Cuatro empresas constructoras señaladas de pactar y posteriormente obtener contratos millonarios con el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei a cambio de financiar su campaña electoral de 2019 sumaron más de 1 mil 123 millones 437 mil 618 de quetzales en contratos con el Estado durante los cuatro años que ostentó el poder junto a su pareja y exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez.
En febrero de 2022, El Faro reveló una investigación que señaló al presidente Giammattei de negociar con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, un aporte de 20 millones de quetzales a la campaña electoral del partido VAMOS, que lo impulsaba, a cambio de mantenerlo en el cargo un año más y así permitirle seguir operando una supuesta estructura de corrupción en obras públicas de la administración de Jimmy Morales que beneficiaba a ciertas constructoras.
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 21, 2024
Se trata de las entidades Supervisión, Construcción y Mantenimiento S.A., Constructora J.J.R.M., S.A., Proyectos Múltiples Prourba y Coamco. Todas son mencionadas en la publicación de El Faro como parte de una supuesta estructura de corrupción durante el gobierno de Morales y que habría heredado Giammattei.
De acuerdo con la publicación, las negociaciones se realizaron en julio de 2019 —en medio de la primera y segunda vuelta de la elección presidencial—. Además, en dicho entramado también habría participado Giorgio Bruni, entonces secretario general del partido VAMOS y luego Secretario Privado de la Presidencia; el exministro de Desarrollo, Raúl Romero; el exministro de Gobernación, Enrique Degenhart y Martínez, el hombre de mayor confianza de Giammattei. Todos rechazaron lo anterior, según el mismo reportaje.
ESTRUCTURA B410
A lo anterior se suman los recientes señalamientos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que develó una estructura denominada B410, que habría defraudado al Estado por 300 millones de quetzales del 2021 al 2023. De las empresas y personas naturales que aparecen en el listado de la SAT, dos fueron financistas de la campaña de Giammattei.
La posible evasión fiscal de empresas y personas que facturaron millones, entre 2021, 2022 y 2023, pero que pagaban pocos impuestos, llevó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a detectar una amplia red de más de 400 compañías que se dedicaron, en esos años, a defraudar al fisco según lo revelado en una conferencia de prensa.
La Hora tuvo conocimiento que, además de las ocho entidades que se mencionaron en rueda de prensa, existen otras 21 personas jurídicas y/o personas individuales que la SAT estima tuvieron relación con la estructura B410, pero que además eran fuertes contratistas del Estado. Entre ellas figuran: Coamco y Supervisión, Construcción y Mantenimiento S.A., que coinciden con la investigación de El Faro que se vinculó con Giammattei.
A la fecha Giammattei y Martínez se encuentran sancionados por EE. UU. bajo señalamientos de recibir sobornos durante su administración, de esa cuenta tienen prohibido ingresar a ese país. Mientras tanto, el Ministerio Público (MP), que dirige su amiga Consuelo Porras, —como la calificó en 2020— se mantiene renuente a acelerar investigación alguna contra ambos pese a los indicios y las restricciones de Washington, como el congelamiento de activos a Martínez.
COAMCO
El reportaje salvadoreño describe que en presencia del exministro de Desarrollo, Martínez y una persona más identificada como Jorge, el testigo aseguró que escuchó a Bruni decirle a Giammattei que el dinero para la campaña electoral «saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa Coamco, para la construcción y mejoramiento de un tramo de carretera en el departamento de San Marcos».
El representante legal de Coamco, según datos del Registro Mercantil, es Juan Pablo Mansilla Morales. La empresa fue constituida por el abogado Enrique Möller Sánchez, en julio de 2021. El profesional del derecho ese mismo año se postuló como candidato a la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios (CANG).
De acuerdo con el portal de Guatecompras, durante la administración de Giammattei, la empresa sumó más de 498 millones 141 mil 250 quetzales. Fue en 2022 donde alcanzó el monto más alto en contratos con el Estado, representando el 67.48 por ciento de la cifra antes dicha.
El portal registra una relación con el Estado desde 2013. En los últimos cuatro años Coamco obtuvo 44 adjudicaciones. Mientras que en el gobierno de Jimmy Morales logró 28 adjudicaciones por un monto menor de 371 millones 714 mil 379 quetzales.
El pasado 17 de mayo el gobierno de Bernardo Arévalo anunció la destitución de Jazmín De la Vega, entonces ministra de Comunicaciones, al aducir que había incumplido sus instrucciones al autorizar pagos a constructoras fuera del procedimiento acordado. Una de estas empresas fue Coamco a quien le pagó el total de Q14.9 millones.
CONSTRUCTORA J.J.R.M.
El representante legal de Constructora J.J.R.M. es Luis Fernando Castro González y fue constituida por la notaria Clelia Floridalma González Mijangos, según el reporte de auxiliares del Registro Mercantil. Durante el primer año de gobierno de Giammattei, dicha entidad obtuvo cuatro contratos por 111 millones 485 mil 307 quetzales.
La entidad ofertó y ganó licitaciones desde 2005, a pesar de ello en los años anteriores nunca obtuvo un monto como el que consiguió en 2020 con el gobierno del exmandatario.
Por ejemplo, el portal da cuenta de que el 2019, bajo la administración del expresidente Jimmy Morales, sumó 20 millones 425 mil 15 quetzales. Siendo este el segundo año en el que más montos consiguió, solo por detrás del 2013 con Q13 millones 279 mil 568.
