Las mismas bancadas que articularon la reelección de Roberto Molina Barreto y Luis Rosales como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) ahora convergen en un nuevo frente legislativo: reformar —e incluso eliminar— el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), en una agenda que mezcla coincidencias políticas, cálculos electorales y tensiones con los gobiernos municipales.
Se trata de una alianza integrada por miembros de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Vamos, Visión con Valores (Viva) y Todos, bloques mayoritarios que en los últimos meses han impulsado distintas iniciativas sobre el tributo, con propuestas que van desde reducir la tasa hasta suprimirlo por completo.
Aunque ese grupo se ha visto robustecido en otras oportunidades también por bancadas de oposición al actual gobierno, como Unionista y Valor, estas se han desmarcado de la posibilidad de modificar el impuesto.
Ambos partidos tienen entre sus filas a alcaldes que dirigen municipalidades que se verían fuertemente afectadas por una disminución en la captación de fondos a través del IUSI, como Guatemala (de Unionista), Villa Nueva y San Miguel Petapa (de Valor).
Pese a las posturas encontradas respecto del tema, en la sesión plenaria de este martes 21 de abril se tiene previsto conocer en primera lectura dos de las iniciativas que plantean reducir el pago del IUSI. Se trata de las propuestas identificadas con las nomenclaturas 6586 y 6709.
Jefes de bloque se enfrentan por iniciar a discutir iniciativa de ley para reducir pago de IUSI
UNE PRESIONA
Las propuestas para bajar la tasa impositiva de este impuesto municipal han sido encabezadas por la UNE, que en las elecciones pasadas llevó al poder a 38 alcaldes y que, según se ha evidenciado en los meses recientes, está sumando más jefes ediles de cara los comicios que se celebrarán el próximo año.
El primer proyecto planteado en la X Legislatura relacionado con cambiar la Ley del IUSI salió de esa bancada. Registrada con la nomenclatura 6369, la propuesta era establecer un nuevo rango para pagar el tributo, llevándolo de Q1 a Q4 por millar y exonerando a quienes tuvieren propiedades valoradas en Q50 mil o menos.
Esta obtuvo dictamen desfavorable en agosto de 2024, y meses después el bloque presentó otra iniciativa en condiciones similares. Desde septiembre de 2025, la propuesta fue enviada a la Comisión de Finanzas y Moneda, donde está engavetada.
El tercer intento llegó con el proyecto 6709, que propone una tasa única de Q3 por millar para el pago del impuesto, sin importar el valor del bien. Además, busca exonerar los inmuebles a nombre de personas mayores de 60 años, siempre y cuando se trate de su vivienda principal, así como las propiedades cuyos propietarios aún las estén pagando.
La iniciativa ya tiene el dictamen favorable y es la que ha despertado mayor simpatía, no solo entre aliados de la oposición, sino también entre grupos que en diferentes eventos han votado junto con el oficialismo.
La Comunidad Elefante, CREO y Victoria, entre otras bancadas minoritarias, incluidos varios independientes, confirmaron que ven con buenos ojos aplicar tales cambios.
Las tres reformas para eximir o exonerar el IUSI que plantea la iniciativa que avanza en el Congreso
FELIPE ALEJOS IMPULSA ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO
El giro más radical en torno a los cambios del IUSI lo dio el bloque Todos, encabezado por Felipe Alejos.
La Dirección Legislativa recibió el pasado 15 de abril la iniciativa 6757, en la cual se plantea derogar el IUSI y, además, prohibir que las municipalidades establezcan otro tributo en sustitución de este. El proyecto lo hizo oficial el diputado Byron Rodríguez, pero el documento oficial también cita como ponente a Alejos y otros de sus compañeros de bancada.
Aunque las propuestas mencionadas difieren en alcance, el impulso proviene de los mismos bloques que han coincidido en votaciones clave dentro del Congreso, lo que perfila una nueva agenda común.
Además, miembros de distintos bloques afirmaron que ha habido discusiones con sus colegas de este grupo para impulsar una aprobación en el pleno, en el mediano plazo.
INTERESES EN JUEGO
Oficialmente, las dirigencias de estas bancadas sostienen que las reformas buscan aliviar la carga económica de la población. Sin embargo, dentro del Congreso y entre analistas surgen lecturas distintas
Inés Castillo, jefe del bloque UNE, aseguró que el único interés es atender “el principio de equidad y justicia tributaria”, pero otros diputados advierten que detrás del impulso de esta propuesta hay al menos dos objetivos políticos: capitalizar respaldo ciudadano, que se traduciría en votos, ya que se trata de un tema altamente sensible para la economía familiar, y propiciar el acercamiento de alcaldes de cara a las elecciones de 2027.
En esa lógica, el IUSI se convierte en una moneda de negociación. La eventual aprobación, modificación o incluso el congelamiento de las iniciativas podría influir en alianzas territoriales, apoyo de estructuras locales e incluso evitar migraciones de jefes ediles hacia otros partidos.
“Es un tema que puede usarse tanto para atraer votos como para negociar con autoridades locales”, reconoció un congresista que pidió no ser citado. Sin embargo, Castillo descartó tales extremos. “No hay nada de eso; nadie está hablando de presiones políticas, solo se trata de bajar un impuesto que es demasiado alto”, reiteró.
