El jueves 27 de marzo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aprobó la adjudicación de 12 contratos a diferentes proveedores por Q83.9 millones, para la construcción de 37 centros de salud que estarán ubicados en varios departamentos del país, según el portal de Guatecompras.
Los datos recabados por La Hora, dan cuenta que al menos tres de los contratistas que ganaron los concursos han sido señalados de irregularidades e incumplimiento en proyectos con otras instituciones, según lo han documentado dos medios de comunicación.
UN VINCULADO AL CASO B410
Uno de los oferentes es José Rodolfo Guerra Díaz, quien recibió un contrato por Q.7.4 millones.
El contratista es vinculado al caso B410 según la información que compartió la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el 14 de agosto de 2024, en el cual se presume que un conglomerado de empresas habrían defraudado al fisco por un monto superior a los Q300 millones.
Las investigaciones de dicha institución mencionan que la compañía de Guerra Díaz obtuvo seis adjudicaciones que le representaron Q99.9 millones, cinco por parte de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, y una más de la Dirección General de Caminos, unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Este último contrato fue el más elevado y consistió en el mejoramiento de un camino rural en Santa Ana, Petén, desde la bifurcación con la carretera CA-13 y aldea El Mango.
El portal gubernamental registra que en el gobierno de Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez, el contratista tuvo ingresos por más de Q191.1 millones, principalmente del CIV y de municipalidades de Petén y Alta Verapaz.
B410: Q449 millones en CAMINOS RURALES y los contratistas vinculados
Por otro lado, una nota periodística publicada por el medio Plaza Pública, hace mención de información presentada en un informe del Ministerio Público (MP) y la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el cual destacan varias prácticas que incluían a los constructores aglutinados en asociaciones y estructuras articuladas que supuestamente financiaban a las agrupaciones políticas.
“En ese informe, la familia Guerra fue presentada como ejemplo de una red político-económico ilícita. Los Guerra tienen vínculos con partidos políticos y con relaciones del entorno de Byron Berganza, condenado por narcotráfico en Estados Unidos en 2003”, detalla esa publicación.
Según la información compartida por Plaza Pública, las constructoras de esa familia ya habían sido denunciadas como financistas del Partido Patriota (PP), que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina y la agrupación Libertad Democrática Renovada (Lider) de Manuel Baldizón.

LA PUBLICACIÓN DE PRENSA LIBRE SOBRE UNO DE LOS CONTRATISTAS
Otro de los constructores que recibió un contrato por Q3.7 millones para la construcción de un centro asistencial es Iván Estuardo Porras Rivera.
Este proveedor ha tenido contrataciones millonarias con el Estado. El portal de Guatecompras registra que de 2005 a la fecha le han sido adjudicados Q452.1 millones.
Sus clientes han sido en su mayoría municipalidades de varios departamentos e instituciones del Ejecutivo como el CIV y el Ministerio de Educación (Mineduc).
Según Prensa Libre, Porras Rivera, fue condenado el 25 de enero de 2022 a dos años de prisión conmutables, por el delito del uso de documentos falsificados en una licitación pública para la construcción de pozos en la aldea Pontenzuelas, San José del Golfo.
No obstante, después de la sentencia, una de sus constructoras obtuvo contratos por Q2.2 millones con cuatro comunas, dice ese medio.
De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción del MP, el contratista fue ligado a proceso penal el 28 de diciembre de 2020, por la falta antes mencionada.
Sin embargo, el cumplimiento de la pena fue suspendido con la condición de que mantuviera buena conducta, informó el ente investigador en su momento.
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LOS VÍNCULOS CON EL EXPRESIDENTE DEL INDE, SEGÚN PLAZA PÚBLICA
En el caso de Marsa Inversiones, Sociedad Anónima, cuya adjudicación es de Q7.2 millones para la construcción otro centro asistencial, estaría vinculada con empresas del constructor Samuel Porfirio Ochoa de León.
Una publicación de Plaza Pública detalla que el empresario recibió contratos por más de Q150 millones en la administración de Melvin Quijivix, expresidente de la junta directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), designado por el del exgobernante, Alejandro Giammattei.
El artículo periodístico menciona que dos de las compañías del contratista fueron denunciadas por cobrar los anticipos sin entregar los resultados, estas son Constructora Ochoa López y Construvisión, S.A.
«Los socios fundadores de Marsa Inversiones, S.A., son Samuel Porfirio Ochoa, su esposa Marleni Alida López Galicia, sus hijas Genny Julissa, Marlen Paola y Melissa Yessenia Ochoa», dice esa publicación.
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Los datos de Guatecompras reflejan que Marsa obtuvo una adjudicación con el INDE por Q26 millones para la ampliación de la subestación eléctrica de Huehuetenango.
«Dicho contrato fue firmado por Samuel Porfirio Ochoa de León en representación de Marsa Inversiones, S.A. Además, en el documento legal se estableció que la dirección para recibir notificaciones es la 3 calle 12-21 zona 2 de Mixco colonia La Escuadrilla, que es el mismo domicilio que también señaló en sus contratos con el Inde para recibir notificaciones la empresa Construvision, S.A.», explica el medio.
Asimismo, coincide en ambas firmas que el contador registrado ante la SAT es la misma persona: José Armando González López.
