Pese a contar con el presupuesto más alto de los últimos años, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) reportan una ejecución presupuestaria de 4.43% en lo que va de 2026; sin embargo, el avance real de la inversión sería significativamente menor.
Según el tablero de desembolsos del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), estas entidades han ejecutado Q654.56 millones de un presupuesto vigente de Q14,774.67 millones. La realidad en el campo es drásticamente distinta porque datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) señalan que apenas el 10% de esos fondos se ha traducido en ejecución efectiva, es decir, alrededor de Q59.5 millones.
EL DINERO SE MUEVE, PERO OBRAS NO AVANZAN
La diferencia entre desembolsos y ejecución evidencia una brecha clave, según el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos: los recursos están siendo transferidos, pero no necesariamente convertidos en proyectos terminados o en avance físico.
El propio desglose de los datos compartidos por el Minfin en su tablero de desembolsos a los Codedes muestra que la mayor parte de los fondos transferidos —Q631.51 millones— corresponde a la fuente 12, es decir, dinero de arrastre de 2024 y 2025 utilizado para pagar compromisos pendientes.
En contraste, los recursos para proyectos nuevos siguen prácticamente detenidos. Hasta el 16 de abril, solo tres departamentos —Escuintla, Guatemala y Sacatepéquez— habían recibido fondos del IVA-Paz (fuente 21), por un total de Q23.05 millones, de acuerdo con ese portal.
MILLONES ASIGNADOS, PERO SIN USO
Barrientos detalló que incluso dentro de la estructura presupuestaria hay rubros completos sin uso. Por ejemplo, el aporte ordinario —que debería sostener la inversión anual— apenas registra un 0.6% de ejecución; entretanto, del aporte extraordinario aprobado para este año, por Q6 mil 312 millones, no se ha ejecutado “ni un solo centavo”.
A esto se suman saldos de asignaciones extraordinarias que vienen de períodos anteriores —por más de Q1 mil millones— que tampoco muestran avances, lo que refuerza la tendencia de acumulación de recursos sin ejecución.
Los datos aparecen en el sitio de control de desembolsos y transferencias a los Codedes (Codet), administrado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
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FONDOS VAN A OBRAS DE ARRASTRE
Las cifras difundidas por la cartera del Tesoro en su tablero de desembolsos también muestran diferencias marcadas entre departamentos.
Tomando como base los recursos de arrastre (fuente 12) —que es la mayoría de lo utilizado hasta ahora— cinco jurisdicciones han recibido más dinero, al superar el 25% de su presupuesto vigente:
- Jutiapa – 34.73% de ejecución, con Q34.73 millones
- Petén – 31.44% de ejecución, con Q50.23 millones
- Baja Verapaz – 26.68% de ejecución, con Q29.27 millones
- El Progreso – 25.88% de ejecución, con Q15.20 millones
- Escuintla – 25.65% de ejecución, con Q31.92 millones
En contraste, los Codedes a los que menos se ha erogado son:
- Chiquimula – 4.53% de ejecución, con Q8.04 millones
- Izabal – 7.85% de ejecución, con Q14.48 millones
- Totonicapán – 8.52% de ejecución, con Q11.66 millones
- Sololá – 9.13% de ejecución, con Q11.02 millones
Aunque la ejecución en los citados lugares es baja, el caso más rezagado es Sacatepéquez, que reporta 0% de ejecución, pese a contar con Q95.97 millones disponibles.
MÁS RECURSOS, MISMOS RESULTADOS
El comportamiento de la ejecución de los Codedes en lo que va de este año no es extraordinario. En 2025, esas entidades cerraron con un gasto de 62.19%, mientras que en 2024 solo usaron el 52.25% del presupuesto disponible.
Sin embargo, al observar el período completo —de 2024 a abril de 2026—, la ejecución promedio baja y se sitúa en 39.62%, pese a que en ese lapso se ha autorizado el uso de Q33 mil 381.41 millones.
Más de la mitad de estos recursos (52%) provienen de ampliaciones presupuestarias y fondos extraordinarios aprobados por el Congreso, una práctica que ha sido duramente criticada por tanques de pensamiento, iniciativa privada y entidades que analizan temas económicos en el país.
