Semilla incrementó 100 por ciento el presupuesto de los Codedes

La elaboración del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación cada año es un reto para los ministros de Finanzas de turno, ya que debe prevalecer la transparencia y justificación técnica en la asignación de fondos y evitar que sean utilizados de forma opaca y clientelar, como se ha denunciado con los recursos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

Ese rubro en el primer año del gobierno de Bernardo Arévalo llamó la atención, pues la administración de Semilla inició con el presupuesto de un año anterior (que dejó la administración de Alejandro Giammattei) y venía del 2023 debido a que el proyecto que se tenía previsto y aprobado para el para 2024 fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC).

La asignación a los Consejos a inicios de 2024 fue de Q4 mil 016 millones 026 mil, que correspondía a las demandas de VAMOS, que se conforma por Q3 mil 931 millones 640 mil de aporte normal y Q84 millones 386 mil de aporte del Fondo del Petroleo (Fonpetrol).

Meses después de negociaciones, la asignación de más recursos a los Codedes, bajo el gobierno de Arévalo marcó un foco de atención porque en la ampliación presupuestaria, que gestionaron diputados de Semilla en agosto de 2024, lograron colar recursos  y aprobar el Decreto 17-2024.

Como parte de esto, se le otorgó al gobierno Q2 mil 244 millones 655 con aportes ordinario y extraordinario para los consejos de desarrollo, por lo que los Codedes llegaron a manejar un total de Q6 mil 260 millones 681 mil 546. Dicha cifra corresponde a: Q4 mil 016 millones 026 mil de VAMOS que quedaron para 2024 y el resto correspondiente a la ampliación que se dio en la administración de Arévalo, impulsada por los diputados de Semilla.

Dicha distribución generó el rechazo de sectores, entre ellos de centros de análisis del gasto público, como la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asíes), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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MODIFICACIÓN DE LEY PARA ASEGURAR FONDOS A CODEDES

Para el segundo año del gobierno de Arévalo, el oficialismo de Semilla, acuerpado por diputados de diferentes bancadas (140 votos) aprobó un presupuesto de Q4 mil 322 millones 060 mil para los Codedes, incluidos en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2025.

Además, en el Presupuesto General de la Nación de 2025, los diputados aprobaron un aporte adicional para los Codedes que es de Q5 mil 012 millones, como se observa en el artículo 126 del Decreto 36-2024 donde se contempla la distribución de esos fondos y en el artículo 129 de ese mismo decreto se reafirma el aporte financiero.

No obstante, debido a la aprobación del Decreto 27-2024, Ley para la agilización en la ejecución de obras de los Codedes, se permite el traslado de fondos no ejecutados en 2025 se trasladen para el siguiente periodo fiscal (2025).

Por lo que los Consejos, derivado de esa modificación a la Ley Orgánica del Presupuesto tendrán un flujo de caja o disponibilidad en este año de Q2 mil 993 millones (más lo asigando en el presupuesto 2025), según estimaciones en el sistema de Control de Desembolsos y Transferencias a los Codedes (Codet), a cargo de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

En los cuatro años de gestión de VAMOS se destinaron Q13 mil 783 millones 565 mil (que incluyen un presupuesto que dejo el expresidente Jimmy Morales de Q2 mil 637 millones 057 mil).

En comparación de las asignaciones a los Consejos en toda la administración de Giammattei, el gobierno de Semilla en los primeros dos años ha destinado Q15 mil 594 millones 741 mil, (qué incluye Q4 mil 016 millones 026 mil que dejó la administración de Giammattei para 2024).

ASIGNACIONES A CODEDES EN LA ERA DE GIAMMATTEI

El presidente Alejandro Giammattei comenzó su gestión, también con el presupuesto del gobierno de Jimmy Morales, por lo que la asignación a los Codedes al inicio fue de Q2 mil 637 millones 057 mil.

Sin embargo, transcurridos los meses de 2020 se aprobó la ampliación presupuestaria con el Decreto 20-2020 y se destinaron Q600 millones para los Consejos, por lo que al finalizar ese año los Codedes tuvieron en su poder Q3 mil 237 millones 057 mil.

