El Organismo Judicial (OJ), bajo la presidencia de Teódulo Cifuentes, desembolsó un total de 1.41 millones de quetzales para la renovación de una póliza de seguro de vida destinada a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las Salas de Apelación y otros tribunales de igual jerarquía. El seguro cubre los riesgos de muerte, supervivencia e incapacidad, así como cualquier eventualidad que comprometa la existencia, integridad o salud de los beneficiarios.
La póliza está destinada a un total de 169 magistrados que integran las distintas Salas de Apelaciones, el Consejo de la Carrera Judicial y la Suprema, la máxima instancia del poder judicial guatemalteco, compuesta por 13 togados. La contratación fue hecha con el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), según registra Guatecompras, el portal de adquisiciones del Estado.
El contrato tiene vigencia hasta 2027, por lo que el OJ realizará 24 pagos mensuales, según consta en el documento oficial de la póliza. El CHN, entidad del sector público contratada, también fue responsable de cubrir el seguro de vida de los magistrados entre 2023 y 2025, por un monto de 1.2 millones de quetzales.
COBERTURAS Y BENEFICIOS
El seguro de vida contratado por el OJ, según los requisitos publicados en Guatecompras, establece distintas coberturas según la causa del fallecimiento o accidente, en caso resultara afectado alguno de los 169 magistrados.
En caso de muerte natural, cada magistrado contará con una indemnización de 200 mil quetzales. Esta protección se aplica los 365 días del año, durante las 24 horas del día y en cualquier parte del mundo, sin límite de edad.
Si el deceso ocurre por causas accidentales, el monto asciende a 400 mil quetzales. Este beneficio se entrega a los beneficiarios designados por el magistrado, además del monto correspondiente al seguro de vida básico. La cobertura incluye muertes violentas y se mantiene activa en las mismas condiciones: sin restricción geográfica ni de edad.
El contrato también contempla una indemnización triple en caso de muerte accidental especial. Esta aplica si el siniestro ocurre mientras el asegurado viaja como pasajero en un vehículo público no aéreo, utiliza un ascensor de servicio público (excepto en minas), o se encuentra en un teatro, hotel u otro edificio público durante un incendio. En esas circunstancias, la suma asegurada se triplica respecto al monto establecido por muerte natural.
Otra de las coberturas incluidas es la desmembración accidental, siempre que la lesión derive de un incidente ocurrido dentro o fuera del trabajo y se manifieste en un plazo no mayor a 90 días. El monto de la indemnización varía según la gravedad del daño: desde la pérdida de ambas manos, pies o la visión de ambos ojos —que corresponde a la suma asegurada total—, hasta la pérdida de un solo ojo o los dedos pulgar e índice, que implican pagos proporcionales (un tercio y un cuarto, respectivamente).
En caso de incapacidad total y permanente, la aseguradora exonera al magistrado afectado del pago de primas, manteniendo vigente la cobertura mientras el contrato esté activo. También se contempla una ayuda económica adicional por muerte causada por enfermedad, con un monto de 30 mil quetzales por asegurado. Este beneficio, al igual que el resto de las coberturas, no está sujeto a límite de edad, siempre que el magistrado esté activo al momento del fallecimiento.
Además, cada magistrado cuenta con un seguro funerario equivalente a 10 mil quetzales, destinado a cubrir los gastos inmediatos tras el fallecimiento.
