Un extraditable, las adjudicaciones a la Municipalidad de Ayutla y sus vínculos con el narcotráfico

Julio Alberto Escobar Rendón, el séptimo extraditable del año, tendría nexos con la Alcaldía de Ayutla, la cual fue dirigida por Erik Súñiga fallecido en Estados Unidos, y señalado como líder de «Los Pochos», organización vinculada al cartel de Sinaloa.

El sábado 8 de junio en un operativo del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC) Julio Alberto Escobar Rendón alias “Beto” fue capturado. De acuerdo con el MP, alias “Beto” es requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por participar en actividades de narcotráfico.

Según la investigación de las autoridades estadounidenses “se identificó al requerido como un miembro de la organización desde aproximadamente 2015 hasta por lo menos junio de 2021; fue responsable de dirigir, administrar y facilitar algunas de las actividades del tráfico de drogas de la organización en Guatemala y otros lugares”.

El señalado por narcotráfico ha proveído con compras del Estado por servicios de entretenimiento para diversos eventos que realiza la Municipalidad de Ayutla.

LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA Y EL EXTRADITABLE

Escobar Rendón es proveedor del Estado con una empresa denominada Black Sky, la cual brinda servicios de iluminación, audio, pantallas, consolas, y otros equipos utilizados para eventos.

A través de esta empresa se presenta como un pequeño empresario, con ingresos modestos. Con Black Sky cuenta con un domicilio fiscal y cumple con sus obligaciones tributarias de forma correcta, al no presentar omisos y con agencia virtual del fisco habilitada.

La referida empresa es relativamente reciente, ya que inició operaciones en septiembre del 2021, según información de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Black Sky se encuentra ubicada en Ayutla, San Marcos, y en Guatecompras tiene registrada en 2024, una adjudicación que se hizo con la referida comuna para el servicio de audio, iluminación y pantallas para la elección de la reina infantil de la feria y romería del citado municipio, celebrado el 20 de enero.

En 2023 tuvo un total de 44 adjudicaciones y de estas, fueron 19 con la referida municipalidad. En 2022, de un total de 35, fueron 27 adjudicaciones y en 2021 todas las adjudicaciones, que fueron 6, se hicieron con la municipalidad en mención.

El resto de adjudicaciones fueron realizadas con otras municipalidades de San Marcos. Todos los concursos son compras de baja cuantía, cuyos montos suman del 2021 a lo que va del 2024, 84 eventos en Guatecompras por Q957 mil.

LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA Y LOS SÚÑIGA

Erick Súñiga fue alcalde de Ayutla, San Marcos, por tres periodos consecutivos del 2008 al 2019. No pudo continuar un cuarto mandato porque las autoridades de Estados Unidos lo requirieron en extradición.

Súñiga, alias «Pocho”, se entregó a las autoridades, pero falleció en 2020 cuando se encontraba en el proceso legal en Estados Unidos, por acusaciones de narcotráfico.

Al ser extraditado, en la silla edil quedó el concejal primero, Eustaquio Rubén Méndez de León para finalizar el mandato de Súñiga.

Concejal que sustituyó a extraditable permanecerá cerca del poder municipal en Ayutla

Sin embargo, Méndez de León continuó como alcalde dado que en las elecciones del 2019 ganó el comité cívico que le había dado la victoria a Súñiga, pero como estaba extraditado, le correspondía al concejal I asumir la alcaldía 2020-2024.

La hija de Súñiga, Isel Anelí Súñiga Morfín, continuó el legado de su padre al ser electa y asumir el poder local en Ayutla como alcaldesa en 2024. Como concejal I le acompaña Méndez de León.

Cabe recordar que, el esposo de Súñiga Morfín, Juan José Morales Cifuentes, fue extraditado, luego de ser señalado de distribuir cocaína para la organización de alias “Pocho”, conocida como OTD “Los Pochos” y según EE.UU., y que tiene vínculos con el cartel de Sinaloa.

Erick Súñiga, su hermano José Juan, su hija Isel Súñiga, y su cuñado Morales Cifuentes, se encuentran sancionados por el departamento del Tesoro de EE.UU. a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por las presuntas actividades ilícitas.