En el segundo año de la administración de Giammattei tampoco se aprobó un presupuesto general, por lo que la asignación a los Codedes quedó en Q3 mil 237 millones 057 mil.

Cabe mencionar que en la propuesta de presupuesto general de ingresos para 2021 se esperaban destinar Q2 mil 437 millones 133 mil a los Codedes.

Ya en el presupuesto aprobado de 2022, la asignación para los Consejos Departamentales fue de Q3 mil 265 millones 216 con el aporte correspondiente, más el del Fonpetrol y un aporte extraordinario, es decir que manejaron Q28 millones 159 mil más en ese periodo en relación al año anterior.

Mientras que en el último año de Giammattei, que fue campaña electoral, hubo un incremento a los Consejos Departamentales y se les asignó Q3 mil 444 millones 235 mil, más Q600 millones que aparentemente fueron para «fortalecer» el programa Gran Cruzada Nacional por la Nutrición desde los Codedes, por lo que el techo fue de Q4 mil 044 millones 235 mil, manejando Q779 millones 019 mil más.

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MEDINA: ASIGNACIONES RESPONDEN A TEMAS POLÍTICOS 

El analista del Icefi, Abelardo Medina, explicó que el problema del incremento a las asignaciones de los Codedes es para responder a elementos políticos y no técnicos, pues se requieren de estudios de los proyectos que se realizarán en los municipios para destinar cada entrega de fondos públicos.

«Estamos de acuerdo en que se amplíe el sector público, siempre y cuando se tengan los estudios técnicos para conocer los objetivos de la ejecución del gasto público, pero en el país no hay una evaluación del gasto», resaltó el economista.

Medina reiteró que es indiscutible los estudios para fundamentar cada asignación, pues el incremento puede ser bueno o malo, pero depende de la planificación apropiada de cada proyecto, por ejemplo, si con los fondos otorgados se llevará agua potable a las comunidades donde se otorgan los fondos, sería una asignación aceptable.

No obstante, resaltó que si solo se aumentan las asignaciones sin tener un panorama claro en que se ejecutará se convertiría en un colchón de corrupción, por la discrecionalidad en el manejo de los fondos.

Por último, Medina indicó que si no hay evidencia para otorgar las asignaciones es un problema y enfatizó que no están en desacuerdo del aumento de fondos, sino que se desconoce para qué se utilizarán los recursos, y aunque está la Contraloría para realizar auditorías, pero su trabajo dista de la fiscalización.

FINANZAS

Se intentó tener una declaración de las autoridades del Ministerio de Finanzas y del departamento de Comunicación Social de esa dependencia, pero no respondieron a las llamadas ni mensajes sobre cómo se justifica el incremento y lo que harán para que se pueda hacer más eficiente la ejecución de ese monto y se asegure transparencia.

CIEN

En septiembre del 2024, Jorge Lavarreda, investigador del CIEN expresó que no todos los proyectos de inversión tienen los requisitos o dictamen por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, ya que se identificaron más de Q600 millones en obras que tienen requisitos pendientes y recomendó que se solicitara información técnica a Finanzas Públicas sobre el destino de ciertas asignaciones.

CONTRALORIA Y MP SIN CAMBIOS

En la nota titulada como: «Aporte de Q5 mil millones a Consejos de Desarrollo allana camino de los acuerdos» se hace referencia al editorial de La Hora «Sin hacer los cambios que el país quiere» y en él se consigna: si bien es un logro para el gobierno haber alcanzado los votos suficientes para que les aprobaran al Presupuesto elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas, es de lamentar que esa mayoría «no haya servido para aprobar normas que aseguren el combate a la corrupción ordenado por los ciudadanos en las urnas».

Asimismo, explica que aspectos fundamentales como una reforma a la ley de la Contraloría General de Cuentas para darle facultades preventivas, o reformas a la ley del Ministerio Público para terminar «con la complaciente impunidad alentadora de la corrupción», no se tomaron en cuenta.

«Sin una Contraloría en constante vigilancia de las compras y contrataciones del Estado, ni un Ministerio Público comprometido con la investigación de los robos que se hacen al erario público, la aprobación de este presupuesto tendrá efectos negativos», dice el editorial de este medio.