MALA PLANIFICACIÓN
Los datos apuntan a un patrón persistente: el incremento en los recursos no se traduce en una ejecución más eficiente, remarcó el director del Icefi, una opinión que también compartió Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Ambos expertos coinciden en que los problemas en la planificación, aprobación y arranque de proyectos continúan limitando el avance de la inversión pública, a pesar de que el presupuesto vigente de los Consejos se ha más que duplicado —pasando de Q6 mil 360.02 millones en 2024 a Q14 mil 774.67 millones en 2026—.
El resultado es un sistema que, año tras año, arrastra obras, acumula fondos y mantiene niveles de ejecución por debajo de su capacidad financiera, dijo Lavarreda.
Para el experto, el problema de fondo radica en la aprobación de asignaciones sin sustento técnico, una práctica que —afirma— se ha mantenido desde 2024 y que podría incluso arrastrarse hacia 2027, en año electoral.
LENTO PROCESO ADMINISTRATIVO
Ahora bien, el bajo nivel de ejecución no responde únicamente a la disponibilidad de fondos, sino a inconvenientes y retrasos en la formulación y avales de obras planificadas para el período actual.
La Segeplan indicó que las municipalidades deben preparar sus proyectos con un año de anticipación. No obstante, «una práctica recurrente» es la presentación de expedientes en el mismo ejercicio fiscal en que se busca ejecutarlos.
El rezago también se refleja en el proceso de validación. Para el presente año, se programaron 7 mil 054 proyectos ordinarios, pero para finales de marzo únicamente 3 mil 068 habían sido aprobados en el SNIP.
Según la Secretaría, para entonces había 2 mil 107 proyectos detenidos por falta de requisitos, lo que representaba Q96.90 millones sin posibilidad de ejecución inmediata.
La ausencia de estudios de impacto ambiental, avales institucionales, análisis de riesgo y documentación que respalde la propiedad de terrenos son algunos de los temas que retrasan los expedientes, explicó la entidad.
EMPEZARÍAN A EJECUTAR EN SEPTIEMBRE
Además, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) estableció fechas límite que condicionan el avance de los proyectos.
- 30 de junio: cierre para la presentación de expedientes
- 30 de julio: emisión de opinión técnica
- 30 de agosto: firma de convenios
Sin que haya convenios suscritos no puede arrancar ninguna obra, por lo que, en la práctica, esto deja a las municipalidades con apenas cuatro meses para ejecutar. En otras palabras, habrá trabajos que arrancarán en septiembre.
Aunque muchas de las obras son pequeñas, el tiempo para desarrollarlas es reducido, por lo que, de nuevo, varias quedarían a medias o pendientes para el siguiente año, adelantó Lavarreda.
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RIESGO POLÍTICO EN AÑO ELECTORAL
Los analistas del CIEN e Icefi también concordaron en que más allá de la baja ejecución que registran los Codedes, el principal problema es la forma en que se les han asignado los recursos.
Lavarreda señaló que los aportes extraordinarios se han aprobado sin contar con una cartera de proyectos previamente planificada, lo que obliga a formularlos sobre la marcha y retrasa su ejecución. A su juicio, esta práctica termina afectando directamente la capacidad de ejecución de las municipalidades.
En la misma línea, Barrientos advirtió que la distribución de los fondos está influenciada por intereses político-partidarios. En ese marco, alertó que la acumulación del dinero no utilizado, sumada a cambios aplicados por el Congreso que permiten trasladar saldos a años siguientes, genera un riesgo adicional en un contexto preelectoral.
Según dijo, esto abre la puerta al uso político de los recursos, principalmente a finales de este año y en 2027, «pues alcaldes y diputados buscarían su reelección».
Ante este escenario, los analistas remarcaron la necesidad de limitar las asignaciones presupuestarias a los Codedes, para que se garantice que los fondos irán a proyectos que cuenten con respaldo técnico y sean viables de ejecutar dentro del ejercicio fiscal.
Actualmente, con más de Q14 mil millones disponibles, los consejos de desarrollo enfrentan la misma situación que en años anteriores. Sus recursos crecen, pero las obras no avanzan.