El 25 de noviembre de 2020 la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, presentó una denuncia en el Ministerio Público, (MP) contra el Director General de Caminos, Fredy Chojolán Duarte, por haber incurrido en actos ilícitos al haber adjudicado contratos a varias empresas de sus familiares, entre ellas la Constructora J.J.R.M.
De acuerdo con la denuncia de dicha comisión, las empresas están relacionadas «con sus primos» William Haroldo y Héctor Leonel Romero Chojolán, accionistas y socios fundadores de dicha constructora.
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PROYECTOS MÚLTIPLES PROURBA
En cuanto a Proyectos Múltiples Prourba, el administrador único es Rafael Ricardo Bonilla Miyares. La empresa fue constituida en 2013 por Julio Roberto Contreras Quinteros, quien según la información recabada fue asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia durante la gestión del expresidente Otto Pérez Molina.
El abogado y notario también ha tenido contratos con instituciones del Estado como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (IGSS), según el portal de Guatecompras.
De acuerdo con los datos oficiales, la cartera de Comunicaciones le otorgó a Proyectos Múltiples Prourba tres contratos en 2020 por la suma de 201 millones 584 mil 464 quetzales. En el gobierno de Morales, durante 2017 y 2019 obtuvo 309 millones 944 mil 72 quetzales por medio de ocho proyectos.
Según Guatecompras, en marzo del presente año obtuvo un contrato con la Empresa Municipal del Agua (Empagua) por la cantidad de 3 millones 982 mil 801 quetzales a cambio de un servicio de mantenimiento y reparación de colectores de la ciudad de Guatemala por medio de inyección de concreto.
SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Según Guatecompras y El Faro, cuando Alejandro Matheu Escamilla era el representante legal de Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM) S.A. fue cuando la empresa obtuvo los contratos millonarios. Esta empresa solo recibió adjudicaciones en los dos primeros años de gobierno de Giammattei, durante ese tiempo concretó seis contratos por un monto de 312 millones 226 mil 596 quetzales.
Mientras que en 2018 y 2019, los dos años en los que Benito estuvo al frente del Ministerio de Comunicaciones, SCM recibió nueve contratos por más de 800 millones de quetzales. Durante los once años anteriores, los contratos recibidos por la empresa del Ministerio de Comunicaciones sumaron 67.7 millones de quetzales.
Esta constructora tiene registros en Guatecompras desde 2005 por un total que rebasa los 1 mil 42 millones quetzales. SCM también fue otra de las empresas a las que la exministra De La Vega, le autorizó el pago de 20 millones de quetzales.
Datos del Registro Mercantil indican que el administrador único es Federico Morales Pecher, quien también es representante legal de la empresa de seguridad privada Defensa Integral, Sociedad Anónima, mientras que la notaria que constituyó SCM es Ledbia Sarai Chavarría Aguirre.
SIN RESPUESTA
La Hora se comunicó al número de teléfono que consigna la empresa Coamco en su página web, pero no contestaron.
Por su parte, en Proyectos Múltiples Prourba a la llamada respondió Ronaldo Fuentes, a quien se le extendió la información sobre esta investigación y se le explicó que este diario buscaba una postura de la empresa. Sin embargo, al cierre de la edición de esta nota no se obtuvo una respuesta de vuelta.
Mientras que en la constructora SCM S.A. atendió una secretaria que de igual forma refirió que se harían las consultas y devolvería una llamada.
En cuanto a la empresa J.J.R.M., se intentó comunicación por medio del número telefónico que consigna el sello de dicha constructora y que consta en los últimos contratos con el Estado, pero en todas las ocasiones la operadora indicó: «la persona a quien llama no está disponible».
SANCIÓN DE GIAMMATTEI Y MARTÍNEZ
El pasado 17 de enero, dos días después de que Arévalo asumiera como presidente, el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a Giammattei y le prohibió su entrada al país por “su involucramiento en significativos actos de corrupción”.
Según indicó en su momento el portavoz de esa oficina, Matthew Miller, disponen de “información fidedigna” que indica que el exmandatario “aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato”. Pese a los diversos señalamientos en contra del exmandatario la fiscal general, María Consuelo Porras, no emprendió investigaciones en su contra ni solicitó el retiro de inmunidad en su contra.
No fue hasta que el pasado 7 de junio, un medio dio a conocer que el MP recibió una denuncia en contra de Giammattei, Martínez y otros exfuncionarios y de esa cuenta procedía con una fase inicial de la investigación. Sin embargo, el exmandatario goza de inmunidad, puesto que ocupa el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Sobre su pareja, Martínez, también pesa una sanción del Departamento del Tesoro de EE. UU., bajo la Ley Magnistky, en la cual se le señala de confabular con otros funcionarios de la administración de Giammattei otorgando contratos para su beneficio. Además, habría solicitado «grandes sobornos» en la compra de las vacunas rusas contra el COVID-19. En consecuencia, tiene prohibido el ingreso a ese país y le fueron congelados los activos.
Pese a los reportajes y notas de prensa que apuntan a Martínez de tener vínculos con empresas y que de forma significativa aumentaron contratos con el Estado cuando Giammattei gobernó, el MP dejó en claro a este Diario que no iniciaría investigación de oficio alguna en su contra hasta que los hechos fueran denunciados por EE. UU. o cualquier otra persona.
