedicatoria a Jairo Ponce. La estructura se ubica en la Ruta Nacional 14, sobre el río Guacalate, y anteriormente se llamaba Tetuán. Además, una imagen ampliamente difundida muestra a Martínez, Giammattei y Ponce brindando juntos en una boda, lo que reforzó la percepción de cercanía entre los tres.

Mientras tanto, los ingresos de La Botica crecieron de forma exponencial. De 2015 a 2019, acumuló adjudicaciones por Q16.7 millones. Pero entre 2020 y 2023 —bajo la administración de Giammattei— el monto subió a Q547.9 millones, según Guatecompras. El 75 % de ese total provino del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), mientras que el resto fue adjudicado por el Ministerio de Salud y otras entidades.

En esos cuatro años, la empresa obtuvo el 97% de todos los contratos públicos que ha ganado desde que comenzó a hacer negocios con el Estado.

DENUNCIA QUE NO CAMINA

El 13 de junio de 2024, La Hora reveló que el Ministerio Público (MP) de Porras no daba impulso a una investigación contra La Botica, S. A., a pesar de los indicios de transacciones sospechosas detectadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). La denuncia que presentaron sigue sin avances.

Según la publicación, un banco del sistema alertó que las cuentas a nombre de La Botica habían recibido depósitos millonarios procedentes del IGSS y de la Tesorería Nacional, correspondientes a adjudicaciones públicas. Las sumas involucradas encendieron alarmas por no corresponder con el perfil económico de la empresa.

La investigación apuntaba, además, a un incremento inusual en las adjudicaciones y una fuente citada en la publicación indicó que en Guatecompras se podía observar un incremento en los contratos y compras directas que ha tenido la entidad, incluso cuando sus ofertas han sido superiores a los demás participantes, generando una especie de monopolio con precios sobrevalorados.

Asimismo, la publicación indica que dicha pesquisa estableció que La Botica tiene como beneficiarios de fondos a diferentes personas individuales y jurídicas con las cuales no se observa relación comercial, debido a que algunas se dedican a la venta de materiales de construcción, arrendamiento de maquinaria y reparación de obras, por lo que las transacciones financieras con estos últimos podrían no tener una justificación legal o comercial.