Hace un año, el 29 de agosto de 2024, estaba programada la audiencia clave para definir si cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) debían enfrentar juicio por el caso de la compra del sistema informático TREP. Doce meses después, la audiencia de etapa intermedia sigue sin iniciar. El caso, marcado por suspensiones, recusaciones y decisiones contradictorias de distintas salas de apelaciones, mantiene en vilo a los togados y a la institución electoral que conformaron hasta ser apartados de sus cargos.
Los magistrados Irma Elizabeth Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco fueron ligados a proceso tras perder su inmunidad en diciembre de 2023. El Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, los acusa de fraude por la presunta sobrevaloración del software de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. Pero para los señalados y organizaciones internacionales, el caso responde a una represalia por haberse negado a validar la maniobra con la que la Fiscalía intentó declarar nulas las elecciones generales y evitar la investidura de Bernardo Arévalo.
UN AÑO SIN AVANCE
La audiencia intermedia debía arrancar en el Juzgado Segundo Penal; sin embargo, quedó suspendida en agosto pasado. Al mes siguiente, fue nombrado Mario Hichos como el juez titular de ese despacho, y quien tendría a cargo el control del caso. A un año, el togado mantiene sin fecha a los magistrados electorales para dar inicio a la acusación en su contra.
Ahí se decidiría si la acusación de la Fiscalía es lo suficientemente sólida para abrir juicio o, en su defecto, cerrar el proceso. Sin embargo, tras doce meses se acumula lo que los magistrados describen como un “retardo malicioso”. Este patrón fue identificado por la relatora de la ONU que visitó Guatemala en junio último para conocer la situación del sistema de justicia.
Mientras tanto, las medidas sustitutivas impuestas en su contra se han prolongado indefinidamente. Aunque la jueza Karen Chinchilla —quien los procesó y fue denunciada por el MP— determinó al inicio que podían permanecer en libertad bajo arresto domiciliario, la Sala Primera de Apelaciones fue más allá de lo solicitado por el MP: elevó la fianza, les prohibió acercarse al TSE y los suspendió de sus cargos. Esa decisión, calificada de “ilegal” por la defensa, fue replicada meses después por la Sala Tercera de Apelaciones, pese a que el juez Erick García ya había autorizado su retorno a la institución.
Por su parte, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia mantiene engavetados los amparos presentados por los magistrados, que reclaman la restitución en sus puestos.
La salida de los cuatro titulares dejó al frente del TSE únicamente a Blanca Alfaro, acompañada por magistrados suplentes. Con Alfaro en la presidencia y en medio de la ofensiva del MP, el organismo electoral entregó al MP información sensible, como el padrón electoral y el código fuente del TREP, en un gesto interpretado como un giro en la correlación de fuerzas dentro del tribunal.
CASO CON IRREGULARIDADES
El expediente contra los magistrados arrastra señalamientos de irregularidades. La orden de captura fue tramitada ante un juez de diligencias urgentes, y no ante la jueza que tenía el caso. Además, la decisión del Congreso de retirarle la inmunidad a los togados —aprobada en diciembre de 2023 por la anterior legislatura— provocó sanciones inmediatas de Estados Unidos contra más de un centenar de diputados, a quienes acusó de socavar la democracia.
El propio MP recusó a las juezas Chinchilla y Wendy Coloma, buscando desplazar el caso hacia un juzgado más favorable, según denunciaron los magistrados en audiencias públicas. Cuando el expediente fue trasladado al Juzgado Segundo Penal y no había siquiera un juez designado para conocer el caso, el MP intentó una nueva recusación, desestimada por la Sala que, incluso, le impuso una sanción económica.
Asimismo, la Sala Tercera resolvió en marzo último una “actividad procesal defectuosa” que anuló la decisión del juez García que autorizaba la reincorporación de los magistrados al TSE. Los abogados defensores consideran esa resolución “arbitraria e ilegítima” por exceder sus facultades legales, según el amparo presentado en contra de los magistrados de esa Sala, dos vinculados al diputado Felipe Alejos.
Magistrados del TSE y busca de legalidad: en manos de la Cámara de Amparos que regresen a sus cargos
La última palabra la tiene la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los magistrados Carlos Ramiro Contreras, Estuardo Adolfo Cárdenas, Igmaín Galicia Pimentel y Clemen Vanessa Juárez. De su fallo depende que los cuatro magistrados electorales retornen a sus cargos o permanezcan en un limbo institucional hasta que su periodo venza el 20 de marzo próximo.