UN IMPUESTO POCO POPULAR, PERO CLAVE
El debate ocurre sobre un tributo que arrastra polémicas de antaño. Actualmente, el IUSI grava la propiedad de bienes inmuebles con tasas que van de 2 a 9 por millar, según el valor del bien, y constituye una fuente central de ingresos para las municipalidades.
Solo en 2025, la Municipalidad de Guatemala reportó una recaudación de Q752.26 millones por este concepto, mientras que la comuna de Santa Catarina Pinula captó más de Q100 millones y Mixco Q290 millones, según datos oficiales. Por ley, tales fondos se destinan a la ejecución de obra pública local.
Para el analista político Renzo Rosal, la discusión tiene una fuerte carga electoral. “Tiene una motivación muy populista y clientelar. Es una iniciativa que mucha gente vería con simpatía, pero que puede tener efectos importantes en la estructura tributaria y en la capacidad de los gobiernos locales”.
Rosal advierte que reducir o eliminar el impuesto podría debilitar a las municipalidades, que dependen de estos recursos para financiar servicios básicos e infraestructura.
“Es una iniciativa que un montón de gente diría qué bueno que bajen los impuestos, y más si se trata del IUSI, que tiene naturaleza de permanente, pero haría que los impulsores de la iniciativa se pongan la medallita y mejoren su imagen de cara a las elecciones del próximo año”, expresó el entrevistado.
Proponen exonerar del pago de IUSI a jubilados mayores de 70 años
«DEMAGOGIA Y PRESIÓN PARA ALCALDES»
Una postura similar fue compartida por un analista en asuntos de gobernanza local, quien por su trabajo con algunas comunas pidió no ser citado. El entrevistado indicó que “el costo político de aprobar los cambios a este impuesto sería alto para los partidos”, por lo que el tema, en su opinión, “es pura demagogia y no se va a aprobar”.
“El asunto solo ha salido a relucir para ganar votos; los diputados llegan a las comunidades a prometer que van a bajar el IUSI, pero la verdad es que no les conviene, porque afectarían a los alcaldes de su partido”, mencionó.
El experto también habló de la posibilidad de que el tema sirva como chantaje para jefes ediles que hayan mostrado interés en dejar el partido político por el cual fue electo en 2023.
“Definitivamente, decir que se empujará una iniciativa que va a disminuir los recursos de las municipalidades puede convertirse en una fuente de negociación local. No hay que olvidar que los alcaldes son los que aportan gran cantidad de los votos a los diputados y a los candidatos a la Presidencia, pues son líderes de sus jurisdicciones”, explicó.
A criterio del analista, aunque reformas como las que se han presentado en el Congreso se aprobaran, serían susceptibles de acciones legales, pues “tienen falencias técnicas”.
MENOS RECURSOS PARA OBRA LOCAL
La posibilidad de reformar la Ley del IUSI ha generado discusiones a distintos niveles y la mayoría de resistencias provienen precisamente de los gobiernos locales, especialmente de los municipios con mayor recaudación.
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, estimó que eliminar el tributo implicaría perder alrededor de Q100 millones anuales solo en esa jurisdicción, recursos que actualmente se destinan a obra pública, mantenimiento vial y servicios comunitarios.
Desde la Municipalidad de Guatemala también se advierte que cualquier reducción afectaría directamente la capacidad de inversión en servicios como agua potable, drenajes y alumbrado público, mientras que las autoridades de Mixco dijeron no tener aún una postura sobre el asunto.
ENTRE VIABILIDAD Y COSTO SOCIAL
En el Congreso, algunas bancadas se mantienen al margen. Valor y los disidentes del oficialismo, liderados por Samuel Pérez, aseguran que el tema no está en su radar. Otras, como Cabal, respaldan la eliminación, aunque condicionan su apoyo a posibles enmiendas.
José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), por su parte, considera necesario regular el impuesto ante posibles abusos, pero ve más viable una reducción que su eliminación total. No obstante, remarcó la importancia de que el tema no se aborde en un año enmarcado en intereses electorales.
Otros, como Rodrigo Pellecer, de Comunidad Elefante, reconocieron que debilitar las finanzas municipales podría tener efectos contraproducentes, mientras que Cristian Álvarez, de CREO, defendió la reducción como una medida necesaria para aliviar la economía familiar.
El factor electoral atraviesa toda la discusión. Incluso legisladores que respaldan los cambios a la citada normativa hicieron ver que el tema ayudaría a atraer votantes.
Jefes de bloque se enfrentan por iniciar a discutir iniciativa de ley para reducir pago de IUSI
UNA AGENDA CON CÁLCULO POLÍTICO
Tomando en cuenta tales aspectos, el resurgimiento del debate sobre el IUSI no solo refleja una discusión fiscal pendiente, sino también la capacidad de los bloques mayoritarios para articular agendas comunes en momentos clave.
Un ejemplo es como la misma alianza que incidió en la conformación de la Corte de Constitucionalidad ahora impulsa cambios en uno de los impuestos más sensibles para la ciudadanía y más estratégicos para el poder local.
En un año preelectoral, el futuro de ese impuesto se perfila menos como una discusión menos técnica y más como una disputa política donde se cruzan intereses territoriales, fiscales y electorales, según los analistas.
