Jorge Santos Neill
El exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos Neill permanece en prisión. Foto La Hora/Diseño Alejandro Ramírez.

El Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, deja más preguntas que certezas tras el supuesto hallazgo de un teléfono móvil que pertenecería a Jorge Santos, exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), actualmente en prisión preventiva por el controvertido caso Semilla. Según la versión de la fiscal Leonor Morales —sancionada por más de 40 países—, el dispositivo apareció en uno de los baños de la sede central del MP después de que Santos ingresara.

El pasado 27 de mayo, al inicio de una audiencia, la fiscal Morales dijo que el traslado de Santos desde el centro preventivo de mayor seguridad, Mariscal Zavala, hacia el ubicado en la zona 18 —de menor resguardo y cuya designación ha sido denunciada desde hace semanas como una medida de presión para forzar su declaración de culpabilidad— responde, según afirmó, a que el exfuncionario del TSE tenía en su poder un teléfono móvil.

Las declaraciones de la fiscal Morales surgen casi cuatro meses después del supuesto hallazgo del teléfono móvil, según lo expuesto por ella misma ante el sancionado juez Fredy Orellana. Una semana antes, el togado resolvió enviar a juicio a Santos por la posible comisión de dos delitos, en una audiencia en la que limitó el derecho de defensa tanto del exdirector del TSE como de su abogado, justo cuando intentaban desvanecer la acusación presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

La fiscal Leonor Morales y el fiscal Rafael Curruchiche. Foto: Fabricio Alonzo / La Hora
La fiscal Leonor Morales junto a su superior, el fiscal Rafael Curruchiche. Ambos vetados de varios países del mundo por acciones antidemocráticas. Foto: La Hora / Fabricio Alonzo.
RELATO DE MORALES

Según lo expuesto por la fiscal Morales, Santos habría solicitado a la FECI convertirse en colaborador eficaz —una figura legal que permite al acusado aceptar responsabilidad y aportar información relevante a cambio de una reducción de la pena— en febrero pasado. A raíz de ello, fue trasladado desde Mariscal Zavala a la sede central del MP los días 3, 4 y 6 de ese mes.

Lo anterior fue confirmado por dos fuentes internas del MP que pidieron el anonimato. Explicaron que Santos fue trasladado durante tres días a la sede del MP, donde fue interrogado y permaneció, en cada jornada, alrededor de 12 horas a merced de la FECI, dirigida por el también sancionado Rafael Curruchiche.

«Él mismo presentó la solicitud para iniciar el proceso como colaborador eficaz», aseguró la fiscal. Añadió que, a partir de ello, se abrió un procedimiento para que «el Ministerio Público hiciera la verificación de lo declarado y pudiera establecer si el requerimiento era pertinente o no».

Fue el 6 de febrero cuando, según la fiscal Morales, «ingresó a la sede fiscal de forma ilícita un aparato telefónico; este lo traía del centro de privación de libertad Mariscal Zavala». Posteriormente, la fiscal presentó una denuncia por el hecho.

SANTOS NO ACEPTA CULPABILIDAD

El caso contra Santos está vinculado a la investigación abierta contra el partido Movimiento Semilla por supuestas irregularidades en su constitución legal en 2017. Sin embargo, en 2023, el MP utilizó esa causa penal como base para solicitar al juez Orellana una serie de diligencias relacionadas con las elecciones generales de ese año, en las que Bernardo Arévalo —candidato promovido por Semilla— resultó vencedor. 

El MP intentó revertir los resultados en un acto ampliamente condenado a nivel internacional como un intento de golpe de Estado. Santos es acusado del delito de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósito electoral por supuesta  omisión de garantizar y administrar la seguridad interna y perimetral de los servicios de información durante los comicios.

Las dos fuentes del MP que confiaron la información a esta Redacción explicaron que, en un inicio, Santos buscaba acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos por el delito de incumplimiento de deberes. Sin embargo, la FECI tenía preparada una declaración en la que él debía afirmar la existencia de un fraude electoral en 2023, supuestamente con la participación de los magistrados del TSE, cuatro de los cuales denuncian actualmente una persecución política.

El juez Fredy Orellana también conoció el caso contra el periodista Jose Rubén Zamora. Foto: La Hora / Fabricio Alonzo.
El juez Fredy Orellana también conoció el caso contra el periodista Jose Rubén Zamora. Foto: La Hora / Fabricio Alonzo.

Santos se negó y, según las fuentes, entonces le plantearon la posibilidad de convertirse en colaborador eficaz. No obstante, el acuerdo nunca se concretó debido a las presiones de la Fiscalía para que aceptara la tesis de un supuesto fraude electoral, planteada por el MP a finales de 2023 y descartada por la comunidad internacional tras haber observado un proceso considerado transparente.

Al finalizar la audiencia del pasado martes, La Hora consultó a Santos si había recibido presiones por parte del MP para aceptar cargos o convertirse en colaborador eficaz. El exfuncionario evitó responder de forma directa y se limitó a decir que «había aportado toda la información necesaria para esclarecer los hechos».

Ante la repregunta, añadió: «Ustedes conocen el contexto de todo lo que está pasando y podrían evidenciar estas circunstancias».

MÁS DUDAS QUE RESPUESTAS

A raíz de las declaraciones, La Hora consultó a la oficina de Información y Prensa por 11 interrogantes que no fueron respondidas al cierre de la edición de esta nota.

Morales aseguró en declaraciones a la prensa que, durante los dos primeros días, Santos brindó información a la Fiscalía, pero que el tercero se mostró «raro». Ante su percepción e intuición, pidió a los guardias del Sistema Penitenciario (SP) realizar una revisión minuciosa, sin que encontraran nada. Sin embargo, instruyó a uno de ellos a inspeccionar el baño que Santos había utilizado, debido al «nerviosismo» que, según la fiscal, este mostraba.

Fue allí donde, de acuerdo con su versión, un agente del SP encontró el teléfono móvil tras levantar un basurero. Morales sostiene que el dispositivo pertenece a Santos, aunque aseguró que él negó haberlo utilizado y pidió disculpas. La fiscal afirmó que ningún otro individuo había ingresado al baño.

Entre las dudas sin resolver figuran aspectos clave como la fecha exacta de la denuncia, los términos en los que Santos solicitó ser colaborador eficaz y cómo lo comunicó desde prisión; qué fiscalía tiene a su cargo el expediente, si ya cuenta con control jurisdiccional y en qué juzgado se encuentra. 

También se desconoce el delito específico por el que se le investiga en este nuevo señalamiento, si existen cámaras en el área del baño, quién certificó que nadie más ingresó a ese baño después, cómo se vincula el celular a Santos y, sobre todo, cómo planea el MP confirmar esa supuesta propiedad del dispositivo si, como reveló La Hora, el MP carece del software necesario para hacerlo desde hace años

Diego España
Periodista en la sección de Investigación de La Hora, especializado en el sector justicia, política y derechos humanos. Antes cubrió la fuente del Organismo Judicial. Se formó en Periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y cursa una maestría en Comunicación, Gobierno y Gestión Pública. Fue becario de la International Women's Media Foundation (IWMF) y los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP).
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