Las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, (DGAC), informaron que interpusieron un recurso ante la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que suspenda la resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, que otorga el beneficio a la empresa Media Airport System, para seguir explotando las áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), para la colocación de publicidad.
De acuerdo con la directora interina de la institución, Azucena Zelaya, se presentó dicho recurso por violaciones a principios y derechos constitucionales entre los que menciona, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, principio de legitimidad, derecho de propiedad del Estado, al régimen especial de bienes de la nación, a la protección especial de infraestructura aeroportuaria, así como a la supremacía constitucional y a las normas sustantivas en materia civil.
Otro de los argumentos es que hubo violación al reglamento tarifario para el otorgamiento de arrendamientos en infraestructura portuaria y fraude de ley.
La Cámara debería responder si da lugar a dicho recurso en 48 horas. Si este no es favorable a la DGAC, acudirán a otras instancias como la Corte de Constitucionalidad (CC), indicó Zelaya.
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La funcionaria manifestó que a esta lucha para recuperar los espacios del AILA se ha unido la Procuraduría General de la Nación (PGN) y buscan crear un bloque de defensa que incluya también al Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
De acuerdo con la información proporcionada, la institución recibió una notificación de dicha sala, en la cual resuelven que han sido restituidas las medidas precautorias a Media Airport System, cuyo representante legal es Douglas Ovalle Ruano, por lo que le devuelven los derechos para seguir usando casi el 100% de las áreas del aeropuerto para publicidad.
“Nosotros estamos actuando de manera contundente, porque consideramos que ese contrato es lesivo para el Estado”, dijo Zelaya.
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UN PROCESO LARGO Y VICIOSO
Juan Pablo Linares, asesor legal de la DGAC, explicó que el 29 de diciembre de 2007 se suscribió el contrato entre dicha institución y la compañía, con un plazo de 10 años por la explotación de espacios publicitarios, el cual incluía 382 áreas, equivalentes a 1771.99mts2.
Sin embargo, en junio de 2017 la DGAC dio por terminado el contrato, debido al incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa, es decir, la falta de pago por las áreas arrendadas, que al día de hoy asciende a Q41.2 millones, por lo que se ordenó el desalojo.
Pero con la intención de no perder dicho beneficio, Ovalle Ruano, presentó un recurso de revocatoria al CIV, el cual fue declarado sin lugar.
No obstante, en septiembre de 2018, el representante de la empresa interpone otro recurso en lo contencioso administrativo, para permitirle el goce de las áreas para su aprovechamiento directo e indirecto, así como aceptar la realización de pagos y que se abstengan de ejecutar cualquier acto administrativo que tienda a limitar el ejercicio de los derechos del arrendatario, lo cual consigue con las medidas precautorias.
Linares reitera que por casi siete años, la empresa de publicidad recupera los espacios, pero no hace ningún pago a la DGAC, tampoco por servicios como agua, luz, internet, entre otros.
Mientras tanto, en septiembre 2024 la institución presenta una solicitud para levantar dichas medidas que benefician a la compañía, por lo que el juez enmienda el procedimiento, aduciendo que hubo un error sustancial y que la resolución no tiene legitimación para demandar porque su relación proviene de un contrato de arrendamiento, por lo que nuevamente las áreas pasan a manos de la DGAC.
Pero Ovalle no se da por vencido y nuevamente presenta una apelación en contra de la enmienda, aduciendo que se violan los derechos porque no se le permite conocer el proceso completo hasta que se dicte sentencia.
Así es como en ese mismo año, otra vez, dictan medidas precautorias a la empresa Media System para seguir usando los espacios del aeropuerto.
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“Cinco meses después, la sala segunda de apelaciones, sin entrar en detalle de los argumentos que presentamos, sin analizar de fondo la enmienda, sin conocer nada, protege al empresario, se va completamente con la protección al derecho de defensa de Media a través de una resolución violatoria del debido proceso”, dijo Linares.
“Todas las acciones que hemos hecho, han sido bombardeadas por el sector justicia, digamos que de una manera poco legítima”, reiteró.
“El Modus operandi es que con medidas precautorias congelan el proceso hasta que se dicte sentencia y pueden pasar años, mientras ellos siguen explotando los bienes del Estado”, acotó el abogado.
Por su parte, José Manuel Morales, jefe financiero de la DGAC, indicó que anualmente la institución debería de recibir Q2.6 millones mensuales por el arrendamiento de esas áreas, pero hasta el momento la empresa no ha pagado ni un centavo. Se estima que Media ha percibido por publicidad más de Q312 millones.
LUBRICA
En 2020, bajo la administración de Francis Argueta, Aeronáutica entregó por 15 años los derechos para la colocación de anuncios en el exterior del AILA a otra empresa, Lubrica, S. A. que, similar a Media Airport System, acumula una deuda con la DGAC, por Q392 mil 600.
Los funcionarios de Aeronáutica refieren que, en total, el contrato suscrito con Lubrica les da el derecho de explotar publicidad en 75 áreas que equivalen a 247.86 metros cuadrados.
En junio pasado, la DGAC decidió dar por terminado el contrato de forma anticipada por el incumplimiento de obligaciones, puntualmente porque decidieron subarrendar los espacios, una prohibición y causal de terminación establecida en el contrato.
Un mes después, la empresa planteó un recurso de revocatoria ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en contra de la terminación del contrato.
El monto no pagado de casi Q400 mil que mantiene Lubrica con la DGAC viene desde diciembre de 2021, informaron los funcionarios, cuando la empresa adujo que ya no pagaría más porque no se les había entregado el total del espacio asignado.
Se vuelve una constante: Empresa Lubrica debe Q392 mil por manejo de publicidad al Aeropuerto
QUIÉN ES DOUGLAS OVALLE
El administrador único de la empresa Media Airport System, S.A., es Douglas Ovalle Ruano, la cara pública de la compañía. Esta entidad, por medio de argucias legales, busca conservar el contrato de arrendamiento en el aeropuerto, pese a tener una deuda de Q41.2 millones.
Según la página del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Ovalle es miembro suplente por el sector patronal ante la Junta Directiva. Fue juramentado en 2020 por el entonces presidente Carlos Contreras.
De acuerdo con el IGSS, “Ovalle Ruano tiene una amplia experiencia de más de 20 años en consejos de administración, juntas directivas, asuntos corporativos y proyectos con organizaciones internacionales”.
Por otra parte, se pudo conocer que el representante de Media también fue nombrado en 2022, vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios.
Representante legal de Media Airport System, es suplente en el IGSS
De acuerdo con la información, el empresario también figura como representante legal de las entidades Mercagro, S.A., Bolsa de Productos y Mercancías, Labor Ovalle, S.A., CE Guatemala, S.A., Aceros Transformados, S.A., Corporación Nutrición y Belleza de Guatemala, S.A., Bolsa de Valores Global, S.A., entre otras.
No obstante, estas no registran negocios con el Estado.
En contraste, en el portal de Guatecompras de 2010 al 2017 sí aparece como persona individual que provee servicios del Estado.
En 2016 y 2017 tuvo contratos con la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), por servicios como técnico del Museo del Ferrocarril en contrato 029 por Q14 mil mensuales.
En 2010 y 2011 fue contratado por la Empresa Portuaria Quetzal, por servicios técnicos como asesor de la Junta Directiva en el renglón 189 por Q178 mil 477 y Q221 mil 109, respectivamente.
Además, según consta en documentos de Guatecompras, en 2009 fue Coordinador de la Unidad Ejecutora del Fondo Social de Solidaridad (FSS), cuya unidad pertenece al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI).
