El Ministerio Público (MP) confirmó a La Hora que la denuncia penal interpuesta por Roberto Arzú, excandidato a la presidencia, en contra del expresidente Alejandro Giammattei, su pareja Miguel Martínez y exfuncionarios de su gobierno no ha sido desestimada y ya llegó al Organismo Judicial (OJ). Sin embargo, a casi ocho meses de su presentación, el ente investigador no cuenta con avances y responsabiliza al juzgado penal a cargo del caso de los retrasos.
El pasado 26 de octubre, Arzú se apersonó al MP y denunció a Giammattei Martínez y otras nueve personas —entre particulares y exfuncionarios— señalándolos de supuestamente conformar «una supuesta estructura destinada a saquear al Estado y enriquecerse de manera ilícita a través de contrataciones de obra pública y servicios».
R. Arzú acusa a Giammattei y Martínez de liderar estructura de saqueo
SIN AVANCES
«La denuncia se encuentra en investigación y para el efecto se desarrollan las diligencias pertinentes. No ha sido desestimada, se continúan recabando indicios para establecer la comisión de hechos constitutivos de delito», refirió el MP a este diario tras ser consultado por el estado de la denuncia.
En su momento, Arzú detalló que la denuncia incluía señalamientos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, malversación, peculado por uso, peculado por sustracción, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude, testaferrato y tráfico de influencias dirigidas a los 11 individuos.
La Fiscalía contra la Corrupción está a cargo de la pesquisa, indicó el MP, mientras que el Juzgado Duodécimo Penal B tiene el control jurisdiccional en el OJ. En dicha Fiscalía labora el esposo de la fiscal general María Consuelo Porras, Gilberto de Jesús Porres. Además, el año pasado, esa misma unidad desestimó una denuncia que salpicó a Giammattei en un supuesto entramado de sobornos que se popularizó como caso «Alfombra Mágica».
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A palabras del MP, «se han efectuado diversas diligencias», pero excusan que el Juzgado Duodécimo Penal B, a cargo de la jueza Wendy Coloma, no les ha programado audiencia desde hace dos meses, fecha en que la solicitaron.
«Para la Fiscalía resulta de vital importancia contar con información de los bancos del sistema, en ese sentido, se solicitó el control jurisdiccional y que se fije audiencia para requerir autorización judicial con el objeto de recabar información bancaria relacionada con las personas investigadas. Sin embargo, el juzgado, pese al seguimiento efectuado por la fiscalía desde el 4 de abril que se requirió el control jurisdiccional, no ha fijado fecha para la celebración de la audiencia correspondiente», justificaron.
Asimismo, el MP explicó que «de momento no ha sido posible citar a personas a primera declaración, en virtud de que el órgano jurisdiccional no ha señalado fecha para la audiencia en la cual podría autorizar requerir información a los bancos del sistema, información que reviste de suma importancia en la investigación que se desarrolla».
SE DESCONOCE MOTIVO DE RETRASOS
La Hora intentó hablar con la jueza Wendy Coloma sobre lo anterior, pero personal del Juzgado Duodécimo Penal indicó que se encontraba «ocupada». Este medio detalló a la comisaria de audiencias la consulta a realizar a la juzgadora, quien remitió la información a la secretaria de esa judicatura y supuestamente ella hablaría con Coloma.
Tras unos minutos de espera, la comisaria de audiencias refirió que para poder hablar con la jueza este diario debía ser parte procesal de dicho expediente o indicar el número del expediente para así tener conocimiento de a cuáles personas involucra el caso.
La jueza Coloma es parte de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) de la cual formaron parte los jueces Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán y Carlos Ruano, todos se encuentran fuera del país derivado de una persecución política a manos del MP de Porras, según sus declaraciones.
Sobre la juzgadora pesa una solicitud de retiro de inmunidad interpuesta por el MP derivado de la falta de mérito que dictó a favor del exministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, quien se opuso a disolver con violencia las manifestaciones y bloqueos durante las manifestaciones por las acciones del ente investigador contra los resultados de las elecciones generales 2023.
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SEÑALADOS EN DENUNCIA
La denuncia fue interpuesta contra los ciudadanos, Rubén Eduardo Mejía Linares y Guillermo Estuardo Sosa Rodríguez, así como contra Francisco Anleu Quijada, ex gerente general de la Empresa Portuaria Quetzal; Mario Gustavo Aguilar Alemán, exdirector de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), y Melvin Ernesto Quijivix, presidente del Instituto Nacional de Electrificación (Inde).
También abarca al exministro de Salud, Francisco Coma; y la extitular de esa misma cartera, Amelia Flores; así como el Contralor General de Cuentas, Frank Bode Fuentes; y el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado.
En su momento, Arzú declaró ante la prensa que la presente denuncia tenía «como fundamento la existencia de una estructura criminal que se ha dedicado al saqueo de recursos públicos del Estado de Guatemala, en las diferentes contrataciones de obra pública y servicios”.
El excandidato a la presidencia aseguró que la supuesta estructura estaba formada por funcionarios públicos y personas particulares, “pero es dirigida al más alto nivel por quien ostenta(ba) el cargo de presidente, Alejandro Giammattei, y por el particular Miguel Martínez, quien de facto dirige y controla la estructura estatal del Organismo Ejecutivo, en conveniencia con el presidente”, señaló Arzú.
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GIAMMATTEI-MARTÍNEZ
El pasado 7 de marzo, un medio de comunicación dio a conocer que el MP había recibido una denuncia en contra de Giammattei y Martínez en abril pasado. Tras meses de asegurar que no constaban denuncias en contra de los exfuncionarios, el ente investigador confirmó la existencia de una, que también fue asignada a la Fiscalía contra la Corrupción y de quien se desconoce el denunciante.
En enero último, dos días después de que Bernardo Arévalo asumiera como presidente, el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a Giammattei y le prohibió su entrada al país por “su involucramiento en significativos actos de corrupción”.
Según indicó en un comunicado el portavoz de esa oficina, Matthew Miller, disponen de “información fidedigna” que indica que el exmandatario “aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato”.
En tanto, sobre Martínez pesa una sanción del Departamento del Tesoro de EE. UU., bajo la Ley Magnistky, en la cual se le señala de confabular con otros funcionarios de la administración de Giammattei otorgando contratos para su beneficio. Además, habría solicitado «grandes sobornos» en la compra de las vacunas rusas contra el COVID-19. En consecuencia, tiene prohibido el ingreso a ese país y le fueron congelados los activos.
Tal y como anunciaron a La Hora, Estados Unidos sanciona a Miguel Martínez