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SALUD: «ESTAMOS ATENTOS»
Al ser consultadas las autoridades de la cartera sanitaria sobre las adjudicaciones a dichos proveedores y si hacen algún tipo de análisis o investigación antes de ceder los contratos, respondieron por medio de la oficina de comunicación social lo siguiente:
“Sí, tenemos conocimiento y estamos atentos a lo que está sucediendo; actualmente realizamos una investigación para constatar que las adjudicaciones se realizan a cabalidad, cumpliendo con lo requerido en la Ley de Contrataciones del Estado”, dice Salud.
Agregaron que: “Este proceso se lleva a cabo en la Unidad de Asuntos Internos del MSPAS, donde se verifica el avance físico de las obras, asegurando que los pagos realizados correspondan con dicho progreso. Además, se revisa la legalidad de las adjudicaciones. Una vez obtenidos los resultados, compartiremos la información con la población”, concluyeron sin dar más detalles.
LOS OTROS PROVEEDORES Y SUS CONTRATOS CON EL ESTADO
Todos los constructores que fueron elegidos para la edificación de los centros de salud, han tenido adjudicaciones millonarias a lo largo de los años con diferentes entidades estatales.
El contratista individual Jenner Isaías Orozco González, cuyo nombre comercial es Servicios Múltiples en Construcción, es uno de los proveedores que más ingresos ha tenido comparado con los demás.
Los registros de Guatecompras muestran que desde 2005 a 2025, ha tenido ingresos por Q664.2 millones. Ha trabajado con varias municipalidades e instituciones como ministerios.
En los últimos diez años tuvo más de la mitad de sus ingresos, ya que le fueron otorgados Q470 millones por varios trabajos.
La empresa A&L Proyecto, Sociedad Anónima, cuyo representante legal según Guatecompras es Néstor Arnaldo Hernández Navas, tiene registrados eventos desde 2007 a la fecha por Q300.3 millones.
Aunque sus contratos no superaban los Q11 millones, en 2019 tuvo ingresos por Q36.4 millones, de los cuales los más onerosos fueron dos del Ministerio de Comunicaciones, por Q27 millones, por concepto de mantenimiento de la red vial.
Las adjudicaciones fueron en aumento cada año, pero tuvo un incremento significativo en 2022, cuando facturó al Estado Q96.3 millones, de los cuales más de Q83 millones fueron del CIV por la rehabilitación de dos rutas y mantenimiento de la red vial.
Las constructoras que han recibido pagos este año y que han tenido señalamientos
Por otro lado está Raúl Guillermo Rodríguez Taylor. Este contratista tiene como nombres comerciales Aligrafe RR, Constructora RR, Elerblok y, O.P.C.I.
Rodríguez Taylor ha tenido 135 adjudicaciones por Q206.6 millones desde 2005 a 2025. Sus mejores años fueron 2017, 2019 y 2023, cuando tuvo contratos por Q24.6 millones, Q25.1 millones y Q76.6 millones, respectivamente.
En este último año, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), le adjudicó un evento de Q42.9 millones por la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la zona 3, Santa Cruz del Quiché, Quiché.
También está Alberto Eladio Imídeo Gómez Maldonado. Los registros muestran que, de 2008 a la fecha, ha tenido Q223.8 millones por diferentes trabajos relacionados con la construcción.
Sus años más fructíferos fueron de 2017 a 2023, en su mayoría ha hecho obras para varias municipalidades de San Marcos, Quetzaltenango, así como el Ministerio de Comunicaciones, el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), y la cartera de salud.
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CON MENORES INGRESOS, PERO SIEMPRE MILLONARIOS
Uno más de los que tendrán a cargo la construcción de los centros de salud es Juan José Ramos Valdéz, cuyo nombre comercial es Construcciones y Concretos San Antonio COL&CONSA.
Este proveedor ha tenido 112 contratos desde que inició sus trabajos con el Estado en 2001 a la fecha por Q112 millones 978.
Pese a que ya tenía varios años de trabajar con dichas entidades, fue en 2019 cuando sus ingresos se vieron incrementados por varias municipalidades de Santa Rosa y Quiché, que le otorgaron diferentes eventos.
Asimismo está Juan José Pérez López, un contratista individual que ha facturado de 2014 a la fecha más de Q138 millones. También se caracteriza porque más del 90 por ciento de los contratos son con comunas de diferentes departamentos.
En 2022 tuvo varios eventos, entre los que resaltan dos del CIV por Q35 millones, uno por la rehabilitación de la ruta CA-09-SUR-09, tramo Masagua-Puerto San José y el otro por el mismo concepto de la ruta RD-SMA-53, puente vehicular San Miguel Las Flores, Catarina, San Marcos.
Otro de los contratistas es Axel Oswaldo Morales Gaitán, con adjudicaciones desde 2009 por Q142.8 millones. También ha trabajado con el CIV para mantenimiento de la red vial y varias comunas en diferentes departamentos.
El constructor Kenny Steven Alfaro Estrada, cuyos contratos más costosos empiezan a partir del 2020, también recibió contratos por la construcción de los centros de salud. Aunque ha trabajado con varias municipalidades, uno de sus contratistas más importantes es el CIV. Ha recibido en total Q115 millones.
Además, está César Adolfo Casasola Morales o Constructora el Desvío, cuyos contratos desde 2008 han sido por Q63.2 millones.