Con Consuelo de su lado: MP desestima denuncia contra Giammattei, Martínez y círculo cercano

El Ministerio Público (MP), que dirige la fiscal general, María Consuelo Porras, desestimó la denuncia que el excandidato a la presidencia, Roberto Arzú, presentó contra el expresidente Alejandro Giammattei, su pareja Miguel Martínez, particulares y exfuncionarios de su gobierno por supuestamente conformar «una supuesta estructura destinada a saquear al Estado y enriquecerse de manera ilícita a través de contrataciones de obras públicas y servicios».

Esta es la segunda investigación de la cual el mandatario se libra, puesto que el ente investigador meses atrás desestimó el caso «Alfombra Mágica», en el cual estaba involucrado por presuntamente recibir una suma millonaria de dólares envuelta en una alfombra, a cambio de una concesión en el puerto Santo Tomás de Castilla.

Pese a la sanción que impuso el gobierno de EE. UU. a Giammattei y Martínez por incurrir en actos de corrupción, ambos se mantienen inmunes a las oficiosas investigaciones de Porras, a quien en 2020 el entonces mandatario calificó como una amiga y aliada para combatir la corrupción, pero un año después fue incluida en la lista negra de EE. UU. de Actores Corruptos y Antidemocráticos.

Este día La Hora dio a conocer que, según el MP, Giammattei y Martínez son mencionados en al menos nueve casos que la Fiscalía contra la Corrupción investiga. Sin embargo, aún no se ha solicitado el retiro de inmunidad del expresidente, quien goza de antejuicio en su calidad de diputado al Parlamento Centroamericano.

MP DESESTIMA DENUNCIA

Contrario a los casos que la Fiscalía ha tramitado con celeridad contra operadores de justicia y funcionarios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, el MP se tardó más de ocho meses para llegar a la conclusión de que la denuncia contra Giammattei, su pareja y círculo cercano de funcionarios debía ser desestimada.

Fue en junio pasado que La Hora dio a conocer que el Juzgado Duodécimo Penal B, a cargo de la jueza Wendy Coloma tenía el caso. Por su parte, el MP indicó que en su momento solicitó una autorización judicial para acceder a movimientos bancarios y de otras instituciones, pero se desconoce si obtuvo el fallo judicial.

“La denuncia fue desestimada en virtud de que ya existía una denuncia iniciada de oficio que se encontraba en investigación por los mismos hechos”, justificó el MP.

Además, Pantaleón subrayó que el caso quedó bajo reserva tras ser desestimado.

La reserva es una herramienta legal que la administración de Porras ha usado para denegar información de casos, por su parte el MP aseguró que es para “avanzar en las investigaciones, ya que así se evita la fuga de información y alertar a los sindicados”.

FIGUEROA LIDERÓ INVESTIGACIÓN

El intento de investigación estuvo a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, que dirige Raúl Figueroa, un aliado en la administración de Porras y contra quien existe una resolución de un juez penal que ordena al MP investigar si mintió en documentos durante el juicio del exfiscal Eduardo Pantaleón.

En dicha Fiscalía también labora el esposo de la fiscal general, Gilberto de Jesús Porres. Cabe destacar que el año pasado, la Fiscalía contra la Corrupción desestimó una denuncia que salpicó a Giammattei en un supuesto entramado de sobornos que se popularizó como el caso «Alfombra Mágica».

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DENUNCIA FALLIDA

El año pasado, Arzú declaró ante la prensa que la supuesta estructura estaba formada por funcionarios públicos y personas particulares, “pero es dirigida al más alto nivel por quien ostenta el cargo de presidente, Alejandro Giammattei, y por el particular Miguel Martínez, quien de facto dirige y controla la estructura estatal del Organismo Ejecutivo, en conveniencia con el presidente”, señaló.

La denuncia fue interpuesta contra los ciudadanos, Rubén Eduardo Mejía Linares y Guillermo Estuardo Sosa Rodríguez, así como contra el ex gerente general de la Empresa Portuaria Quetzal; Francisco Anleu Quijada, el exdirector de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial); Mario Gustavo Aguilar Alemán y el presidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Ernesto Quijivix.

También abarcó a los exministros de Salud, Francisco Coma y Amelia Flores; así como al Contralor General de Cuentas, Frank Bode Fuentes, y el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado.

Arzú detalló que la denuncia incluía señalamientos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, malversación, peculado por uso, peculado por sustracción, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude, testaferrato y tráfico de influencias contra 11 individuos.

VETADOS DE EE. UU.

En enero pasado, dos días después de que Arévalo asumiera la presidencia, el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a Giammattei y le prohibió su entrada al país por «su involucramiento en significativos actos de corrupción».

Según indicó en un comunicado el portavoz de esa oficina, Matthew Miller, disponen de «información fidedigna» que indica que el exmandatario «aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato».

Mientras que sobre Martínez pesa una sanción del Departamento del Tesoro de EE. UU., bajo la Ley Magnistky, en la cual se le señala de confabular con otros funcionarios de la administración de Giammattei otorgando contratos para su beneficio.

Además, la pareja de Giammattei habría solicitado «grandes sobornos» en la compra de las vacunas rusas contra el COVID-19, según Washington. En consecuencia, tiene prohibido el ingreso a ese país y le fueron congelados los activos.

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