La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, resolvió el pasado 9 de septiembre cerrar el proceso penal contra Haroldo Mendoza Matta y otros sindicados en el caso denominado Cancerbero, una investigación iniciada hace una década por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), pero que pasó a manos de la Fiscalía de Delitos contra la Vida. La resolución dicta el sobreseimiento, es decir, el cierre definitivo del proceso y la libertad de los acusados.
El fallo de Cruz, emitido tras una audiencia celebrada en la Torre de Tribunales, beneficia no solo a Mendoza Matta, señalado por la FECI de liderar una supuesta red responsable de asesinatos, secuestros y despojos de tierras, sino también a otros diez procesados. Entre ellos, Jimy Alexander Oliva Lara, Jerzi Natael Velásquez Alvarado, Miguel Ángel Felipe López y Estuardo Homar González Ortiz, acusados de supuestamente cometer delitos como asesinato, asociación ilícita, plagio o secuestro, conspiración para cometer robo agravado y allanamiento con agravación específica.
La juzgadora estableció dictar auto de sobreseimiento a favor de Haroldo Mendoza Matta y los demás sindicados y ordenó su libertad inmediata. Para quienes ya gozaban de medidas sustitutivas, se dispuso el cese de las mismas. Con esta decisión, el proceso queda cerrado y no habrá juicio oral y público.
La Hora consultó al Ministerio Público (MP) si la Fiscalía de Delitos contra la Vida presentó una apelación para revertir el fallo y que los acusados enfrenten un juicio, pero al cierre de la edición de esta nota no se obtuvo una respuesta. Una fuente con conocimiento del tema, pero que pidió no ser citada, aseguró a esta Redacción que la Fiscalía no se opuso y con ello dejó en firme la decisión de la jueza de beneficiar a los sindicados.
BENEFICIADOS
Haroldo Mendoza Matta
Delitos imputados: Asociación ilícita, robo agravado, allanamiento con agravación específica, conspiración para cometer robo agravado y plagio o secuestro.
Nelson Aroldo Machorro Fajardo
Delitos imputados: Allanamiento con agravación específica, conspiración para cometer robo agravado y plagio o secuestro.
Jimy Alexander Oliva Lara
Delitos imputados: Asociación ilícita y asesinato.
Jerzi Natael Velásquez Alvarado
Delitos imputados: Asesinato, plagio o secuestro, allanamiento con agravación específica en forma continuada y conspiración para el robo agravado.
Miguel Ángel Felipe López
Delitos imputados: Asociación ilícita, asesinato, plagio o secuestro, robo agravado y allanamiento con agravación específica.
Wilfredo Canahui Chavarría
Delitos imputados: Asesinato y asociación ilícita.
Félix Samuel Cruz Sánchez
Delitos imputados: Asesinato y asociación ilícita.
Estuardo Homar González Ortiz
Delitos imputados: Asesinato y asociación ilícita.
Juan José Pineda Alvarenga
Delitos imputados: Asociación ilícita, asesinato y conspiración para cometer robo agravado.
Marvin Mizraim Vásquez Valdez
Delito imputado: Plagio o secuestro.
Héctor Alejandro Martínez Hernández
Delitos imputados: Conspiración para el robo agravado y plagio o secuestro.
UNA DÉCADA ENTRE RECURSOS Y ATRASOS
El caso Cancerbero fue presentado en 2015 por la entonces FECI bajo el cargo de Juan Francisco Sandoval, cuando el MP trabajaba en conjunto con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La investigación apuntaba a una estructura supuestamente dirigida por Mendoza Matta que, según los fiscales, operaba en Morales y Los Amates, Izabal, donde intimidaba a comunidades rurales para despojarlas de sus tierras mediante violencia, amenazas y asesinatos.
Los hechos descritos por la fiscalía incluían el incendio de cultivos, la quema de viviendas y la ejecución de campesinos que se resistían a entregar sus terrenos. Los investigadores sostenían que Mendoza Matta actuaba como jefe de una organización criminal con fines económicos y territoriales, capaz de movilizar hombres armados y coordinar ataques selectivos.
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Sin embargo, durante diez años, el expediente se estancó en una cadena de recursos, recusaciones y audiencias suspendidas. Una de las más prolongadas fue la recusación planteada en 2018 contra el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, a quien las defensas acusaron de parcialidad. La Sala Segunda de Apelaciones tardó casi seis años en resolver ese incidente. La mayoría de las veces, las audiencias fueron suspendidas por la ausencia de abogados defensores o la presentación de excusas de última hora.
Cuando la recusación fue finalmente resuelta, en 2024, Gálvez ya había dejado su despacho tras exiliarse por otro caso. Por “sanidad procesal”, la Sala reasignó el expediente al juzgado de la jueza Abelina Cruz. Desde entonces, el proceso avanzó lentamente, con audiencias centradas en medidas sustitutivas y aceptación de cargos parciales. Fue hasta el 4 de julio de 2025 cuando se inició la audiencia de etapa intermedia, en la que debía determinarse si existían méritos para enviar el caso a juicio.
Dos meses después, la jueza dictó el sobreseimiento total.
UN FALLO MÁS EN LISTA
La resolución en favor de Mendoza Matta se suma a una larga serie de fallos de la jueza Cruz que han beneficiado a políticos, contratistas y exfuncionarios acusados de corrupción. En los últimos dos años, su nombre se ha asociado a decisiones que cerraron procesos de alto impacto o redujeron las penas a mínimos.
Entre los beneficiados figuran el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien obtuvo el cierre de dos casos: Construcción y Corrupción y Odebrecht; el también exministro José Luis Benito, liberado de los cargos más graves en el caso de los Q122 millones hallados en maletas; el excandidato presidencial Manuel Baldizón; el exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos; y el exdiputado Estuardo Galdámez, liberado en el expediente Asalto al Ministerio de Salud.
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La lista incluye, además, a diferentes perfiles, entre exfuncionarios y familiares de figuras políticas, como Beatriz Jansa Bianchi, esposa de Alejos, y Jaime Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina. En todos los casos, Cruz dictó resoluciones que cerraron procesos, cambiaron los delitos imputados por otros menos graves o concedieron penas mínimas.
Consultada en ocasiones anteriores sobre los cuestionamientos a sus decisiones, la jueza ha respondido con una frase lacónica: “Mi respuesta está en la resolución”.
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GALDÁMEZ
Durante las audiencias del caso Cancerbero, Haroldo Mendoza Matta fue acompañado por el exdiputado Estuardo Galdámez, un militar retirado y excandidato presidencial señalado en su momento de tráfico de influencias. Galdámez, quien ya había sido beneficiado por la jueza Cruz en 2024 con el cierre de su propio proceso penal, se mostró cercano a Mendoza Matta dentro de la sala de audiencias. Testigos aseguran que pidió a periodistas que no tomaran fotografías y conversó en repetidas ocasiones con los acusados.
El MP, que en esa última audiencia fue representado por el auxiliar fiscal Byron Pirir de León, no logró sostener la acusación. Según fuentes judiciales, la jueza consideró que no había elementos suficientes para enviar el caso a juicio y que la prueba reunida durante la investigación no acreditaba la participación directa de los acusados en los hechos señalados.
