Una serie de transferencias por Q112.27 millones de fondos públicos destinada a la ampliación de la pista del aeropuerto de San José, en Escuintla, no solo encendió alertas por posibles irregularidades financieras en el gobierno de Alejandro Giammattei, también volvió a colocar en el centro de las investigaciones un nombre ya conocido: Alejandro Matheu Escamilla.
Se trata de un contratista que, según hallazgos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), fue uno de los principales beneficiarios de dinero procedente de la citada obra, y, además, ha sido vinculado con estructuras de poder en al menos dos gobiernos.
El rastro que recientemente llevó a él suma Q39.1 millones, que fueron trasladados desde la constructora Carmor —encargada de la pista del aeropuerto de Escuintla— hacia cuentas bancarias de dos de sus empresas.
La investigación de la IVE, presentada en 2023 y aún sin avances en el Ministerio Público (MP), documenta cómo el dinero pagado por el Estado a Carmor fue redistribuido en cuatro grupos de beneficiarios, de los cuales el que se llevó la mayor parte está conformado por compañías en las que Matheu Escamilla figura como gerente general y representante legal. Se trata de Transportes Estratégicos, S. A., y Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM).
Este grupo, en el cual también hay cuentas a su nombre, concentra uno de los flujos más significativos del dinero, dentro de un esquema que la IVE calificó como posible “estratificación de fondos públicos”, una práctica asociada al lavado de dinero.
NEXOS QUE SE REMONTAN AL GOBIERNO DE JIMMY MORALES
Esta no es la primera vez que el nombre de Matheu Escamilla aparece vinculado con presuntas anomalías en contratos de obra pública. Durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) el contratista incrementó exponencialmente sus negocios con el Estado y eso se relacionó con la cercanía del entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito.
Según los registros de Guatecompras, la principal empresa de Matheu, SCM, empezó a proveer al Estado en 2005 y sus contratos hasta 2017 no pasaban de Q9.8 millones —a excepción de 2014, cuando hizo un negocio por Q26.5 millones con el Fondo Social de Solidaridad—.
Fue en 2018, cuando Benito dirigía la cartera de Comunicaciones, cuando empezó a incrementar sus adjudicaciones. Esto lo llevó a obtener Q976.5 millones solo entre ese año y 2021, ya en el gobierno de Giammattei. En promedio, la compañía recibió en ese lapso Q244.14 millones anuales mediante contratos de obra pública.
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📌 La pieza que faltaba en el aeropuerto de Escuintla: Q112 millones, la IVE, VAMOS y la red del financista de Giammattei. Lee la investigación completa aquí ➡️ https://t.co/8xY7HOvcJz pic.twitter.com/vpLyHu3arM— Diario La Hora (@lahoragt) April 6, 2026
Desde la administración de Jimmy Morales, trascendió la cercanía de Benito con Matheu Escamilla. De hecho, en su momento circularon varias fotografías que mostraban a ambos actores en competencias de caballos pura sangre.
Posteriormente, cuando Giammattei ya estaba en la Presidencia del país, una investigación del medio salvadoreño El Faro —en 2022— volvió a poner el nombre del contratista en la escena pública, vinculándolo con el financiamiento de la campaña del entonces mandatario.
ASÍ NEGOCIÓ GIAMMATTEI UNA MILLONARIA SUMA PARA SU CAMPAÑA
En la mencionada investigación se citan declaraciones de un testigo brindadas bajo reserva judicial, en las cuales se detalla que en 2019, cuando Giammattei era candidato a presidente, negoció un supuesto aporte de Q20 millones con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, para financiar su campaña electoral.
Según el testimonio, el dinero provenía de sobornos vinculados a contratos de obra pública, específicamente de anticipos pagados a constructoras. A cambio, Giammattei se habría comprometido a mantener a Benito en el cargo y garantizar la continuidad de adjudicaciones y pagos a empresas vinculadas a la red.
El testigo también vinculó ese acuerdo con al menos 12 proyectos viales que sumaban más de Q1 mil 471 millones, y aseguró que el compromiso incluía varias adjudicaciones durante el primer año de gobierno para beneficiar a empresas como SCM, de Alejandro Matheu Escamilla.
Cuando el caso salió a luz, se supo que la pareja de Giammattei, Miguel Martínez, también fue parte de las negociaciones y que el Gobierno de Estados Unidos tendría copia del testimonio; sin embargo, los señalados negaron las acusaciones.
LA OBRA QUE SE DERRUMBÓ
De manera previa a aquella investigación, la empresa de Matheu Escamilla ya había enfrentado un escándalo, pues en julio de 2021 hubo un derrumbe de grandes proporciones en una carretera que se adjudicó por Q252.41 millones, en San Marcos.
Según reportes de la época, por lo menos seis personas murieron soterradas en el lugar, ya que motocicletas y automóviles quedaron debajo de rocas y fragmentos de tierra.
El contrato se le adjudicó a SCM en la administración de José Luis Benito, quien por ese entonces se encontraba prófugo, tras haber sido vinculado en un caso de corrupción.
Derrumbe en San Marcos: Gobierno pagó a empresa de Matheu Q252 millones
MATHEU ESCAMILLA GUARDA SILENCIO
La Hora ha intentado en varias ocasiones establecer comunicación con Alejandro Matheu Escamilla para conocer su versión sobre los hechos denunciados por la IVE y otros señalamientos que pesan en su contra, pero no se ha conseguido.
En una llamada al número que registra en Guatecompras su empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, un empleado indicó que el contratista no está disponible y no supo precisar en qué momento se podría conversar con él.
